La situación de la libertad de prensa se caracterizó por varios intentos de las autoridades de entorpecer el libre ejercicio periodístico, ya fuera apelando directamente a la fuerza o a través de decisiones judiciales o la sanción de leyes.
Se registró el asesinato de un locutor de una radio de frontera, así como agresiones físicas y hasta el secuestro momentáneo de periodistas, o amenazas verbales de políticos y autoridades afectados por publicaciones sobre sus actividades dudosas o al margen de la ley.
Continuó la tendencia de ocultar la información de carácter público, lo que se hizo evidente a través de la sanción de una ley que no incluyó un artículo que garantizase la publicación de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. Mientras tanto, sigue demorado el estudio de proyectos de leyes que reglamentan el artículo de la Constitución Nacional sobre libre acceso a las informaciones de carácter público.
La justicia también jugó su papel al dictar fallos dudosos, como el que afecta al director del diario ABC Color, uno de los cuales le exoneró de una pena al mismo tiempo de atribuirle el delito de difamación, con el evidente propósito de mantenerlo sujeto a sanción judicial en casos futuros que afecten a altos funcionarios o políticos.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció el 26 de marzo que el diario Popular fue objeto de censura para poner fin a una serie de publicaciones que afectaban al presidente Nicanor Duarte Frutos.
El diario publicó que el presidente Duarte Frutos había regalado un automóvil por su cumpleaños a la hija del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Benjamín Maciel.
El 2 de abril, los entonces presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, Carlos Mateo Balmelli y Benjamín Maciel, respectivamente, decidieron impulsar la aprobación de un proyecto de ley de acceso a la información pública.
La Constitución Nacional garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información, sin embargo la falta de reglamentación hace que los funcionarios pongan trabas para hacer efectiva dicha disposición.
A través de sus asesores jurídicos, el 6 de abril el diario ABC Color pidió al juzgado de la causa que rechazara una demanda presentada por el ex presidente Juan Carlos Wasmosy contra el diario y sus periodistas Mabel Rehnfeldt y Nacha Sánchez. El ex mandatario reclamó el pago de 10 millones de dólares de indemnización por supuesto daño moral.
El diario ABC Color publicó una serie de notas en las que se alude a graves irregularidades en la adquisición de combustibles por la empresa estatal Petropar en la época en que Wasmosy era presidente.
El 6 de abril, un tribunal de apelaciones dejó sin efecto una sentencia de primera instancia que había aplicado una multa al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, en una querella por difamación que le formuló el político Juan Ernesto Villamayor, del gobernante Partido Colorado.
El juez Dionisio Nicolás Frutos había condenado a Zuccolillo a pagar una multa al Estado por el equivalente a unos 15 mil dólares, más otros 12 mil dólares como compensación al querellante.
ABC Color publicó en 1999 una información que hablaba de reuniones realizadas por el empresario argentino Roque José Carmona recientemente capturado en su país y políticos colorados, entre ellos el querellante, para programar créditos sociales a ser otorgados por el entonces Banco Nacional de Trabajadores (BNT), que posteriormente fue a la quiebra precisamente a raíz de la falta de pago de estos créditos.
La sentencia de la Cámara de Apelación sostiene que las publicaciones de ABC Color no pueden constituir delito porque los medios de prensa, por la función de informar que cumplen, tienen la facultad de difundir toda clase de noticias.
El 19 de abril, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), filial Alto Paraná, repudió en un comunicado la amenaza de muerte lanzada por efectivos policiales contra el periodista César Palacios y el reportero gráfico Oscar Florentín, de la sucursal del diario Noticias en Ciudad del Este, 330 Km. al este de Asunción.
El 21 de abril, el periodista radial Samuel Román, de la radio Ñu Verá de Capitán Bado, ciudad paraguaya ubicada en la frontera con Brasil, separada apenas por una línea internacional de la ciudad brasileña Coronel Sapucaia, fue muerto a tiros por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, aunque se cree que más personas formaron parte del operativo. Román fue muerto a pocos metros de la frontera, lado brasileño, donde vivía, en momentos en que se dirigía a su vivienda.
Se sospecha que el crimen pudo haber sido encargado por políticos brasileños de la mencionada ciudad, ya que Román, en su programa "La Voz del Pueblo", los cuestionaba y daba ocasión a que la gente opinara en micrófono abierto.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores el secuestro, torturas y amenaza de muerte sufridos por el periodista Bernardo Vera Roa, de la radio Tavaguá FM de Ciudad del Este, 330 Km. al este de Asunción, acontecido el 20 de abril pasado.
El periodista informó de que tres hombres que dijeron ser policías le comunicaron que tenía orden de captura, y tras subir en el vehículo, le condujeron a una casa donde los desconocidos le exigieron revelar el paradero de tres dirigentes sociales y sus respectivas direcciones a quienes el comunicador hacía entrevistas en sus programas.
Vera Roa fue liberado luego de una larga noche de tortura sicológica.
A fines de abril pasado, el autotraficante Wilson Evangelista de Souza, relevante figura del tráfico de autos robados del Brasil que opera en la zona de Salto del Guairá, en el noreste del país y en la frontera con ese país, ordenó a sus contactos que buscaran la forma de parar las publicaciones que le afectaban, según una denuncia. Estas fueron realizadas por el periodista Rosendo Duarte, corresponsal del diario ABC Color en Salto del Guairá, dentro de sus notas relacionadas con el autotráfico, la inseguridad y el blanqueo de malvivientes brasileños en la zona fronteriza.
La esposa del brasileño implicado en la denuncia contactó con un conocido abogado local, quien convocó al periodista Duarte para informarle sobre la advertencia de De Souza, quien estaría dispuesto a pagar lo que fuese para enfriar la cuestión (publicaciones).
El fiscal Rubén Villalba amenazó el 11 de mayo con destrozar los móviles del diario ABC Color al afirmar que estaban siguiendo a sus hijos.
Los antecedentes del caso publicados revelan que Villalba realizó una intervención en una estancia en la Región Occidental (Chaco) del Paraguay sobre falsificación de cigarrillos, y otra en la Región Oriental contra el narcotraficante Claudair López de Farías.
Según las publicaciones, el fiscal quedó a cargo de varias evidencias relacionadas con ambos casos sin informar al juzgado, y recién puso a disposición de los magistrados algunos de los bienes después de las publicaciones de ABC Color.
La Junta de Gobierno (junta directiva) del gobernante Partido Colorado aprobó una resolución, el 12 de mayo pasado, en la cual alerta al pueblo colorado y a la ciudadanía en general sobre el peligro que representa para la estabilidad de la República la campaña de desinformación sistemática emprendida por el señor Aldo Zuccolillo Moscarda director propietario del diario ABC Color, en el caso del magnicidio de (vicepresidente) Luis María Argaña.
La moción fue planteada por el senador del bloque argañista Alfonso González Núñez, quien cuestionó duramente la serie de publicaciones del diario mencionado sobe el caso de la muerte del ex vicepresidente de la República.
Asimismo, la resolución de la Junta de Gobierno determina repudiar enérgicamente la línea editorial de ese matutino, que manipula la información de manera culpable y dolosa, desconociendo disposiciones judiciales, mellando la credibilidad de la prensa independiente, mancillando honorabilidades e hiriendo los más íntimos sentimientos de personas inocentes.
El intendente de Ayolas, localidad ubicada al sur del país, Antonio Barreto (oficialista), agredió y amenazó de muerte al corresponsal del diario ABC Color, William Aquino Medina, ante la presencia de una comitiva de la Fiscalía General y otra empresarial que estaba procediendo a la clausura de un matadero local que no contaba con la habilitación correspondiente, el 19 de junio pasado.
El jefe comunal, quien años atrás había ido a la cárcel por supuestos malos manejos administrativos, le dijo al corresponsal de ABC Color que no sacara fotos y que no grabara nada porque le iba a romper la cara. Sin embargo, el periodista realizó su trabajo y acusó un manotazo y empujones de parte del intendente. Luego el intendente agresor dijo en lengua guaraní que tenía muchos amigos que le podían liquidar.
El vicepresidente de la República, Luis Castiglioni, presentó una intimación notarial en la redacción del diario Última Hora, el 13 de julio pasado, al periodista Jorge Torres por la serie de publicaciones sobre corrupción en la empresa telefónica.
