REPÚBLICA DOMINICANA

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La libertad de prensa no ha sufrido graves amenazas en los últimos seis meses, aunque sí han ocurrido algunos incidentes que causan preocupación y no se han registrado avances en las investigaciones de crímenes y atentados contra periodistas. Como aspecto positivo, el Poder Ejecutivo promulgó por decreto el reglamento para la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información. El 5 de noviembre, el presidente de la Junta Central Electoral emitió una circular para prohibir a los funcionarios de ese organismo que hablen con los medios de comunicación sobre cualquier tema, sin su autorización o la del pleno de los jueces. Esta disposición representa un obstáculo para la transparencia en el manejo de los asuntos de una institución pública. El 8 de noviembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció amenazas contra varios periodistas en la ciudad de Bonao, en el norte del país. La residencia del periodista Antonio Manuel Polanco recibió el impacto de varias bombas lacrimógenas, lanzadas al parecer por miembros de la Policía, mientras que el periodista Ricardo Arias recibió amenazas de muerte y otro periodista, Enrique Sosa, fue agredido. También el 5 de noviembre, el vocero del Poder Ejecutivo declaró que las informaciones del gobierno serían “administradas” para no preocupar a la ciudadanía con “noticias inoportunas”, medida que se sustentaría en un estudio que estableció el malestar que producen entre los dominicanos “la impertinencia y el escándalo”. “Estamos ofreciendo detalles de determinadas cosas, pero estamos tratando de administrar la información, porque queremos suministrar las que sean oportunas. No queremos estar de necios importunando a la familia dominicana”. La Comisión de Libertad de Prensa de la SIP expresó su rechazo a esta decisión administrativa, que contradecía directamente lo establecido por la Ley de Libre Acceso a la Información, lo que propició que fuera desestimada de inmediato por el Gobierno. En febrero, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos dispuso que el grupo musical Aventura no podía realizar presentaciones, ni aparecer en televisión ni sus discos reproducidos en la radio por un período de un año, como sanción por la supuesta realización de actos inmorales en una presentación en público. Esta decisión establece una censura previa, por la vía administrativa, sin conocimiento de un juez. La decisión de la Comisión se basó en los poderes que le acuerda el Reglamento 824, un instrumento jurídico cuyo propósito fundamental es regular el contenido de los medios de comunicación electrónicos. Este reglamento permanece vigente a pesar de que era parte del andamiaje jurídico de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, eliminada en 1961, hace ya 44 años. El 3 de febrero, los reporteros gráficos Joel Alcántara y Adriano Rodríguez, de los diarios El Caribe y Listín Diario, fueron agredidos y golpeados por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, cuando se dirigían en vehículos de sus medios de comunicación a cubrir una actividad periodística. A Alcántara le golpearon al desmontarse del vehículo, mientras que a Rodríguez le golpearon en la cara y le destruyeron su cámara cuando los agentes notaron que estaba tomando fotos en el momento en que detenían a su colega. El asesinato del periodista Juan Andujar continúa sin resolverse. Este periodista fue muerto en Azua, en la región sur del país, el 13 de septiembre del año pasado, cuando dos delincuentes le dieron un balazo en la cabeza al salir de una emisora de radio, luego de concluir la emisión de un programa de entrevistas y noticias. En ese atentado también resultó herido el periodista Luis Sención. Uno de los responsables del asesinato de Andujar murió al enfrentarse a la Policía, pero el segundo de ellos, Vladimir Pujols, todavía no ha sido detenido ni su expediente ha sido llevado a la justicia. Tampoco ha sido resuelto el atentado contra el periodista Euri Cabral, cuyo vehículo recibió 10 disparos el 29 de septiembre cuando se dirigía desde el canal de televisión donde trabaja hacia su casa. El periodista y una compañera de trabajo que le acompañaba resultaron ilesos. Las autoridades iniciaron las investigaciones y ofrecieron protección a éste y otros periodistas, pero hasta la fecha no se han reportado resultados ni nombres de los responsables. Sigue sin solución el caso de la desaparición del columnista y profesor universitario Narciso González (Narcisazo), ocurrida el 26 de mayo de 1994, luego de que hizo duras críticas contra el entonces presidente Joaquín Balaguer y altos jefes militares, a los que acusó en un acto público en la universidad estatal de haber realizado un fraude para mantener el poder, tras las elecciones generales de ese año. El 28 de febrero, el Poder Ejecutivo promulgó, mediante decreto, el reglamento para la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información, la cual fue aprobada y promulgada en julio de 2004. El reglamento fue aprobado después de un amplio proceso de consulta que llevó a cabo el Gobierno, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones periodísticas y otros sectores.

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