VENEZUELA

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El estado del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país no se podría entender sin una previa descripción de la realidad política. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe expresó: “La Comisión remarca (...) la falta de independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión, el estado deliberativo en que se encuentran las Fuerzas Armadas, el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad. A criterio de la Comisión, todas estas situaciones representan una clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia del Estado de Derecho en un sistema democrático en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales”. En relación con lo anterior, se encuentra en proceso un Acuerdo suscrito el 29 de mayo entre el gobierno y las fuerzas de la oposición representadas por la Coordinadora Democrática, bajo la facilitación internacional del Secretario General de la OEA, César Gaviria, del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, y de las Naciones Unidas. En éste se ha convenido la realización de un referéndum popular, establecido en el Art. 72 de la Constitución, el cual permite la revocatoria del mandato del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, una vez cumplida la mitad de su mandato, es decir, el pasado 19 de agosto. Recientemente, en la sede del Fuerte Guaicaipuro ?unidad militar cercana a Caracas?, el Presidente, llevando una vez más el uniforme militar y en abierta incitación, se dirigió a los soldados: “Hoy, como nunca antes en muchísimo tiempo, los soldados venezolanos estamos navegando en nuestra propia agua... Nunca más debemos permitir que nos saquen de nuestra propia agua, como nos sacaron en buena parte del siglo XX, al Ejército y luego al resto de los componentes de la Fuerza Armada... No sólo se trata de impedir que a través de cualquier movimiento desestabilizador, ahora vestido con careta democrática, esta oligarquía fascista vuelva a adueñarse del país (...) y ustedes tendrían entonces que escoger, con los fusiles en la mano, qué hacer, hacia dónde apuntar los fusiles, si al pecho de la oligarquía traidora o a los pechos del noble pueblo de Venezuela”. Y agregó: “Hay gente aquí en Venezuela, de esta oligarquía, por ejemplo, y eso es parte de los planes que denuncio ante el país, ellos están hablando de un referéndum (...). Como saben que es sumamente difícil (...) han empezado a decir que es que Chávez no quiere referéndum. Y que la OEA debería entonces meter las manos aquí... Bueno, si a alguien se le ocurre invadir esta tierra aquí pelearemos con las uñas... Y si a alguien se le ocurre, no nos quedaría más nada que gritar: Patria o muerte”. Por otra parte, las agresiones presidenciales arremeten contra la jerarquía de la Iglesia Católica, que es la institución de mayor prestigio. El pasado 23 de septiembre, el Presidente llamó a los Obispos “embusteros y sinvergüenzas”, “voceros de la oposición”, “golpistas” e “indignos de portar hábitos”, amenazándolos con “la espada del rechazo de Dios, de Cristo, a través de las miradas acusadoras del pueblo”. Las actuaciones reñidas con el ordenamiento jurídico, se convierten en hechos casi naturales. Ello es ostensible en el asalto efectuado por la policía política a la sede del más alto tribunal administrativo del país, la Corte Contencioso Administrativa; el allanamiento realizado, por la misma fuerza, a la sede del Consejo Nacional Electoral, con el fin de secuestrar las firmas consignadas por más de 3.200.000 personas, en demanda de la realización del referéndum constitucional. Y, la utilización del ejército ?Guardia Nacional? para desalojar de sus viviendas, con el uso de armas y explosivos, a familias de ex empleados petroleros, a quienes se considera enemigos del régimen. Esta situación ha llamado la atención mundial y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha tomado la decisión de solicitar con urgencia un informe oficial. Otros hechos de consideración en este período: - Prosigue la amenaza de aprobación, por acto de la Asamblea Nacional, de la llamada Ley de Contenidos, o Ley de Responsabilidad Social de la Radio y de la Televisión, que en su texto estatiza virtualmente a todo el sistema. Según éste, todos los medios de comunicación privados audiovisuales, quedan sometidos a regulación y control estatal. Igualmente ocurre con la casi totalidad de su horario de transmisiones (5 a.m. hasta las 11 p.m.), ya que se determinarán los contenidos informativos que pueden llevarse hasta el público. Además, el Gobierno se reserva la posibilidad de clausurar programas e incluso la propia estación radiodifusora o de televisión, sin previa mediación judicial y bajo el alegato de razones de seguridad nacional, para el cual no precisarían de ningún requisito, pues esa facultad quedaría incluida en el articulado de la ley. Entre tanto, sobre la base de la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que autoriza al gobierno a cerrar a tales medios, se encuentran abiertos procedimientos administrativos contra diversas estaciones de televisión, en violación del Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. - Continúa el debate legislativo del proyecto de Ley sobre Participación Ciudadana, que establece un Consejo de Vigilancia para el Control de los Medios de Comunicación Social Impresos, con potestad para censurarlos y sancionar cada vez que se adviertan atentados contra la “información veraz”, o que revelen una línea crítica o ideológica particular. - Es sistemática y cada vez más grave la violación que a diario se registra, por parte del gobierno, de las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como también de las Medidas Provisionales dictadas por la Corte Interamericana, para proteger los derechos humanos de los periodistas y trabajadores de los medios. - Desde febrero de 2003 el país vive una suspensión absoluta de adquisición de divisas. Esta situación ha alterado la economía y ha puesto en gravísimo riesgo el aparato productivo y comercial privado. Los medios no escapan a esta delicada posición que entorpece la actualización de la infraestructura y la compra de los insumos indispensables. - Se ha incrementado la práctica de las cadenas presidenciales. Transmisiones “oficiales”, normalmente dirigidas por el Presidente, durante las cuales se obliga a suspender toda programación, en horarios estelares de toda la red nacional de radio y televisión, para difundir mensajes de cualquier naturaleza al público venezolano. Ello afecta durante largas horas la libertad de expresión y el principio de la pluralidad informativa. Estas transmisiones no se concretan a la difusión de mensajes de interés público, sino que se han convertido en escenarios de explotación proselitista y descalifican a todos los sectores que sostienen una posición distinta a la del gobierno. En ellas se hace uso de expresiones que incitan de manera constante al odio. Hasta el 6 de octubre las transmisiones en cadena alcanzaron la siguiente medición: 1999, 69:27 horas por año; 2000, 107:56; 2001, 116:58; 2002, 73:27 y 2003, 136:49. Desde el mes de julio de 2002 tanto los títulos de los espacios radiales como el status jurídico de la propiedad privada de las concesiones de televisión se encuentran en un peligroso limbo reglamentario, ya que el Estado se ha negado a renovar las licencias de estas entidades dentro del lapso cronológico (dos años) de la nueva Ley de Telecomunicaciones. - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aprobó recientemente una sentencia numerada 1.942, donde se reiteran los principios de la sentencia 1013, conocida y denunciada ante la SIP y la CIDH, que impone abiertamente principios restrictivos de la libertad de expresión y de prensa, contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Declaración de Chapultepec. Entre otras medidas, en ella se ratifica el derecho a la información veraz, se acusa de violación a tal derecho el que un medio tenga una mayoría de columnistas de una específica tendencia ideológica; prohíbe la emisión de conceptos negativos sobre ciertas ideas o pensamientos, y exige la redacción contextual de las informaciones por los periodistas; reitera la validez de las denominadas “leyes de desacato”; obliga a los editores a la autocensura bajo riesgo de hacerlos responsables de las informaciones de los periodistas a su servicio y acepta la legalidad de las medidas gubernativas provisionales sobre los programas comunicacionales. - El 3 de octubre fue allanada la estación televisiva Globovisión Canal 33 y se decomisaron los equipos de microondas, por parte de funcionarios de CONATEL, organismo dependiente del Gobierno. El fundamento legal utilizado por el Estado para decomisar los equipos de transmisión es al Art. 183 de la Ley Orgánica de Comunicaciones, el cual establece que el decomiso puede hacerse cuando se trate de actividades presuntamente clandestinas que impliquen el uso del espectro radioeléctrico. Éste no es el caso de Globovisión, que más allá de alguna infracción que se deba probar en el proceso administrativo correspondiente, es una empresa legalmente constituida. Por otra parte, la misma ley establece lo rápido y transitorio que debe ser la medida y lo brevísimo del proceso, situación que no parece avanzar de esa manera. Se presume que se puede tratar de una acción de carácter político, más que un procedimiento administrativo.

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