Bolivia

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BOLIVIA Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 Las libertades de prensa y expresión se encuentran gravemente amenazadas. Un proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por el oficialismo en un proceso lleno de irregularidades, causantes de la mayor crisis que vive este país, contiene un artículo destinado a coartar esas libertades. El Artículo 108, en su inciso II establece que “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”. Cualquier condición que se ponga a una libertad, es simplemente eliminarla, más aun si este tipo de condicionamientos son de carácter subjetivo y abren las puertas para la arbitrariedad de autoridades que califiquen lo que es veracidad y responsabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al interpretar la Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión, advirtió que “no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor”. Esto significa que la libertad de expresión protege incluso la información denominada “errónea” que la CPE, que será sometida a referendo en Bolivia, pretende desconocer. Este artículo contra el que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia está luchando, parece el epílogo de una estrategia del gobierno del presidente Evo Morales para acabar con la prensa libre, a la que a poco de iniciar su mandato, califico como su “principal enemigo”. La ANP sigue esperando hasta la fecha, una respuesta al oficio enviado a la Asamblea Constituyente en el que hace constar su rechazo del amenazante artículo. La situación de la libertad de expresión se ha deteriorado en el último año como consecuencia de esa presunta estrategia de primero desprestigiar a la prensa, para después controlarla. El gobierno, incluyendo al presidente y sus ministros, acusa, sin respaldo, a la prensa de mentir, de estar en afanes conspirativos y de defender a las que califica como oligarquías opositoras. A los periodistas los acusa de estar vendidos a la embajada de los Estados Unidos, de ser mentirosos y de estar contra el gobierno. El 18 de marzo, causó revuelo en el país, una carta de la Superintendencia de Telecomunicaciones enviada a 1.060 estaciones de televisión y de radio, que fue considerada por asociaciones de medios y periodistas como una nueva muestra de la escalada gubernamental en contra de la libertad de prensa. Firmada por el superintendente Jorge Nava, la carta formula advertencias sobre la imposición de multas de 50 a 25 días o inhabilitación temporal de 25 a 125 días aquellos medios que emitan subliminalmente “propaganda o mensajes, en publicidad o programas, durante todo el tiempo de la trasmisión”. Más grave aún, la misiva advierte que será sancionada “la emisión de informaciones que, aún siendo auténticas, puedan dañar o alarmar a la población por la forma u oportunidad de su difusión”. Algunos medios de prensa reportaron que ministros del Gobierno rechazaron que la Superintendencia hubiera actuado por iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, el periodismo independiente, por el hecho de pertenecer al sector privado, es el blanco de los ataques del oficialismo al verse como adversario de su ideología política de supuesto carácter socialista o comunista. Los periodistas están permanentemente expuestos a insultos humillantes de simpatizantes del gobierno en cualquier acto público o al cubrir marchas de grupos sociales. Durante el último “cerco” de organizaciones sociales al Congreso, en febrero, tendido para evitar el acceso de parlamentarios opositores al Parlamento que impidan la aprobación de las leyes sobre el referendo de la nueva CPE, periodistas y camarógrafos que cubrían las agresiones a una diputada opositora, fueron también blanco de insultos. En la primera semana de marzo, dos periodistas del canal de televisión Bolivisión, que cubrían el linchamiento de tres policías asesinados a palazos y colgados, fueron también agredidos por la población enfurecida, en el poblado de Epizana, en el centro del país. Ambos periodistas se salvaron de ser linchados. Esos actos de violencia, llevaron a directores de medios y periodistas de la ciudad de Cochabamba, a salir a las calles, en una marcha que exigía al gobierno garantías para ejercer el periodismo. En la primera semana de marzo, un grupo de simpatizantes del gobierno acorraló a una periodista del diario La Razón, la insultó y amenazó con violarla. Minutos antes, ese grupo intentó dispersar a pedradas a una concentración de “pacifistas” en una plaza de La Paz, donde pretendió arrebatar filmadoras a camarógrafos de canales de televisión. Alentados por los ataques verbales contra la prensa y asumiendo que los medios están contra el gobierno, grupos oficialistas atacaron a pedradas cuatro edificios de estaciones de radio y televisión. Durante los disturbios de noviembre, en Sucre, donde la población demandaba a la Asamblea Constituyente el reconocimiento de esa ciudad como capital plena del país, los periodistas fueron agredidos por uno y otro sector en pugna. La policía convocó a una conferencia de prensa y los periodistas que acudieron a ella fueron agredidos a puntapiés y puñetazos por los uniformados. La policía, aunque luego pidió disculpas, acusó a algunos medios radiales de haber alentado los disturbios incitando a la población a salir a las calles. En un manifiesto intento por uniformizar la información a su favor, el gobierno está instalando, con el apoyo económico venezolano una cadena de 30 radioemisoras en áreas rurales del país. Se apresta también a instalar una cadena de canales de televisión, financiada por el gobierno de Irán, con el mismo propósito. Al anunciar la instalación de la cadena radial, el entonces superintendente de Telecomunicaciones, Cliford Paravicini, anunció que servirá para difundir la acción gubernamental y para contrarrestar a los que el gobierno considera medios opositores. La filial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) denunció que la Dirección de Comunicación Social del Gobierno advirtió a las radios comunitarias independientes que solo les renovará sus licencias si se comprometen a transmitir en cadena los informativos de la estatal Radio Patria Nueva. El país ya tiene una amarga experiencia de estas cadenas de difusión radial de informativos gubernamentales impuesta por las dictaduras militares de las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

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