Reunión de Medio Año de la SIP, 23 y 24 de abril de 2026.
Con la asunción de Rodrigo Paz a la Presidencia el 8 de noviembre, concluyó un ciclo de casi dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), caracterizados por prácticas restrictivas a la libertad de prensa, incluyendo censura, persecución a periodistas y medios críticos, y mecanismos de presión económica sobre empresas periodísticas independientes.
Como consecuencia de ese periodo, persiste la autocensura y un clima de cautela tanto entre ciudadanos como en el ejercicio del periodismo, que enfrenta el desafío de recuperar plenamente su capacidad de escrutinio. El sector mediático continúa debilitado, con redacciones reducidas, limitaciones financieras y menor capacidad operativa, reflejadas también en la disminución de tirajes impresos.
Asimismo, subsiste un ecosistema informativo distorsionado por políticas que privilegiaron la propaganda estatal, mediante el financiamiento de medios afines y la asignación discrecional de publicidad oficial, en detrimento de medios con independencia editorial.
Durante este periodo, se consolidó el cierre o la transformación de medios tradicionales. El diario Página Siete cesó operaciones el 29 de junio de 2023, tras 13 años de circulación. El rotativo El Día suspendió su edición impresa luego de la pandemia y continúa en formato digital. Más recientemente, el 22 de marzo, el periódico Opinión, de Cochabamba, anunció la suspensión indefinida de su edición impresa tras 41 años, manteniendo su operación en plataformas digitales.
Cronología de hechos relevantes:
El 16 de octubre, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó restricciones partidarias al trabajo periodístico en el contexto de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, tras el anuncio de un partido político que pretendía exigir acreditaciones a periodistas para cubrir la votación. Asimismo, la ANP advirtió sobre la intención del Tribunal Supremo Electoral de imponer sanciones económicas de hasta 14.000 dólares por infracciones en la difusión de propaganda.
El 19 de noviembre, la ANP expresó preocupación por un proyecto de regulación de redes sociales promovido por legisladores del oficialismo, al considerar que podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El 6 de enero, manifestantes vinculados a protestas de la Central Obrera Boliviana agredieron a ciudadanos en La Paz y atacaron a reporteros de televisión.
El 5 de febrero, grupos vinculados al acopio ilegal de gas licuado de petróleo agredieron a periodistas del canal Red Uno mientras cubrían operativos contra el contrabando de combustibles.
El 24 de febrero, el vicepresidente Edmand Lara obtuvo un segundo fallo judicial que ordena a un abogado eliminar publicaciones en redes sociales en las que lo acusaba de recibir donativos de un empresario chino vinculado a la explotación de oro. Previamente, una activista fue obligada por vía judicial a retirar contenidos en los que señalaba al funcionario por presunta corrupción.
El 27 de febrero, una reportera resultó herida por manifestantes en la ciudad de El Alto mientras cubría incidentes relacionados con un avión militar accidentado. Ese mismo día, un corresponsal de prensa internacional fue agredido por un jefe policial que obstaculizó la cobertura periodística en el lugar.
El 19 de marzo, la ANP destacó la reactivación del proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, y su próximo tratamiento legislativo.
