COSTA RICA

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Durante este período los tribunales retomaron la Ley de Imprenta de 1902 para imponer directamente penas de prisión por delitos contra el honor. Aunque esas penas fueron mitigadas por la conmutación y la ejecución condicional, su potencial inhibidor de la libertad de expresión es dramático. En consecuencia, la autocensura campea en las salas de redacción. Las detenciones de los presuntos participantes en el homicidio de Parmenio Medina Pérez permiten albergar la esperanza de que el juicio esclarezca por completo el asesinato, pero la muerte de Ivannia Mora Rodríguez abre un nuevo caso que exige vigilancia para que no quede en la impunidad. El 23 de diciembre de 2003 la periodista Ivannia Mora Rodríguez fue asesinada por dos motociclistas que dieron alcance a su auto cuando transitaba por la zona de Curridabat, en San José. El 28 de diciembre la policía detuvo a un empresario con quien Mora había laborado hasta poco antes del homicidio, pero el hombre fue puesto en libertad por falta de pruebas. Las características del crimen indican que se trata de un homicidio pagado. El 27 de diciembre de 2003 el sacerdote Mínor de Jesús Calvo Aguilar y el empresario Omar Luis Chaves Mora fueron detenidos como presuntos autores intelectuales del homicidio de Parmenio Medina Pérez, periodista asesinado por sicarios el 7 de julio del 2001, cuando llegaba a su casa. Contra los detenidos se dictaron seis meses de prisión preventiva y la Fiscalía se manifiesta segura de haber resuelto el caso. Se espera que en las próximas semanas los fiscales formalicen la acusación. Calvo y Mora se suman a otros tres sospechosos de participación en el crimen: Luis Aguirre Jaime, alias “El Indio”, acusado como autor material, Andrés Chaves Matarrita, acusado de prestar colaboración a los asesinos y John Gutiérrez Ramírez, acusado de mediar entre los homicidas y los autores intelectuales. Según la Fiscalía, César Murillo, conocido como Nicho, también participó como autor material, pero falleció a manos de la policía cuando intentaba asaltar un banco en compañía de Aguirre y Chaves Matarrita. El 20 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes que celebrará audiencia el 30 de abril y 1 de mayo para escuchar alegatos en el caso del periodista de La Nación, Mauricio Herrera Ulloa. La condena contra Herrera y La Nación, ratificada el 24 de enero del 2001 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, responsabilizó al periodista de cuatro delitos de publicación de ofensas en perjuicio de Félix Przedborski, ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los reportajes de Herrera dieron cuenta de numerosos cuestionamientos hechos al ex embajador en la prensa europea y recogieron datos adicionales sobre la conducta del ex funcionario. Herrera fue condenado a 120 días multa y al pago de ¢60 millones (unos $200.000) como reparación civil. La Nación fue condenada solidariamente en lo civil. También se ordenó al periódico publicar el “por tanto” de la sentencia y eliminar de su versión digital los enlaces entre el apellido Przedborski y las publicaciones que causaron la demanda. En lugar de esos enlaces, La Nación debe crear otros entre el apellido del ex funcionario y la parte dispositiva de la sentencia condenatoria. El nombre del periodista, en cambio, debe ser inscrito en el Registro Judicial de Delincuentes. En la demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que “la utilización de la figura penal es desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática y constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión”. También cuestiona que el sistema judicial costarricense atribuya al periodista la responsabilidad de demostrar la verdad de los hechos publicados y califica como una “imposición” la orden de eliminar los enlaces entre La Nación Digital y las publicaciones sobre Przedborski y sustituirlos por enlaces con la parte dispositiva de la sentencia condenatoria. Una decisión de la Corte sobre los puntos reseñados podría tener alcances históricos para la libertad de expresión en las Américas. Así lo han entendido la SIP, el Comité para la Protección de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente de Argentina y prestigiosos medios de comunicación que ya presentaron o están por presentar escritos de amicus curiae en apoyo de la demanda de la Comisión. El 21 de febrero Gabriela Chaves Pérez, periodista del Diario Extra, fue condenada a diez días de prisión con beneficio de ejecución condicional de la pena y al pago de 28 millones de colones de indemnización, por un reportaje que daba cuenta de la manipulación de una foto en Internet para hacer creer que las bailarinas de un popular programa de televisión habían posado desnudas. El periódico denunció que la foto falsificada también se vendía en las calles. Los jueces determinaron que el periódico dijo la verdad, pero encontraron que afectó el honor de las bailarinas al publicar la foto adulterada. El 23 de febrero Marcos Leandro Camacho, periodista del Diario Extra, fue condenado a treinta días de prisión con conmutación de la pena por multa y el pago de diez millones de colones de indemnización por un reportaje en que daba cuenta de la disconformidad de una comunidad con el director de la escuela local. El tribunal reprochó al periodista la reproducción de fuertes manifestaciones de los dirigentes que criticaban al director. En un reportaje posterior, el periodista utilizó datos y declaraciones de los anteriores para contextualizar la información. Los jueces determinaron que al citar esos elementos, los hizo suyos y así incurrió en difamación. El 2 de marzo José Luis Jiménez Robleto, periodista del Diario Extra, fue condenado a cincuenta días de prisión con el beneficio de ejecución condicional y el pago de siete millones de colones de indemnización por un reportaje sobre una funcionaria del Instituto Mixto de Ayuda Social acusada de irregularidades con fondos públicos. A la fecha del reportaje, la funcionaria no había sido enjuiciada. Posteriormente, fue sobreseída y querelló al periódico. La comisión especial sobre libertad de expresión de la Asamblea Legislativa, que estudia ocho proyectos de reforma a las normas que afectan las libertades de expresión y de prensa, aceptó integrar un representante de la prensa a sus sesiones. El proceso es lento y los debates intensos, pero se abre la esperanza de que la Comisión dictamine un informe que, si bien no llena las aspiraciones de los defensores de la libertad de expresión, podría significar algún progreso.

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