BOLIVIA

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A ocho meses de su llegada al palacio quemado de la plaza Murillo en la ciudad de La Paz, el gobierno de corte populista del presidente Evo Morales Ayma, lleva sus relaciones con la prensa boliviana en general en un ambiente sin disimulos y crecientes tensiones. En 24 años de vida democrática si algo caracterizó a Bolivia fue el respeto que las gestiones gubernamentales que se alternaron en el poder, observaron por la libertad de prensa y de expresión. Cuando menos no se produjeron atentados o restricciones graves contra ese derecho consagrado en la Carta Magna de la república. Las primeras señales inquietantes de que las relaciones gobierno-prensa empezarían a transitar un sendero escabroso, las dio el propio presidente Morales en su discurso de posesión cuando arremetió contra la red privada de televisión Unitel, denunciando a sus propietarios como “terratenientes” y representantes de la oligarquía opuesta, según él, a los revolucionarios cambios a implementar por su gobierno. Desde entonces Morales casi no ha perdido la ocasión de atacar a los equipos de prensa de Unitel, inclusive en concentraciones públicas con el consiguiente riesgo para sus reporteros y camarógrafos de dicha red televisiva. Recientemente, Morales en una entrevista con la red Telesur, declaró a su gobierno como víctima del terrorismo mediático, aunque sin acusaciones específicas, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que los cambios políticos y sociales son objetos de sistemáticos ataques de medios controlados por la “oligarquía”. Esas declaraciones han calado hondo entre los denominados “movimientos sociales” que, suelen presionar a la Asamblea Constituyente que delibera en Sucre para redactar una nueva constitución. Allí, la tarea de los periodistas se realiza en un ambiente de hostilidad donde permanentemente abundan los insultos y amenazas contra la que se considera “prensa burguesa” o “prensa racista”. El gobierno apunta a crear su propia red de medios con el apoyo financiero de Venezuela. Ha puesto en funcionamiento cinco de treinta radios “comunitarias” en áreas rurales del occidente y pretende la instalación de un canal de televisión para generar “información alternativa” en las comunidades originarias. No sorprende lo que ocurre con el Canal 7, canal estatal, ya que anteriores gestiones de gobierno también la utilizaron como un medio de información gubernamental, así como la agencia oficial de noticias ABI (Agencia Boliviana de Información). Se habla con insistencia sobre cambios a la Ley de Imprenta que en Bolivia data de 1925, pero preocupa que no se conozcan esos cambios así como un proyecto de ley que introduciría el Consejo Nacional de Ética, impulsado por diferentes entidades periodísticas nacionales. A raíz de un conflicto en el que la Federación de Voceadores de Bolivia mantuvo un boicot contra la distribución y venta de La Razón, unos 200 empleados del diario, entre periodistas, funcionarios, fotógrafos y voluntarios, salieron a las calles el domingo 17 de septiembre a vender el periódico cuando fueron agredidos por los voceadores y en algunos casos arrebatados los ejemplares. El litigio se inició a fines de agosto cuando el sindicato presentó a la empresa un petitorio de 10 puntos entre los que exigía el “traspaso total de las suscripciones de la empresa a favor de los voceadores”. El pliego petitorio es un documento de demandas que corresponde únicamente cuando existe una relación obrero-patronal, según establece la Ley General del Trabajo. Otro hecho se suscitó a mediados de julio cuando el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, lanzó declaraciones públicas y amenazas contra periodistas del diario El Deber en esa ciudad. El funcionario dejó entrever que procuraría impedir que el diario informe sobre su gestión de gobierno y limitaría el acceso y la información a sus periodistas.

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