PARAGUAY

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El ejercicio de la prensa continúa sufriendo los embates de funcionarios públicos deshonestos y delincuentes comunes molestos por la difusión de sus actividades al margen de la ley. En este período abundaron amenazas de muerte contra los periodistas, restricción de información a la prensa, aplicación de elevadas multas por publicaciones, demandas por difamación y calumnia con reclamo de elevadas indemnizaciones, presiones políticas y hasta censura previa. Un periodista denunció inclusive torturas por parte de algunas autoridades locales. El 2 de abril, un tribunal de apelación ordenó el procesamiento del director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo, por los presuntos delitos de difamación y calumnia en perjuicio del empresario y dirigente deportivo Osvaldo Domínguez Dibb. Noticias publicó declaraciones de Domínguez Dibb que involucraban a otro dirigente deportivo con el narcotráfico, lo que fue negado por éste. El 9 de abril, el juez Pedro Darío Portillo dio lugar a un amparo y suspendió la emisión del programa "El Informante", del Canal 2 de televisión, conducido por el periodista Luis Bareiro, a solicitud de cinco personas, entre ellas funcionarios del Banco Central del Paraguay, ante el temor de que se difundiera la filmación de una secuencia en la que los recurrentes participaban de un pago y recepción de soborno. El juez negó que haya censurado el programa y afirmó que solo dio trámite a la medida de urgencia solicitada. Tras llamar a las partes y escuchar sus argumentos, resolvió levantar la prohibición. El diario La Nación, citando como fuentes a fiscales del Ministerio Público que pidieron el anonimato, publicó el 10 de abril que el Fiscal General del Estado, Oscar Latorre Cañete, había emitido una orden verbal secreta para que sus subalternos restringieran la entrega de informaciones a la prensa. El periodista Gustavo García, del diario Última Hora, denunció que había recibido amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas anónimas. García es un periodista que realizó varias investigaciones sobre la corrupción reinante en el país, como el vaciamiento doloso de bancos privados, sobre aspectos sospechosos de la fortuna del ex presidente Luis González Macchi y su esposa Susana Galli y el enriquecimiento ilícito de funcionarios aduaneros. El 2 de mayo, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) pidió a la Corte Suprema de Justicia que revocase la condena aplicada por el juez Dionisio Frutos al periodista del diario ABC Color, Luis Verón, de una multa de 50 millones de guaraníes (unos US $8.000), en una querella por difamación y calumnia que le haba promovido el arquitecto Juan Carlos Pereira. Verón, además miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, denunció en una nota periodística el daño irreparable que había sufrido una antigua iglesia de Piribebuy, 70 Km. al este de Asunción, considerada patrimonio nacional, por una restauración realizada en forma inadecuada. El 2 de mayo los periodistas Osvaldo Benítez, Fernando Romero, Agustín Acosta y Celso Figueredo, del diario Noticias; y Leoncio Ferreira, Mario Valdez, Claudio Prieto y Bernardo Agusti, del diario Última Hora, fueron tomados como rehenes y amenazados de muerte por ocupantes de un asentamiento ilegal denominado "Marquetalia", en San Lorenzo, 20 Km. al este de Asunción, mientras cubrían una incursión de los "sintierras" y" sincasas" en otras propiedades aledañas. Los ocupantes ilegales también los amenazaron, realizaron disparos de armas de fuego y petardos sobre los mismos, para liberarlos luego de varios minutos. Dañaron el vehículo del diario Noticias y se dieron a la fuga. El 6 de junio, el corresponsal de ABC Color en San Pedro, 250 Km. al norte de Asunción, Cristino Peralta, recibió amenazas de muerte por parte de efectivos policiales mientras cubría una manifestación campesina en la zona. El 14 de junio, el periodista Fausto Coronel Fernández, de la radio comunitaria Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, 450 Km. al noreste de Asunción, denunció ante la policía que había sido torturado por el intendente (alcalde) de la localidad, Benito Aguayo, y cinco concejales, por haber criticado la gestión municipal. Un tribunal de apelaciones condenó el 16 de junio al diario Última Hora a pagar la suma de US $25.000 a Laura Doldán Recalde, quien se había sentido agraviada por un aviso publicitario en el que una tal Laura ofrecía servicios sexuales, para lo que se proporcionaba un número telefónico. Un juzgado dejó sin efecto la demanda en primera instancia, pero el tribunal de apelaciones revocó la sentencia y aplicó la multa alegando daño moral a la recurrente. El tribunal, sin embargo, desestimó el hecho de que el aviso no había proporcionado el nombre completo de la persona y que el teléfono publicado no le pertenecía, además de no existir una regulación legal en cuanto a las condiciones de recepción de los avisos publicitarios. La sentencia fue apelada y está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. El 25 de junio, el entonces senador nacional Francisco de Vargas, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, demandó al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, por una publicación que señalaba que una posible “coima” habría ido a parar a manos de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la sazón integrado por De Vargas. Éste reclamó un resarcimiento para “lavar su honra" de unos dos millones de dólares. Ésta es una de las tantas querellas promovidas contra el director de ABC Color por políticos por denuncias de irregularidades realizadas en el diario. El director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, figuró en una lista de personas que fue presentada por fiscales que intervinieron en el allanamiento de una vivienda de militantes de un pequeño partido de izquierda buscados precisamente por el secuestro de la esposa de un empresario de Asunción. Según los fiscales, al parecer la lista mencionada era de personas que, posiblemente, serían secuestradas. Éstos exhibieron también otros documentos que revelarían un plan de tipo guerrillero, aunque sin especificarse los objetivos. El 23 de julio, el conductor de televisión Darío González presentó una querella por lesión de la intimidad y calumnia contra el director del diario Crónica, Néstor Insaurralde. El querellante alegó que en una serie de notas realizadas con su ex esposa Solange Guerreño ?a la que también incluyó en la querella? publicada en Crónica, se le presentaba como una persona despiadada, mal padre de familia y trasgresor de la ley, lo que le ocasionaba un gran daño. González pidió un resarcimiento monetario de 150 millones de guaraníes (US $25.000) y la publicación de una retractación de los querellados sobre lo expresado en las notas. El 11 de setiembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución nacional, sobre declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. El proyecto establece sanciones a los funcionarios que no cumplen ese requisito, pero, al mismo tiempo, prohíbe a la Contraloría General de la República, que recibe las declaraciones juradas, que las dé a conocer a la opinión pública. El 12 de septiembre, el juez Héctor Capurro solicitó al periodista Vladimir Jara, del diario ABC Color, que revelase sus fuentes en relación con informaciones publicadas sobre un caso de secuestro. El juez dispuso que quedara constancia en el acta de que el periodista “no quiso revelar su fuente de información”, contrariando un artículo del Código de Procedimientos Penales (CPP). El 23 de setiembre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, acusó al diario ABC Color de tergiversar noticias sobre esa institución. Este diario y otros medios de prensa vienen publicando las graves acusaciones de corrupción que se formulan sobre los miembros de la Corte Suprema, a tal punto que el nuevo presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, el Parlamento y líderes de partidos políticos están empeñados actualmente en encontrar algún mecanismo para destituir a la mayoría de esos magistrados. Lezcano Claude se molestó en especial por una publicación realizada por ABC Color sobre un millonario viático que habría cobrado para asistir a una reunión realizada en México, y que la había prolongado en unas vacaciones en compañía de su esposa. El ministro de la Corte inclusive lanzó la idea de la supuesta necesidad de una ley de prensa, lo que fue rechazado por parlamentarios y políticos. El 25 de setiembre, el abogado José López Chávez querelló a la periodista Angélica Galeano, del Canal 9 de televisión, por presuntas difamación y calumnia. El abogado defendió a un acusado de secuestro de persona y dijo que sufrió "grave perjuicio moral y profesional" porque la periodista supuestamente insinuó en un reportaje que él había instruido a su cliente a realizar una falsa denuncia sobre torturas que había sufrido en dependencias policiales. El 3 de octubre, el periodista Nelson Esquivel, de la revista Imagen, de Ciudad del Este ?330 Km. al este de Asunción? dijo que había sido objeto de amenazas de muerte, tras denunciar en el programa de televisión "El Ojo" del Canal 13 de Asunción las luchas entre organizaciones mafiosas integradas por ciudadanos chinos instalados en aquella localidad. Esquivel hizo la denuncia ante la Policía y la filial del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) de Ciudad del Este, señalando que al menos en diez ocasiones voces anónimas le amenazaron por teléfono con que acabarían con su vida por la denuncia realizada.

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