NICARAGUA

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El Recurso por Inconstitucionalidad, interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, contra la Ley No. 372 (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua) sigue sin resolverse. Las dos asociaciones gremiales de periodistas (UPN y APN) no han podido hasta ahora ponerse de acuerdo para levantar el registro y convocar al congreso del Colegio, que manda la Ley. Más bien, en las últimas semanas surgió una contradicción en la APN pues algunos de sus miembros y directivos dicen que no se les ha consultado y que se necesita modificar los estatutos de la asociación para poder colegiarse, además de que no está claro cómo se administrarán los fondos creados por el beneficio de dos sorteos anuales de la Lotería Nacional, que establece la Ley. En diciembre del 2003 la Juez Local del Crimen de Chinandega absolvió a la periodista Carol Murguía, corresponsal de La Prensa en esa ciudad, quien enfrentaba una acusación por injurias y calumnias debido a la publicación de una noticia que se originó en Santa Ana, El Salvador cuando fueron detenidos por la policía de ese país dos personas chinandeganas. La corresponsal Munguía demostró que obtuvo la información por la edición en Internet del diario de San Salvador La Prensa Gráfica, y que además fue corroborada por la Policía Internacional (INTERPOL) y la Policía de Chinandega. El 22 de octubre del 2003, la periodista de El Nuevo Diario, Eloísa Ibarra, fue impedida por la juez Juana Méndez de entrar a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde el ex presidente Alemán guardaba prisión y en ocasión de que la prensa nacional cubriría la entrega al reo, por parte de la juez, de un teléfono celular para su comunicación personal, que un día antes le había sido retirado por orden del Ministro de Gobernación. “Amor con amor se paga”, fue la explicación que dio la juez Méndez, al prohibir la entrada de la periodista Ibarra, a la que acusó de “manipular la información”, refiriéndose a un artículo sobre la funcionaria judicial que había sido publicado el día anterior por la periodista Ibarra, quien intentó conocer por qué se trata de manera diferenciada a los procesados que están a la orden Méndez; y por qué a una mujer pobre no se le ha permitido la libertad condicional a pesar de su drama familiar y de que se encuentra en deplorables condiciones de salud. Ese mismo día el camarógrafo del Canal 2 de TV, Raúl Mayorga, fue golpeado por simpatizantes de la familia Alemán mientras filmaba la salida del ex presidente de un oficio religioso por el primer aniversario de la muerte del hijo del ex Presidente, Arnoldo José. Durante la misa algunos asistentes exigieron que los periodistas fueran retirados, después de empujarlos e insultarlos porque daban cobertura al evento noticioso. El 10 de febrero, fue asesinado por medio de varios disparos de una pistola, el periodista Carlos José Guadamuz Castrillo, quien hacía unos controversiales comentarios por radio y televisión contra diversas personalidades del país y era disidente y férreo crítico del sandinismo y personalmente del ex presidente Daniel Ortega, del precandidato por el FSLN a Alcalde de Managua Dionisio (Nicho) Marenco y del jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) durante el régimen sandinista. El asesinato fue perpetrado en la entrada al Canal 23 de Televisión, donde Guadamuz alquilaba un espacio de opinión llamado “Dardos al Centro”. El acusado, William Augusto Hurtado García, perteneció a la DGSE de la que supuestamente en 1987 desertó y por lo que estuvo preso dos años, pero siguió siendo del FSLN. Hurtado esperó a su víctima en la acera del canal de televisión, sentado en una jardinera, y cuando Guadamuz se acercó acompañado de su hijo de 16 años, de nombre Shelim, el matón vació su revólver, que llevaba escondido bajo un periódico, mientras retrocedía hacia un callejón por donde suponía que escaparía con un vehículo que estaría en la calle siguiente, pero el asesino tropezó en una pequeña zanja, mientras el hijo de la víctima le tiraba un bolso de mano, y se le echó encima mientras otras personas le ayudaron a retenerlo hasta que llegaron agentes de la Policía. El arma que usó Hurtado para asesinar a Guadamuz fue una Tauro calibre 38, que pertenecía a otro ex miembro de la DGSE, el abogado Luis Alfredo García González, quien declaró que la había comprado en un almacén de armas del Ejército de Nicaragua. El abogado fue encausado como cómplice del asesino. Hurtado y otros dos acusados -el dueño del arma y la esposa del asesino- fueron llevados ante la Juez Suplente Regina Escobar, y durante los 40 minutos que duró la audiencia aquel se declaró culpable “intelectual y material” de los hechos, pero rechazó la tipificación de asesinato que le imputa la Fiscalía. Dijo que se trató de un homicidio doloso y pidió a la juez que así lo tipificara y aceptara su declaración “pública y libre de presiones”. Hurtado, de acuerdo con el Código Procesal Penal, renunció al juicio de derecho y pidió ser condenado de inmediato, lo que significa cerrar el caso de inmediato. Esto fue rechazado por la juez. Los motivos expresados por Hurtado para matar a Guadamuz fueron que el periodista era “ofensivo” en sus programas de televisión y radiales, y que deshonraba a los “caídos en la lucha y líderes revolucionarios” que para el homicida son sagrados. La juez Regina Escobar rechazó la declaración por falta de credibilidad, lo mismo que la petición de sobreseimiento para su esposa Yadira Membreño y la solicitud de arresto domiciliar para el dueño del revólver, Luis García. La juez mantuvo la acusación por el delito de asesinato contra Carlos Guadamuz, y de homicidio frustrado en la persona de Shelim Guadamuz, y fijó el juicio oral y público para el 15 de abril próximo. Carlos Guadamuz, durante la dictadura somocista estuvo preso 7 años con Daniel Ortega. Después fue su íntimo colaborador durante el régimen sandinista, y se desempeñó como director de la estatal Radio Nacional. Al perder las elecciones en 1990, el Frente Sandinista le encomendó crear, con parte de los equipos de Radio Nacional, una radioemisora del FSLN, la cual instaló con el nombre de Radio Ya y tuvo mucho éxito, colocándola en el primer lugar en audiencia de últimas noticias, sobre todo las de carácter popular. Al mismo tiempo, Guadamuz era implacable en sus comentarios contra los adversarios y enemigos del FSLN, pero especialmente contra los disidentes de ese partido. Por su parte el Fiscal General de la República, a petición de la familia del periodista asesinado, asignó un fiscal para reabrir la denuncia de Guadamuz que ya se había archivado. El 13 de febrero, el Jefe de Información de La Prensa, Fabián Medina recibió amenazas de muerte de parte de desconocidos que por medio del correo electrónico le manifestaron inconformidad con su columna semanal “En letra pequeña”, publicada el día anterior. Las amenazas coincidieron con una llamada telefónica anónima alertando sobre una supuesta bomba en el Canal de Televisión 100% Noticias. La Policía no ha avanzado nada en las investigaciones. Solamente ha dado a conocer lo que La Prensa ha publicado previamente, y por eso los familiares del periodista asesinado pidieron una investigación de la Asamblea Nacional, que ya se inició a través de la Comisión de Derechos Humanos. Según declaraciones de su presidenta, diputada Auxiliadora Alemán (no es familiar del ex presidente de Nicaragua, pero sí de su mismo partido), recibió el testimonio de una persona, cuya identidad no revela para proteger su vida, que compromete a “prominentes” personajes políticos del país, según declaró.

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