En un fallo dividido el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica resolvió a favor de un recurso de amparo interpuesto el 15 de noviembre por tres candidatos de partidos políticos minoritarios a la Presidencia de Costa Rica que no habían sido invitados a participar de un debate que el Canal 7 tiene previsto realizar el 7 de enero próximo. Para ese programa, Canal 7 convocó a cuatro de los 13 candidatos que reúnen la intención de voto de más del 95 por ciento de los electores, según encuestas recientes.
En una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Fonseca, la SIP pone de manifiesto su "honda aflicción por la línea de pensamiento expuesto por el TSE a través de su fallo, porque en aras de la equidad y con atribuciones excesivas fija pautas informativas obligatorias al Canal 7 que limitan gravemente la libertad de prensa y el derecho a la información".
Texto de la carta enviada hoy al TSE de Costa Rica, firmada por el presidente de la SIP, Robert Cox, y por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina:
"En representación de los más de 1.300 miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) queremos manifestarle nuestra más profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo Electoral que resolvió el recurso de amparo No. 408-DC-2001 interpuesto por los candidatos Walter Coto Molina, Walter Muñoz Céspedes y Justo Orozco Álvarez contra la Televisora de Costa Rica S.A., entre otros.
La decisión de obligar a la Televisora de Costa Rica S.A., Canal 7, medio de comunicación privado, a incluir en el debate programado para el 7 de enero del 2002 a todos los candidatos presidenciales inscritos constituye una flagrante intromisión a la libertad de prensa al limitar su independencia editorial y criterio periodístico.
La SIP ve con honda aflicción la línea de pensamiento expuesto por el TSE a través de su fallo porque en aras de equidad y con atribuciones excesivas fija pautas informativas obligatorias al Canal 7 que limitan gravemente la libertad de prensa y el derecho a la información. Esta medida judicial es también grave porque deja sentadas las bases para intervenir y regular a los demás medios de comunicación privados bajo la excusa de "igualdad informativa", constituyendo una violación a la libertad de empresa.
Al examinar recientes decisiones de los distintos órganos judiciales de Costa Rica, la SIP no puede dejar de expresar su inquietud frente a la propensión de los tribunales de asumir opiniones y posiciones lesivas a la libertad de expresión y de prensa.
Sr. Presidente, queremos solicitarle que a través de su despacho se revoque la decisión de obligar a la Televisora de Costa Rica S.A. a incluir a todos los candidatos presidenciales inscritos ya que coarta la libertad de pensamiento y de prensa consagradas en la Constitución Política de Costa Rica y representa un serio revés para la democracia de su país".
FUENTE: nota.texto7
