Miami (20 de abril del 2000) - La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó ante altas autoridades de Ecuador y de México para que brinden garantías a la labor periodística y se respete el derecho a la libertad de prensa, en respuesta a denuncias de periodistas sobre acoso de los poderes legislativos y judiciales.
El titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, envió una carta al presidente del Congreso ecuatoriano, Juan José Pons, exhortándole a que de marcha atrás en una resolución por la que dispuso la prohibición de los periodistas de ingresar al recinto legislativo a cubrir las sesiones ordinarias.
Molina, El Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, agregó que "esta disposición es indignante, si se considera que fue adoptada como represalia por informaciones periodísticas sobre los costos de una misión parlamentaria hacia Estados Unidos".
Molina exhortó a deponer la "medida arbitraria" por cuanto coarta severamente el derecho del público a la información. "Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente" y "nadie puede restringir o negar estos derechos", dijo Molina en alusión a la Declaración de Chapultepec y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pons adoptó el 19 de abril la disposición "mordaza", como la calificó la prensa ecuatoriana, por críticas a la labor parlamentaria, especialmente sobre gastos y salarios de los diputados.
En otro orden, en una carta dirigida al gobernador del estado de Chihuahua, México, Patricio Martínez García, la SIP puso en su conocimiento una denuncia por acoso judicial presentada ante la institución por un grupo de periodistas de la localidad de Ojinaga de ese estado.
Molina solicitó al gobernador que se investiguen las denuncias que pesan sobre el jefe de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal, Ricardo Miranda Real, quien estaría intimidando a la prensa "tras una sospechosa celeridad a la expedición de órdenes de aprehensión en contra de periodistas", para evitar la labor informativa.
Ante ambos funcionarios, Molina recalcó que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado... por formular críticas o denuncias contra el poder público".
FUENTE: nota.texto7
