Miami (21 de enero del 2003) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
consideró que el proceso de investigación oficial iniciado contra
dos canales de televisión en Venezuela que presuntamente habrían
violado reglamentos sobre las comunicaciones en ese país, constituye otro
nocivo intento del gobierno por callar a la prensa y limitar el derecho del público
a la información.
El lunes 20 de enero el Ministerio de Infraestructura, con atribuciones en
materia de desarrollo urbano, transporte y comunicaciones, comenzó procedimientos
administrativos contra las estaciones privadas Globovisión y Radio Caracas
Televisión (RCTV), argumentando la necesidad de examinar en sus programas
de televisión presuntas violaciones de normas contempladas en el Reglamento
de Radiocomunicaciones y en el Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión
en sus programas televisados.
La recomendación para verificar y determinar el incumplimiento de los
reglamentos partió de una solicitud de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Infraestructura, al considerar
que ambas televisoras habrían difundido propaganda tendente a subvertir
el orden, cometer apología del delito, transmitir noticias falsas e irrespetar
a las instituciones y autoridades públicas, entre otras alegaciones.
Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información,
advirtió sobre “el grave peligro de que se tomen medidas extremas
contra RCTV y Globovisión”, tras vencerse el plazo de 15 días
otorgado a ambos canales para presentar sus argumentos ante el Ministerio de
Infraestructura, organismo que posee la facultad para sancionar o revocar las
concesiones de licencia de los medios electrónicos.
“La revisión de los contenidos de la programación de los
canales es un acto desesperado del gobierno y una violación de la libertad
de expresión”, aseveró Molina, director de la revista dominicana
Ahora, quien también se refirió a unos de los 10 principios sobre
libertad de expresión de la Declaración de Chapultepec que consigna
que “la censura previa, las restricciones a la circulación de los
medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria
de información, la creación de obstáculos al libre flujo
informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los
periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.
Agregó que “es un absurdo que entre el material a revisar por
el organismo oficial se encuentren las coberturas especiales, los avances informativos
del paro nacional en diciembre pasado, así como la difusión de
anuncios de la Coordinadora Democrática que agrupa a partidos de la oposición,
por transmitir información de interés nacional e internacional
en horario destinado a programas dirigidos a los niños”.
“Lamentablemente no nos extrañan estos nuevos actos de intimidación
y acoso contra los medios de comunicación y los periodistas, los que
dentro del acalorado clima de confrontación política que vive
el país, se han convertido en uno de los blancos favoritos de la intolerancia”,
concluyó.
FUENTE: nota.texto7