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Argentina

8 de mayo de 2013 - 20:00
La grave situación económica y política que padece el país ha repercutido duramente. Desde diciembre pasado, cuando el creciente malestar social produjo la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa y se comenzaron a producir expresiones callejeras se han sucedido las agresiones, amenazas e intimidaciones contra periodistas. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina denunció que "desde el comienzo de los cacerolazos, los trabajadores de prensa, y entre ellos de manera especial camarógrafos y reporteros gráficos, fueron víctimas habituales de la brutalidad policial". La entidad gremial enumeró los casos de periodistas y reporteros gráficos que resultaron heridos durante el accionar policial en los últimos meses. Entre esos casos nombró a: Gustavo Fidanza y Hernán España (Diario Popular), Marcelo Baiardi, Diego Levy, Sergio Goya y Pablo Cerolini (Clarín), Marcos Adandia (Noticias Argentinas), Javier Moreno (Fotobaires), Fabián Marelli y Carlos Barria (La Nación), Alejandra Brattin y Luciano Thieberger (Crónica), y los periodistas independientes Walter Astrada, Enrique Medina, Leonardo Zavattaro, Verónica Mastrosimone y Daniel Bobadilla. Osvaldo Logares, periodista del canal de cable TN, fue atacado por manifestantes durante una concentración frente a los tribunales porteños. José Stellato, periodista de Radiodifusora Tandil, sufrió un atentado incendiario que destruyó totalmente su automóvil. El 11 de enero, Claudio Andrés De Luca, periodista de la FM Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, fue agredido por un grupo de manifestantes mientras cubría una movilización convocada por el sindicato de trabajadores municipales de esa ciudad. En la localidad de Capitán Bermúdez, al norte de Rosario, el mismo día el periodista Ricardo Martín Oeschger, de la emisora FM Paraná, denunció que al retirarse de la radio en su auto fue seguido por un vehículo desde el cual le efectuaron varios disparos. El periodista Julio Rodríguez, corresponsal del diario Clarín en la provincia de Santiago del Estero, denunció que recibió amenazas de muerte contra su familia. Rodríguez consideró que la amenaza se debe a una investigación periodística que realiza sobre posibles actos de corrupción en la provincia. A fines de noviembre de 2001, la periodista Verónica Cesari, del diario Los Andes, de Mendoza, recibió amenazas en su domicilio, que también se extendieron a su familia, además de padecer agresiones y seguimientos intimidatorios. Dichas amenazas comenzaron luego de la publicación en la sección política del rotativo mendocino de una investigación que Cesari realizó, junto a otros colegas, sobre supuestas irregularidades en el desempeño de las funciones de Roberto Lucas, ex presidente del Concejo Deliberante del departamento de General Las Heras. El 5 de noviembre, tres periodistas del diario La Opinión, de Trenque Lauquén, fueron agredidos mientras cumplían su labor en el distrito de Rivadavia. El jefe de Redacción de La Opinión, Eduardo A. Falcón, el periodista Dardo Lambertt y el fotógrafo Hugo Tiseira se hallaban en el lugar para fotografiar el momento en que un grupo de vecinos de Rivadavia rompía una compuerta de un canal que regula el paso de agua hacia la localidad de Vidania, en el distrito de Trenque Lauquén. La zona se encuentra inundada desde largo tiempo atrás. La denuncia del diario agrega que unas 50 personas agredieron a los periodistas y les robaron una cámara digital y otros efectos personales. Ana Paula Far Puharre, fotógrafa de la revista Noticias fue agredida por desconocidos durante el acto de reasunción de Carlos Saúl Menem como presidente del Partido Justicialista. En reiteradas ocasiones, esta vicepresidencia llamó la atención ante distintos foros, principalmente la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre la maniobra denominada "Lavado de Dinero", que alcanzó tal magnitud en Argentina que la Cámara de Diputados de la Nación creó una comisión especial que investigó el asunto. A fines del 2001, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación concluyó su labor sobre el lavado de dinero en la adquisición de medios de comunicación emitiendo varios informes. El informe de la primera minoría, integrada por la presidenta de la Comisión, Elisa Carrió, y otros tres diputados, como el de los diputados radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer (lo que implica la mayoría de la comisión) coincidieron en señalar serias irregularidades que, según documentos oficiales, se detectaron en el sector de los medios de comunicación. Principalmente, las denuncias estuvieron referidas al origen desconocido de los fondos utilizados para adquirir empresas del sector que permitieron formar grandes conglomerados. Por otra parte, se remarcó la utilización de triangulaciones para transferir el dinero lavado al exterior, para luego repatriarlo como préstamos que fueron utilizados en esas adquisiciones. En diciembre, la diputada Carrió, remitió a esta Sociedad y a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) el capítulo de las conclusiones de su informe en lo referente a medios de comunicación. En la presentación de su informe final, Carrió, acompañada por el vicepresidente Gustavo Gutiérrez y los diputados Graciela Ocaña y José Vitar, señalaron expresamente que existió "una organización, una ingeniería financiera para sacar e introducir dinero en el país", que penetró en los medios de comunicación. En esa conferencia de prensa, el diputado Gutiérrez sostuvo: "lo vamos a decir con todas las letras, acá hubo una competencia de estos fondos de inversión para comprar medios de comunicación, canales (de TV) por cable, canales abiertos, radios AM y FM, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, diarios, revistas". En el informe de 12 páginas distribuido por Internet, en el capítulo V, llamado "Dinero oculto e inversiones en el país", bajo el título "Supercanal, El grupo Vila-Manzano", los legisladores documentaron las sucesivas compras, ventas y fusiones de las empresas del conglomerado y concluyeron: "Este crecimiento exponencial que ha tenido el Grupo Vila en el sector de los medios de comunicación masiva ha despertado una serie de interrogantes en los tres poderes del Estado: en el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN, en la Justicia a través de una investigación abierta en la provincia de Mendoza y en el Poder Legislativo a través de la Comisión Especial Investigadora." "De la lectura de los informes surgen distintas conclusiones, coincidiendo todas en la falta de demostración del origen de los fondos, así como la ruta de los mismos, utilizados en la operatoria de financiamiento de conformación de este grupo multimedios." El informe de los diputados radicales, al abrir la parte referida a los medios de comunicación, cita textualmente la exposición de Luis F. Etchevehere, ante la última Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, cuando advirtió que "la penetración del dinero lavado en el seno de los medios de comunicación social entraña el mayor peligro que se cierne sobre la prensa libre". Pernasetti y Stolbizer destacaron también algunos de los "hallazgos" denunciados por la SIGEN y el COMFER, relacionados "esencialmente con la situación patrimonial de las empresas del sector y la sospecha que recae sobre el origen de los fondos de inversión en los distintos medios de comunicación". En el informe fueron analizados algunos grupos de medios. Grupo Supercanal (Vila/Manzano): en las transferencias de su propiedad, en base a información de la SIGEN, "se advierte una promiscua relación entre empresas licenciatarias, sus vinculadas, integrantes de éstas y el manejo de las "offshore" que ha sido claramente el instrumento "legal" utilizado para el fraude. Citan, además, algunos expedientes donde se da cuenta de las sucesivas y sospechosas compras y ventas por valores millonarios entre empresas de muy exiguo capital inicial. Grupo Teledigital: los diputados indicaron que "advierten la SIGEN y el COMFER sobre otras operaciones y tramitaciones irregulares". También fueron analizados el Grupo Cablevisión y Grupo Multicanal, sin formular mayores detalles. Entre las conclusiones, los legisladores expresaron que el proceso de concentración de los medios de comunicación en un número reducido de grupos económicos "evidencia sucesivas transferencias de titularidad de acciones de una sociedad a otra, de ésta a una tercera y así sucesivamente, fusiones por absorción y sociedades que se disuelven sin liquidar, sin que los administrados terminen de acompañar toda la documentación necesaria para resolver una transferencia antes de presentar la siguiente... "En los expedientes y a modo ejemplificativo ... se observan importantes movimientos de capitales invertidos en medios... "En los expedientes... se observa participación de empresas constituidas en los llamados "paraísos fiscales", bancos de ese mismo origen, falta de datos concretos en cuanto a la identidad de quienes realizan importantes aportes irrevocables en las distintas sociedades, entre otras cuestiones".

FUENTE: nota.texto7

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