MÉXICO

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En este período se produjo un nuevo ciclo de graves agresiones en contra de periodistas y empresas informativas, lo que incluyó el asesinato del reportero Gregorio Rodríguez Hernández. Con ello suman cuatro los atentados cometidos contra diaristas mexicanos en el último año. Rodríguez Hernández, corresponsal de la cadena de diarios El Debate, fue muerto el pasado 28 de noviembre en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, en el noroeste del país. Se le victimó a tiros mientras se encontraba cenando en compañía de su esposa y sus dos hijos. La policía estatal arrestó en las siguientes semanas a Ulises y Ernesto Sedano Ornelas, bajo cargos de haber participado en el atentado. Sin embargo, un juez local negó una orden de aprehensión contra Antonio Ocampo por su presunta autoría intelectual. Ocampo es considerado cabeza de un grupo de narcotraficantes en aquella región. Informes de la Procuraduría de Sinaloa indican que el periodista asesinado, quien se desempeñaba básicamente como reportero gráfico, había publicado fotografías en las que aparecía el citado Antonio Ocampo en un evento social con jefes policíacos de la zona en la ciudad de Escuinapa del mismo estado. En Acapulco, Guerrero, el editor Leodegario Aguilera Lucas fue secuestrado el 22 de mayo de 2004 sin que hasta la fecha haya aparecido. La policía local presentó unos restos humanos como del periodista, pero no se pudo demostrar esto en la prueba de ADN. Prácticamente, la investigación sobre el plagio está suspendida. El 15 de diciembre, el periodista Juan Torres, corresponsal del diario Noroeste en Escuinapa, Sinaloa, recibió amenazas de muerte por parte de tres sujetos que se presentaron en su domicilio. El periódico Noroeste informó de que las autoridades le extendieron protección a Torres. Según el fiscal general del estado, Oscar Fidel González, se sospecha que existe relación entre las amenazas que recibió el periodista y el asesinato del fotógrafo Gregorio Rodríguez Hernández. El narcotráfico sigue siendo uno de los principales factores que amenazan el estado de derecho y el trabajo periodístico. En Sinaloa se producen cerca de 500 muertes por bala al año. El 80 por ciento son consecuencia de ejecuciones dictadas por los traficantes de narcóticos, según estimaciones oficiales. Especialmente en la región norte del país, continuamente se producen reportes de amenazas personales y telefónicas contra periodistas, las que son atribuidas a diversas bandas de narcotraficantes. En meses recientes llegaron informes de que periodistas del estado norteño de Tamaulipas están siendo brevemente secuestrados por narcotraficantes para amenazarlos si publican información sobre sus actividades, o para trasmitir advertencias a los respectivos editores. Dos de los cuatro periodistas asesinados durante el último año laboraban en el estado de Tamaulipas. La SIP viene participando en los trabajos orientados a revisar los expedientes judiciales de los casos de los periodistas Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda. Otros casos de agresiones: El 28 de noviembre, directivos del diario Noticias de Oaxaca denunciaron un ataque a la libertad de expresión, al ser invadido por un grupo de supuestos comuneros el predio en donde se localizan las bodegas de este rotativo, con un saldo de un joven de 19 años muerto, lo que llevó a la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado. El lugar fue invadido el 1 de diciembre por comerciantes contando con la protección de la Policía Preventiva de esa localidad. El 12 de enero, la SIP solicitó en un comunicado a la Secretaria de Gobernación que atendiera e investigara de manera expedita la denuncia presentada por el diario Noticias de Oaxaca, referente a presuntas presiones recibidas de parte de las autoridades estatales en represalia por su línea editorial. El 29 de noviembre de 2004, la SIP expresó su preocupación por el estado que guardaba una iniciativa de reformas a la Ley de Radio y Televisión en México que, a juicio de la institución, incluía preceptos que representaban riesgos para la libertad de expresión. En respuesta, el grupo de legisladores que impulsa esta iniciativa suprimió de la misma los artículos impugnados por la SIP. El periodista Jorge Cardona, de la cadena Televisa en Monterrey, Nuevo León, sufrió un atentado el 7 de febrero, del que salió ileso. A principios de este año, representantes del periódico San Antonio Express News distribuyeron en el estado de Jalisco una serie de carteles con las fotografías de los indígenas Miguel Hernández de la Cruz y Juan Chivarra de la Cruz, acusados de haber dado muerte al periodista estadounidense Phillip True en 1998. En abril de 2004, un juez estatal los declaró culpables y fueron condenados cada uno a 20 años de prisión, aunque permanecen prófugos. El pasado 2 de noviembre, el reportero y columnista del periódico La Verdad del Sureste, Víctor Ulín Fernández, sufrió agresiones físicas, amenazas de muerte con arma de fuego y robo de vehículo frente a su domicilio. Los agresores lo obligaron a subir a su propio vehículo luego de torturarlo física y psicológicamente y lo dejaron abandonado. Ulín Fernández, publica la columna “Sin remitente” en el diario que se conoce por su posición contraria al gobernador Manuel Andrade. El 17 de noviembre, el recién electo diputado local, Saúl Rubio Ayala, incitó a sus simpatizantes a agredir física y verbalmente a los periodistas Resina Ávila y Alonso Sánchez, del periódico El Debate de Guasave, Sinaloa, quienes tuvieron que ser protegidos por policías para abandonar el lugar. Rubio Ayala condenó publicaciones del diario, insultó a los dos periodistas e incendió ejemplares del mismo.

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