En una carta dirigida al presidente del Congreso Nacional del Paraguay, Juan Roque Galeano, firmada por el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, del semanario uruguayo Búsqueda, la organización hemisférica solicitó la anulación de la Ley 1.728 de Transparencia Administrativa, promulgada el pasado 16 de julio por el mandatario paraguayo Luis González Macchi.
De acuerdo a la SIP, que rechazó y condenó entonces la ley, en varios de sus artículos e incisos se coarta la libertad de prensa, el derecho de los ciudadanos al acceso a la información oficial, especialmente en lo referente a la conducta y patrimonio de funcionarios públicos, a las investigaciones sobre corrupción y a los procesos de contratación económica del Estado, y lo que representa una mordaza a la labor periodística de informar, investigar y fiscalizar el desempeño del personal de la administración pública.
La SIP también reiteró su preocupación por la vigencia de la Ley 1682 -que reglamenta la información de carácter privado- ya que viola preceptos constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión y de prensa, al sobreproteger la gestión de los funcionarios, imponiendo dificultades para que los periodistas puedan investigar.
Arbilla concluyó en la misiva que "la SIP verá con beneplácito que estas leyes, que distorsionan el principal concepto de libertad de expresión y de libertad de prensa, sean derogadas en su totalidad, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados sin obstáculos".
FUENTE: nota.texto7
