SIP exhorta a estricto apego a las leyes y a los mandatos de los jueces en caso Editora Listín Diario

“La SIP, preocupada por el riesgo que corre la libertad de expresión en el curso del litigio judicial en que se encuentran los periódicos de la Editora Listín Diario, mantiene una atenta vigilancia sobre el desarrollo de este delicado proceso”, dijeron los miembros de la delegación.

Tras dos días de entrevistas con el Presidente de la República, Hipólito Mejía; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio Subero Isa; el Procurador General de la República, Víctor Céspedes; y el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy; así como con los abogados de la Editora Listín Diario y los abogados del Banco Central como parte demandante, la SIP se reafirmó en sus pronunciamientos anteriores de que el caso debe ser manejado dentro de los debidos procesos de ley, sin mengua de la libertad de prensa e información.

A los funcionarios indicados la comisión de la SIP les entregó un documento en el cual la Sociedad expresa su alta preocupación por la posible violación de la libertad de prensa y la necesidad de que, durante el proceso judicial, se respeten las garantías de las partes y haya un estricto apego a las leyes y a los mandatos de los jueces.

Héctor Dávalos (Novedades de Acapulco, Acapulco, Guerreo, México), presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la SIP, condujo las entrevistas que se celebraron entre el 26 y el 27 de agosto con todas las partes interesadas. Rafael Molina (Ahora, Santo Domingo), presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, no pudo participar en la misión por inesperados quebrantos de salud, y se hizo representar por José P. Monegro, de la misma revista.

Los medios pertenecientes a la Editora Listín Diario fueron intervenidos por el Estado a raíz de la quiebra, supuestamente fraudulenta, del Banco Intercontinental. Según la acusación, sus propietarios principales deben responder con todos sus bienes (incluidos los periódicos citados) para resarcir el agujero económico creado de más de 55 mil millones de pesos (equivalentes a más de 2,000 millones de dólares).

Una sentencia judicial del 29 de julio del 2003 ordenó la devolución inmediata de los periódicos a sus dueños, por alegada inconstitucionalidad de la acción, pero dicha sentencia fue apelada y no ha sido acatada hasta el momento.

El Procurador General de la República ha afirmado públicamente que tan pronto se produzca un fallo de la Corte de Apelación, el mismo será acatado sin dilación.

“La SIP –dijeron Dávalos y Molina- permanecerá preocupada y vigilante para que la libertad de prensa sea preservada y los preceptos de la ley sean cumplidos cabalmente”.

FUENTE: nota.texto7