A continuación reproducimos el texto íntegro
de las conclusiones emitidas por la SIP el 16 de octubre.
CONCLUSIONES
Los ataques terroristas a la libertad redoblaron
el compromiso de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa de celebrar
su 57 Asamblea en Washington D.C., una de las dos ciudades que fueron blanco
del terrorismo. En una actitud rara vez tan manifiesta, más de 400 periodistas
de todo el continente han coincidido en afirmar que los ataques no fueron sólo
contra Estados Unidos, sino contra la democracia y, de hecho, la humanidad entera.
A un mes de los atentados y teniendo como foro la ciudad de Washington, la reunión
cobró así un sentido de afirmación de los principios democráticos
fundamentales que inspiran a los pueblos libres.
Uno de los factores que ha determinado el constante asesinato de periodistas
en Colombia ha sido la acción de otra forma de terrorismo. El último
semestre fue especialmente dramático. Siete colegas colombianos murieron
en el ejercicio de sus funciones periodísticas, convirtiendo a este período
en uno de los más violentos para la prensa colombiana.
El total de periodistas muertos en el continente suma 12, ya que otros cinco
fueron asesinados en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala y México.
Los autores de los crímenes fueron narcotraficantes, grupos guerrilleros
y paramilitares, funcionarios y, en muchos casos, desconocidos que cuentan con
poderosas complicidades.
Las agresiones y los intentos de intimidación contra medios y periodistas
en casi todo el continente son tan numerosos que es imposible enumerarlos. Desafortunadamente,
la impunidad continúa siendo el elemento común en todos estos
delitos.
La catarata de juicios frívolos, la vigencia de normas arbitrarias que
pertenecen más a un pasado que debería estar sepultado y las consecuentes
decisiones judiciales que se derivan de estas situaciones acosan a periódicos
en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Guatemala, México,
Honduras, Paraguay y Uruguay. En algunas de estas naciones se habla ya de una
"industria de la indemnización" por las demandas por daños
morales contra los periódicos.
El intento de usar a la justicia para acallar a los diarios con la aplicación
de leyes como la del desacato, la penalización de la difamación
y supuestas defensas de la intimidad de funcionarios públicos se han
extendido por todo el continente. Tal vez el caso paradigmático que ilustra
este abuso sea el del diario El Liberal, de Santiago del Estero, Argentina,
que por reproducir una información de otro periódico se enfrenta
a querellas de 4.000 mujeres afiliadas al partido del gobierno provincial que,
en conjunto, le reclaman 19 millones de dólares.
El gobierno de Venezuela cuenta con un sistema judicial que responde a sus fines
políticos y utiliza los medios estatales de comunicación para
intimidar y silenciar toda voz diferente a la del poder. En este contexto, la
sentencia conocida como 1013, restringe el ejercicio de la libertad de expresión
y el derecho a la información y manipula el presunto derecho a réplica
previsto en la Constitución de ese país a manera de censura. Esta
aberración permite que el presidente goce del privilegio de no otorgar
el presunto derecho de réplica en los medios oficiales, al tiempo que
obliga a los independientes a otorgarlo. Con esta maniobra se desenmascara el
propósito que animó a quienes incluyeron el presunto derecho de
réplica en la Constitución.
La prensa de Estados Unidos ha reaccionado con preocupación a la propuesta
del gobierno del presidente George W. Bush de limitar el libre flujo de la información
mediante la autocensura. El gobierno ha solicitado que los medios de comunicación
censuren vídeos y transcripciones de los comunicados de Osama bin Laden,
a pesar del derecho ciudadano a estar informado. El temor de parte del gobierno
es que los comunicados podrían contener mensajes en clave. Sin embargo,
si tal autocensura fuese a prevalecer, el pueblo de Estados Unidos sería
el único del mundo sin conocimiento de lo que Bin Laden está diciendo.
Este tipo de intentos de restringir la libertad de expresión contradice
la tradición democrática de este país. La fortaleza de
las instituciones y de la ciudadanía estadounidenses hacen innecesarias
medidas de este tipo. El gran desafío al que se enfrenta Estados Unidos
es demostrar que se puede defender la seguridad nacional sin sacrificar la libertad.
En Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela se sigue intentando
limitar el ejercicio del periodismo exigiendo licencia previa para desempeñar
ciertas funciones profesionales y para quienes desean divulgar informaciones
o expresar sus ideas a través de la prensa. Este es un atentado que viola
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En la Cuba totalitaria de Fidel Castro no hay libertad de expresión,
no hay prensa. Sólo hay una verdad… la mentira oficial.
En el lado positivo, es alentadora la decisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de suspender la ejecución de la sentencia contra
el periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, por cuatro delitos de publicación
de ofensas en la modalidad de difamación. El periodismo del continente
espera ahora que la Corte ratifique el derecho del pueblo a la información
diversificada.
Las investigaciones que se llevan a cabo como consecuencia del Proyecto Impunidad
impulsado por la SIP, demuestran que es posible esclarecer la red de complicidades
que caracteriza los procedimientos oficiales para individualizar a los culpables
de los asesinatos de periodistas. Tal es el caso de la periodista guatemalteca
Irma Flaquer, desaparecida en 1980 e investigado por la SIP desde 1996. Este
trabajo investigativo culminó con un "acuerdo amistoso" con
el gobierno de Guatemala a través de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, tras el cual se están desarrollando una serie de
actividades para la dignificación de la memoria de la periodista y para,
especialmente, reabrir el proceso judicial.
En el contexto de los trabajos de investigación y difusión de
los principios de la Declaración de Chapultepec, se han desarrollado
estudios de legislación comparada que destacan las iniquidades de las
normas legales que se aplican a periodistas y medios de comunicación
en América Latina. En varios países se han presentado ahora proyectos
cuyo objeto es derogar las leyes que, por ejemplo, penan con cárcel a
periodistas que podrían haber incurrido en difamación.
La prensa del continente ha sabido evolucionar de acuerdo a las exigencias de
los pueblos y el avance de los ideales democráticos. Quedan pendientes
muchos desafíos que el periodismo continental está dispuesto a
confrontar. La creciente solidaridad ante la amenaza de la plaga social que
representa el terrorismo encuentra en los diarios de las Américas una
expresión pluralista y representativa. Los atentados terroristas demandan
actitudes de firmeza tan absolutas como la decisión de defender la libertad.
No hay, en esta circunstancia, diferencia alguna entre el periodismo en Estados
Unidos, en el Caribe y en América Latina.
FUENTE: nota.texto7
