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Canadá
8 de mayo de 2013 - 20:00
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Varias disposiciones de la ley antiterrorista promulgada en diciembre de 2001 han sido enérgicamente criticadas por las organizaciones de prensa debido a su redacción y posibles consecuencias para la libertad de expresión.
La legislación modifica diversas leyes vigentes, incluyendo el Código Criminal, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Defensa Nacional. Algunas de las disposiciones ponen en tela de juicio la protección de las fuentes informativas. Una reforma de la Ley de Defensa Nacional faculta al ministro de Defensa para autorizar a la Dirección de Seguridad en las Comunicaciones (CSE) a que intercepte las comunicaciones privadas entre Canadá y otros países con el fin de conseguir información relacionada a asuntos internacionales, defensa o seguridad. De esta manera, se podría violar la confidencialidad de las comunicaciones entre periodistas y sus contactos en el exterior.
La nueva ley también permite que una persona respecto de la cual existan "fundamentos razonables para creer que tiene información directa y material vinculada a un delito de terrorismo" sea llamada por un juez para que divulgue dicha información. Quien rehúse cumplir esa orden podría enfrentar hasta un año de prisión.
La nueva Ley de Seguridad de la Información, antes conocida como Ley de Secretos Oficiales, establece condenas de hasta cadena perpetua por la entrega de información delicada a cualquier tipo de organismo extranjero o grupo terrorista.
Los partidarios de la libertad de prensa ven esta nueva legislación como una forma de limitar el acceso a la información, lo cual probablemente provoque disensión clandestina y socave la confianza en las fuerzas de seguridad de Canadá. Otorgará al gobierno federal y a las autoridades policiales facultades extraordinarias que podrían utilizarse con propósitos no vinculados a la lucha contra el terrorismo.
Recientemente la Corte Suprema de Canadá aclaró que en circunstancias limitadas los periodistas pueden reclamar un privilegio calificado para sus fuentes de información. La Corte estableció que, aun cuando no exista un privilegio de grupo para las fuentes del periodista, esas fuentes pueden protegerse en cualquier caso que se cumpla una prueba de cuatro partes: (1) la comunicación fue confidencial; (2) la confidencialidad es esencial para mantener la relación entre el periodista y su fuente; (3) la comunidad tiene interés en mantener la relación, y (4) el daño sufrido por esa relación sería mayor que el beneficio del proceso de revelar la fuente.
Se pueden ordenar vedas de publicación bajo una autoridad estatutaria o la ley común. Una decisión de la Corte Suprema de Canadá confirmó que esas prohibiciones de publicación de ciertos temas deben ser consecuentes con la Carta de Derechos y Libertades y que los medios de información, como partes interesadas, tienen el derecho de ser notificados por todos los solicitantes de vedas de publicación y tienen la capacidad de cuestionar esas medidas. Ahora, las cortes rutinariamente ordenan que se notifique a los medios sobre los cuales existan esas solicitudes de prohibición, y hay un par de provincias que están elaborando sistemas para confirmar que los medios reciban notificación de las vedas de publicación emitidas.
Recientes reformas al Código Criminal de Canadá ordenan que un tribunal en asuntos criminales emita una veda de publicación para proteger la identidad de las víctimas y de los testigos. Hasta entonces, los casos decididos antes y después de la Carta subrayaban la importancia de la justicia abierta y rehusaban permitir dichas prohibiciones de publicación a menos que fuera necesario por cuestiones de seguridad. Es probable que estas disposiciones u órdenes emitidas sean cuestionadas en el marco de la Carta.
El gobierno de Canadá y la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales están obligados bajo la ley de libertad de la información a proporcionar al público acceso a información que esté bajo control del gobierno. La legislación establece el procedimiento para solicitar dicha información y señala pautas sobre la forma, momento y tipo de información que se puede conseguir. Los datos conseguidos en el marco de la legislación sobre libertad de información son considerados "documentos públicos" y, por lo tanto, son base para la defensa del privilegio calificado.
La legislación entró en vigencia hace 16 años para permitir que el público mantuviera bajo observación las actividades del gobierno. Sin embargo, en junio de 2001 el comisionado de información federal acusó al primer ministro y a sus más cercanos funcionarios de subvertir la Ley de Acceso a la Información. Una acusación similar fue planteada por el comisionado de información de Ontario. En el tercer trimestre de este año debe conocerse un informe preparado por un grupo federal de trabajo que tiene que ver con la Ley de Libertad de Información.
