Miami (11 de enero de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su confianza de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cumpla con no impulsar o con vetar una iniciativa que discute la Asamblea Nacional para sancionar con penas de hasta cuatro años de cárcel a quien “ofenda, ultraje o vilipendie públicamente”, al mandatario u otros funcionarios públicos.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, adujo que “nos sorprende que luego de haberse derogado en Panamá la figura del desacato, se esté ahora dando un puntapié a la tendencia democrática que se observó en los últimos años en Latinoamérica hacia la abolición de este delito. Instalar el desacato sería un retroceso para la libertad de prensa no solo en este país, sino en toda la región”.
Sobre las declaraciones de ayer de Martinelli sobre su desacuerdo con el anteproyecto de ley, Marroquín, director del diario Prensa Libre de Guatemala, reiteró que espera que el Presidente de Panamá cumpla con no impulsar esta medida y con su palabra de vetar la ley en caso de ser aprobada. Añadió que la SIP seguirá atenta a la evolución del tema.
El pasado 5 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del partido oficialista Cambio Democrático y el diputado Agustín Sellhorn, pusieron a consideración del Congreso el proyecto de ley 105, iniciativa que agregaría un artículo al Código Penal para castigar de dos a cuatro años de cárcel o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana a los infractores que ofendan al Presidente y otros funcionarios jerárquicos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de Texas, agregó que la simple consideración de la reinstalación del delito de desacato conlleva la creación de privilegios para funcionarios públicos y va en dirección opuesta a la Declaración de Principios de sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que éstos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.
Otros países que han anulado en los últimos años la figura del desacato son Argentina, Chile, Costa Rica (parcialmente), Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.
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FUENTE: nota.texto7
