CANADÁ

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En los últimos meses han surgido amenazas a la libertad de expresión desde diferentes puntos del país. En mayo, se agregó un texto al Código Penal de Canadá que considera delito punible el llamado discurso de odio contra las personas por su orientación sexual, más no si se hace con motivaciones religiosas. Otros grupos que ya están protegidos contra el discurso de odio son por color, raza y origen étnico. La medida, destinada a prevenir la distribución pública de propaganda de odio, considera ilegal la distribución de dicho material proselitista a través de la prensa. El mismo mes, el blogger Jon Newton fue demandado por el propietario australiano de la compañía KaZaA por supuestamente haber difamado a su compañía en su sitio web. Bajo la ley canadiense, el querellante no tiene la obligación de probar que resultó perjudicado por la difamación y es opción del demandado demostrar que la información no tiene carácter difamatorio o que se publica por ser de interés público. Otro caso de un supuesto “ciberlibelo” fue el de Michael Pilling, de Toronto, fundador del sitio web OpenPolitics.ca, foro de discusión de temas políticos. Pilling fue demandado por un auspiciador financiero del Partido Verde por haber colocado un artículo en su sitio web que éste consideraba difamatorio. En un caso sobre acceso a la información, el 8 de setiembre la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el gobierno había actuado correctamente al haberse negado a proporcionar una documentación solicitada por Sheldon Blank, sobre unos juicios en su contra y contra una compañía por supuestamente haber violado las leyes federales. Según la Ley de Acceso a la Información de Canadá, el privilegio de comunicación reservada entre abogado y cliente respalda dicha negativa y la Corte Suprema decidió en este caso que el privilegio se mantenía vigente inclusive después de haber concluido el litigio. En otro caso sobre acceso a la información, CanWest News Service informó de que se temía que algunos funcionarios federales habían estado compartiendo información entre diferentes departamentos del gobierno acerca de la identidad de los reporteros que solicitaban documentos oficiales en virtud de la Ley de Acceso a la Información, a pesar del hecho que el revelar sus nombres constituye una violación de la Ley de Privacidad de Canadá, un escudo destinado en parte a proteger a la ciudadanía de posibles represalias. En febrero, el editor de la revista Canadian Medical Association Journal, despidió a su director, John Hoey, así como a su subdirectora, Anne Marie Todkill, aparentemente por su selección del contenido editorial, lo cual fue considerado por la organización pro prensa libre “Periodistas Canadienses a favor de la Libertad de Expresión” (CJFE) como “una grave amenaza a la independencia editorial y a los derechos de libertad de expresión de los directores, personal y colaboradores de la revista”. La CJFE exhortó al Colegio Médico de Canadá a hacer públicas las causales de los despidos y a “aclarar las razones por las que retuvo, en contra del deseo de sus directores, una nota en diciembre del 2005 sobre los lineamientos seguidos por los farmacéuticos canadienses para expender la píldora anticonceptiva de emergencia llamada Plan B”. Se afirmaba que el artículo habría sido “escrito nuevamente para hacerlo más aceptable entre los farmacéuticos”. La CJFE agregó que se había obviado la publicación de otro artículo sobre el ministro de salud, Tony Clement. El 22 de abril, el gobierno federal prohibió la cobertura televisiva de la repatriación de los restos de los soldados muertos en Afganistán, hecho que motivó la protesta de los defensores de la libertad de expresión tanto a nivel nacional como internacional, así como de ciertos miembros del partido de la oposición. La Junta Educativa del Distrito de Toronto ordenó el retiro de las bibliotecas escolares de hasta el sétimo grado de un libro sobre niños palestinos e israelíes. El hecho provocó una fuerte reacción por parte de un grupo de escritores organizado para defender la libertad de expresión, el PEN Canada. En el libro Tres Deseos: Hablan los niños de Palestina e Israel, de la galardonada autora Deborah Ellis, niños palestinos y judíos hablan abiertamente acerca de sus vidas en una tierra azotada por la guerra. El libro fue retirado luego de que el Congreso Judeo Canadiense sostuviera que éste “sirve solamente para satanizar a ambas partes” del conflicto entre Israel y Palestina al exponer a los estudiantes a “temas tan complejos que ni están plenamente explicados ni adecuadamente contextualizados”. PEN Canadá protestó por el retiro del libro de las bibliotecas escolares y expresó su temor de que a menos que se revirtiera la situación, ésta constituiría “un peligroso precedente”, agregando que “solamente las mejores obras literarias llevan la luz a los lugares más oscuros y la libertad de expresión, consulta y opinión constituye la piedra angular de nuestra sociedad democrática”.

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