CARACAS (25 de septiembre del 2002) – La Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) y el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) advirtieron con preocupación
el grave deterioro de la situación de la libertad de prensa en Venezuela,
al constatar el clima de agresiones físicas e intimidación contra
periodistas y medios de comunicación, al tiempo que insistieron sobre la
existencia de un orden legal y jurídico que coarta el libre desarrollo
de la actividad periodística.
Después de tres días de visita en Venezuela, la SIP y el IPI
concluyeron que el deterioro de la situación de la libertad de prensa
es el reflejo del alto grado de impunidad que impera en el país como
resultado de la ineficiencia de las instituciones en investigar con celeridad
y castigar con prontitud a los responsables de los ataques contra los periodistas
y los medios. Ambas organizaciones encontraron numerosas contradicciones en
los poderes del Estado, que bajo la excusa de la independencia de poderes, han
permitido el aumento de los hechos de violencia contra periodistas y medios
de comunicación.
Luego de recibir numerosa documentación de parte de periodistas de diferentes
medios y representantes de asociaciones periodísticas, sobre agresiones,
amenazas, intimidación y hasta el asesinato de un reportero gráfico,
además de denuncias sobre trabas legales y jurídicas, así
como de discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial, la
SIP y el IPI advirtieron que jamás podrá establecerse un verdadero
clima democrático sin las debidas garantías para el ejercicio
de la libertad de prensa.
Las organizaciones calificaron de alarmante el hecho de que la violencia física
y la agresión verbal contra los periodistas provengan de grupos afines
al Gobierno como los Círculos Bolivarianos, conducta instigada por el
propio presidente Hugo Chávez que sistemática y públicamente
arenga contra la labor de los periodistas y la prensa.
El IPI, en representación de periodistas, editores y ejecutivos de medios
de comunicación de 115 países, con sede en Viena, Austria, y la
SIP en representación de mas de 1.300 publicaciones escritas del hemisferio
occidental, manifestaron que la violencia no es el único aspecto por
el que se deteriora la libertad de prensa en el país, y realzaron la
valentía y el coraje de la labor de los periodistas para garantizar el
derecho del público a la información.
Al considerar que los poderes públicos del Estado insisten en el respeto
a la libertad de prensa en el país, tras reuniones con el presidente
de la República en ejercicio, José Vicente Rangel, y con las mas
altas autoridades del Poder Judicial y de la Asamblea Nacional, la SIP y el
IPI indicaron que esas declaraciones están desacreditadas por disposiciones
administrativas, sentencias judiciales, proyectos de leyes y preceptos constitucionales
que contradicen, incluso, normas del derecho y tratados internacionales sobre
libertad de expresión y de prensa.
Entre esas contradicciones, la SIP y el IPI citan que mientras el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Iván Rincón, se comprometió
a no permitir que se adopte ninguna norma contra la libertad de prensa como
podría estar incluida en el proyecto de Ley que estudia actualmente la
Asamblea Nacional, la Corte sostiene su Sentencia 1013 que define criterios
periodísticos sobre información oportuna, veraz e imparcial y
avasalla el derecho a la propiedad privada y de los medios, así como
la libertad de informar. Ambas organizaciones añadieron que la cláusula
constitucional sobre “información veraz” representa un retroceso
en materia de libertad de prensa y que puede ser utilizada para controlar la
actividad periodística. También criticaron que las zonas de exclusión
decretadas por el gobierno por motivos de seguridad y que limitan la actividad
política, coartan severamente el derecho del público a informar
y ser informados, y las garantías para el libre desarrollo de la actividad
periodística.
Aun así, ambas instituciones mostraron su beneplácito de que
el vicepresidente Rangel se haya comprometido a motivar al Ministerio Público
para que se profundicen las investigaciones, y a que el Gobierno haya aceptado
la propuesta del IPI para la formación de una comisión internacional
interdisciplinaria que evalúe la libertad de prensa en el país.
Además de las autoridades públicas del país, la SIP y
el IPI mantuvieron reuniones con líderes y representantes de Fedecámaras,
la Federación Venezolana de la Industria de la Televisión y de
la Radiodifusión, la Fiscalía General de la República,
la Coordinadora Democrática, el Bloque de Prensa Venezolano, el Colegio
de Periodistas, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Conferencia
Episcopal Venezolana, y numerosos periodistas de los diferentes medios de comunicación.
La delegación internacional estuvo liderada por los presidentes de la
SIP, Robert J. Cox, del The Post & Courier, Charleston, Carolina del Sur
y del IPI, Jorge Fascetto, Diario Popular, Buenos Aires, Argentina.
Integraron además la delegación, por la SIP, Andrés García
Gamboa, vicepresidente primero, Novedades de Quintana Roo, Cancún, Quintana
Roo, México; Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad
de Prensa e Información, Ahora, Santo Domingo, República Dominica;
Julio Muñoz, director ejecutivo SIP, Miami, Florida y Ricardo Trotti,
coordinador de Libertad de Prensa e Información, Miami, Florida.
Por parte del IPI participaron David Greenway, The Boston Globe, Estados Unidos;
Wilfred Kiboro, presidente corporativo, Nation Media Group, Kenya; Mitja Mersol,
Delo, Eslovenia; Norman Webster, The Montreal Gazette, Canadá; Johann
P. Fritz, director del IPI, Viena, Austria y Michael Kudlak, consejero de Libertad
de Prensa, Viena, Austria.
FUENTE: nota.texto7
