BRASIL

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Entre los innumerables casos registrados en este período, existen varios que derivan de decisiones judiciales. Es importante registrar la preocupación por el criterio que algunas instancias judiciales han estado aplicando en relación con juicios por daños morales contra periodistas y medios de comunicación. Combinando artículos de la Constitución y de la legislación específica sobre daños morales, algunos jueces han estado adoptado medidas cautelares que, en la práctica, equivalen a censura previa. Se trata de precedentes preocupantes contra la libertad de prensa. Estos son los hechos más sobresalientes de este período: El 1 de octubre fue suspendida la circulación del Diario de Marilia a través de una medida cautelar concedida por la jueza Paula Bredariol haciendo lugar al pedido del ex intendente y candidato a diputado federal José Abelardo Camarinha (PSB) y al de su hijo, Vinicius Camarinha (PSB), diputado estadual candidato a la reelección, quienes consideraban calumniosas las informaciones del titular del periódico referidas a la inelegibilidad de ambos en virtud de la acusación de la Procuraduría Regional de la República en San Pablo por abuso del poder económico y por uso de bienes públicos por parte de los funcionarios durante la campaña. El 31 de octubre, tres periodistas de la revista Veja fueron intimidados durante la declaración que prestaron ante la Policía Federal por la investigación interna sobre el caso del intento de utilizar el padrón contra PSDB antes de las elecciones. Los reporteros Julia Dualibi, Camila Pereira y Marcelo Carneiro fueron tratados como sospechosos y no como testigos, siendo objeto de coacciones y amenazas por parte del comisario Moysés Eduardo Ferreira. El 8 de noviembre, uno de los teléfonos de la sucursal de Folha de S.Paulo, en Brasilia, instalado en la comisión de prensa de la Cámara de Diputados, fue objeto de una violación del secreto de las comunicaciones en el marco de investigaciones de la Policía Federal sobre el caso del padrón electoral contra PSDB. El hecho salió a la luz el 8 de noviembre y la escucha tuvo lugar entre el 1 de agosto y el 29 de septiembre. Si bien la Justicia había autorizado la intervención de las llamadas telefónicas, quedaron expuestos los contactos telefónicos realizados por profesionales del periódico, ignorando la garantía constitucional sobre la privacidad de la fuente, más allá de ponerse en riesgo el derecho a la intimidad de los ciudadanos. El 15 de noviembre, el presidente del Club de Regatas Vasco da Gama de Río de Janeiro, Eurico Miranda, prohibió el acceso de los periodistas del diario deportivo Lance! y del canal de televisión ESPN para que realizaran su trabajo de cobertura periodística en la sede del club. Los dos medios estaban buscando informaciones sobre las elecciones del club, que habían llevado nuevamente a Eurico Miranda a la presidencia del Vasco. Un periódico terminó consiguiendo una medida cautelar en la justicia que garantizó su derecho a ingresar en las dependencias del club. El 19 de noviembre, el capitán y ex comandante de la Policía Militar de Capivari (SP), Luis Carlos Ferreira, amenazó de muerte al reportero Roberto Pazzianotto, del periódico Dois Pontos, por un artículo que redactó sobre un episodio de violencia protagonizado por el militar en la sede del Club Capivari. El 5 de enero, Marcelo Zeferino, periodista gráfico, del Jornal da Cidade de Jundiaí (SP), fue agredido por un policía militar mientras cubría el deslizamiento de tierras en el barrio de la Colina, en la zona norte de la ciudad. El policía, que no llevaba identificación, se aproximó al periodista y golpeó la máquina fotográfica – de propiedad del periódico – que utilizaba Zeferino. El 8 de enero, Roberto Mota, reportero cinematográfico de la Red SC/SBT en Florianópolis (SC), fue agredido por un policía militar mientras registraba imágenes del accidente ocurrido en la terminal urbana del centro de la capital catarinense. El periodista Luis Prates, del periódico Noticias do Dia, registró la agresión. Mota fue convocado a prestar declaración ante el Tribunal de la Policía Militar. El 12 de enero, dos profesionales de TV Gazeta Norte fueron obligados por policías militares que vigilaban la Penitenciaría de Linhares (ES) a ponerse de rodillas, con las manos en la cabeza y apuntados con armas, durante una rebelión en la cárcel. La reportera Vanessa Araújo y el cinematografista Antonio Cosme estaban cubriendo el trabajo de la policía que trataba de contener la acción de los presos. El 14 de enero periodistas que filmaban a las familias de la víctimas del desmoronamiento de la obra del tren subterráneo de San Pablo fueron agredidos por un grupo de empleados de la Cooperativa Transcooper, empresa propietaria del microómnibus que quedó sepultado en el desmoronamiento de la obra. Durante el tumulto participó la Policía Militar y uno de los soldados echó gas pimienta en aerosol en el rostro del asistente de cámara Luiz Finotti, de la Red Globo. Varios equipos de los vehículos de comunicación resultaron rotos. La reportera del periódico Agora, Carla Brigatto, fue agredida por un policía. Otro periodista fue arrojado al suelo y pateado por empleados de la cooperativa. Durante el enfrentamiento el técnico de la Red Globo Carlos Fogazza sufrió un corte en la sobreceja.

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