PARAGUAY

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En este período se han producido hechos que una vez más revelan la influencia de los actores políticos sobre la justicia en perjuicio de los medios de prensa, tratando de coartar la libertad de expresión y de prensa. Abundaron también reacciones injustificadas de funcionarios públicos contra la prensa debido a denuncias de corrupción publicadas, y que pese a la contundencia de las evidencias fueron considerados por aquellos como “ataques políticos” o persecuciones contra sus respectivas personas, quienes en algunos casos, promovieron querellas criminales para amedrentar y acallar a las publicaciones. Las acciones contra los periodistas incluyeron hasta ataques físicos y el secuestro del hijo de uno de ellos. Denuncias de corrupción entre los propios periodistas ocuparon igualmente un lugar en este período, pero estas mismas no menguaron la enorme importancia de la prensa en general. Mientras tanto, el diario Noticias de Asunción cerró sus puertas por apremios financieros, según sus directivos. El 5 de noviembre, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dispuso la incautación de equipos de 12 radioemisoras que operaban ilegalmente y que interferían las transmisiones de las radios legales, según el director de la citada institución, Luis Reinoso. Éste explicó que se trataba de empresas conocidas como “radios comunitarias”, que además difundían publicidad comercial, que les está prohibida, constituyéndose así en una competencia desleal para las que desarrollan legalmente sus actividades. El 10 de noviembre, Rubén Careaga, integrante de la influyente familia Careaga que presta servicios a Ciudad del Este, 330 km. al este de Asunción, en la triangulación de mercaderías importadas, presentó una demanda contra el corresponsal del diario ABC Color de Asunción y director del diario local Vanguardia, Héctor Guerín, reclamando además un resarcimiento económico de 5 millones de dólares, alegando que el periodista cometió delito contra el honor y reputación de las personas. Guerín publicó profusas notas contra la empresa Transportadora Guaraní, de la mencionada familia, en las que presentó evidencias de que la misma surte de mercaderías a numerosos comercios de Ciudad del Este mediante un esquema de evasión de impuestos y contrabando, con la presunta complicidad de un integrante de la familia Argaña, de gran poder político. El expediente se encuentra en los estrados judiciales. El 22 de noviembre, cuatro desconocidos secuestraron durante unas tres horas al niño Mauricio Agustti, hijo del periodista Bernardo Agustti, del diario Última Hora, quien realiza investigaciones sobre casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos. Mauricio salía del colegio cuando fue montado a la fuerza en un vehículo por sus secuestradores. Tras su liberación, el niño reveló que sus captores le dijeron: “Decíle a tu papá que deje de publicar cosas sobre drogas y robo de autos, o si no les va a pasar algo peor”. El 24 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó por nota al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, su preocupación por un caso judicial que afecta al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo. Se trata de una querella por presuntas difamación, calumnia e injuria presentada por el influyente político del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, legislador señalado con frecuencia como presunto involucrado en hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La querella fue promovida por Galaverna por publicaciones de ABC Color que lo señalaban como presunto protector a vaciadores del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), actualmente en quiebra, entre ellos al ex presidente de ese banco estatal, Edgar Cataldi, su íntimo amigo, condenado a diez años de cárcel, y actualmente prófugo. Zuccolillo fue condenado en primera y segunda instancias a una pena de multa de unos 500 millones de guaraníes (cerca de 100 mil dólares). Esos dos fallos no consideraron la defensa de la libertad de información, prensa y expresión garantizada por la Constitución nacional, y que Galaverna fue aludido en las publicaciones en su carácter de hombre público. El caso se encuentra actualmente a consideración de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de cuyos integrantes fue renovada recientemente, pero en donde continúa un cuestionado miembro, Wildo Rienzi, de quien Galaverna se pronuncia con frecuencia como íntimo amigo y a quien lo defendió públicamente cuando se trató su remoción de la Corte. Rienzi no se inhibió en el caso. El 13 de diciembre fueron divulgados los resultados de una encuesta a periodistas realizada por el Centro Internacional de Prensa de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, y realizado a través del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Según dichos resultados, el 66 por ciento de los periodistas cree que en Paraguay la prensa no tiene estándares éticos y el mismo porcentaje afirmó conocer a periodistas que reciben sobornos. El 47 por ciento cree que la corrupción está generalizada en los medios de comunicación. El 75 por ciento mencionó los bajos salarios como uno de los factores fundamentales que conducen a muchos periodistas a corromperse. Después de la corrupción, las preocupaciones de los periodistas siguieron en ese orden: la falta de capacitación y profesionalización (39 por ciento), la falta de independencia en las redacciones (27 por ciento) y la seguridad personal (19 por ciento). El 13 de diciembre, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado para repudiar la acusación lanzada por el senador del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, Alfredo Jaeggli, contra el periodista Luis Bareiro, del diario ABC Color, de que este último recibió coimas para realizar una serie de publicaciones sobre una cuestionada expropiación de tierras para campesinos. El 13 de enero el periodista Gustavo Torres, del diario Vanguardia, de Ciudad del Este (330 km. al este de Asunción), denunció que fue atacado a golpes y amenazado de muerte por tres hombres por publicaciones sobre intervenciones de la Policía contra traficantes de droga en esa ciudad. El 19 de enero, fiscales de Ciudad del Este, impulsaron una investigación a raíz de una denuncia promovida por el abogado Enrique Alberto Velaztiquí contra el corresponsal del diario ABC Color en esa localidad, Héctor Guerín. La denuncia se basó en publicaciones del semanario La Primicia de esa ciudad, propiedad del ciudadano chino Wu Wen Huang, actualmente en la cárcel, sentenciado por el delito de extorsión agravada. Guerín y su esposa fueron acusados por presuntos tráfico de armas, extorsión, lavado de dinero, chantaje, reducción, contrabando y secuestro. El periodista atribuyó esta acción judicial a un intento de amedrentamiento ante las denuncias que viene realizando en sus publicaciones contra fiscales por presunto mal desempeño de sus funciones, y contra personas dedicadas supuestamente a otros delitos como piratería de marcas, contrabando, evasión de impuestos y otros. El proceso continúa en los estrados judiciales. A principios de febrero, la página web denominada “Democráticamente”, que tiene su versión radial en la emisora Radio Itapirú, de Ciudad del Este, publicó un supuesto plan para asesinar al periodista Héctor Guerín. Según la publicación, cuatro sicarios brasileños fueron contratados por fiscales de la zona para ejecutar la operación y el complot no se concretó porque los criminales erraron el lugar donde debía ejecutarse el plan. Fueron informados por un recluso liberado de la cárcel, quien integraría el grupo. Kassen Mohamad Hijazi, comerciante libanés de Ciudad del Este, presentó una denuncia por supuesta extorsión contra el periodista Héctor Guerín. Hijazi, quien aparece con frecuencia en denuncias por presuntos lavado de dinero y evasión impositiva, alegó que Guerín le pidió 50 mil dólares para evitar publicaciones sobre sus actividades, y de intentar obligarle a involucrar en sus denuncias a dos fiscales de la zona. El 12 de febrero cerró sus puertas el diario Noticias tras 20 años y siete meses de vida, debido a problemas financieros, según informó su director, Eduardo Bo, decisión que dejó sin trabajo a 240 personas. El diario solicitó el retiro voluntario de 74 de sus empleados para evitar el cierre, lo que no fue aceptado y no prosperaron las tratativas entre los trabajadores y la patronal, por lo que se produjo el cierre del diario. En una entrevista publicada el mismo día en el diario La Nación, Bo acusó de supuesta intransigencia del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) para encontrar una salida negociada y también aludió a la vigencia de un contrato colectivo de trabajo supuestamente incumplible. Acusó también al Banco Central del Paraguay, de no haberle devuelto sus depósitos perdidos en dos bancos de plaza que fueron a la quiebra, de tres millones de dólares en un caso e “incluso más” en el otro. El 12 de febrero, el diputado del gobernante Partido Colorado, Julio Colmán, calificó de “osamenta” a la prensa, por supuestas mentiras publicadas por el corresponsal del diario ABC Color en la localidad de Curuguaty, 500 km. al noreste de Asunción. Colmán es un discutido legislador quien recientemente protagonizó un escándalo al intentar obligar a una fiscal del Medio Ambiente a liberar un cargamento de rollos de madera que transitaba en forma ilegal, perteneciente a un allegado suyo. El 14 de febrero, el ministro de Justicia y Trabajo, Juan Darío Monges, calificó de “ataque político” denuncias realizadas por el diario ABC Color de que en una estancia de su propiedad se escondían animales robados y que se sobrefacturaban partidas de carne destinadas a la Penitenciaría de Tacumbú, de Asunción, dependiente del ministerio a su cargo. La Contraloría General confirmó que la carne se proveía a precios superiores a los vigentes en el mercado. El 23 de febrero, el diario Última Hora hizo notar “graves restricciones” que contiene un proyecto de ley antisecuestro presentado en el Congreso por el fiscal del ramo, Rafael Fernández. El citado proyecto prohíbe estrictamente a los funcionarios de la “unidad especial” antisecuestro y a otros que tengan acceso a las informaciones realizar declaraciones o proporcionar informes a los medios de prensa. El proyecto también prohíbe a los medios de prensa difundir informaciones o datos referentes a presuntos autores y partícipes en un secuestro que aún no fueron detenidos, ni referirse a investigaciones realizadas que puedan perjudicar el procedimiento. Se les prohíbe también a los miembros de la unidad antisecuestro concurrir a los lugares de allanamientos acompañados de cronistas de medios de comunicación cuando esto pueda perjudicar la investigación. Éste y otros proyectos que endurecen las penas y establecen procedimientos para casos de secuestros fueron presentados al Congreso luego del grave caso del secuestro y muerte de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas.

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