Chile

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CHILE Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 En este período una serie de iniciativas legales ha afectado la libertad de prensa. Se completó el trámite en el Congreso de la Ley de Acceso a la Información Pública y sólo falta el pase del Tribunal Constitucional para su promulgación. Intentos anteriores fueron decepcionantes pues siempre se encontraron mecanismos de excepción que terminaron convirtiéndose en la regla. Pero el actual proyecto no surgió del gobierno y, además, se presentó después de la reforma constitucional de 2005 que declaraba públicos “los actos y resoluciones de los órganos del Estado” y dejaba establecido que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto” si se cumplen ciertos criterios. En la nueva ley se detallan los procedimientos de acceso a la información y las sanciones por denegar de manera injustificada su publicidad. Su mayor innovación es el Consejo para la Transparencia, órgano especializado y con capacidad sancionadora destinado a fiscalizar la observancia de la ley y a defender el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Existen algunas dudas acerca de la efectividad de la nueva ley debido a las causales de excepción que establece. Si la Constitución era tajante en que se requería una ley de quórum calificado para mantener la reserva de cierta información, la ley no lo es tanto al señalar disposiciones de carácter general que podrían amparar al Jefe Superior de un órgano o servicio público que niegue la información. Peor todavía, en un artículo transitorio, declara que se entiende que cumplen la exigencia del quórum calificado los preceptos legales dictados antes de la reforma constitucional. Es decir, la vieja estructura del secretismo queda incólume. Además, le asigna carácter indefinido al secreto que guarde relación con la defensa nacional o con ciertos aspectos de las relaciones internacionales. Las encuestas y sondeos que encarguen los órganos del Estado serán reservados hasta que finalice el período del gobierno en el que se ejecutaron. En definitiva, será la composición del Consejo de Transparencia lo que dilucidará la importancia de esta ley, que puede facilitar el acceso a la información o bien puede constituir una nueva decepción. El 4 de marzo dos diputados presentaron un proyecto de ley que introduce reformas al Código Civil, al Código Penal y a la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, con el objeto de “profundizar la protección del honor, la honra y la imagen de la persona frente a los atentados que constantemente sufren”, en particular en lo relativo a las informaciones de naturaleza judicial. La propuesta apunta a introducir una suerte de responsabilidad objetiva, de modo de facilitar que se tipifique el delito de injuria y se abra paso a la consiguiente reparación indemnizatoria. Se está en presencia, una vez más, de una iniciativa que, apoyándose en la defensa de la dignidad de las personas, aspira a reducir el campo de acción de la labor periodística. El 12 de enero la Corte de Apelaciones de Talca confirmó, con modificaciones, la sentencia de primera instancia del 7 de agosto de 2006, y condenó a la Empresa Periodística El Centro S.A. a indemnizar a una mujer con la cantidad de 20 millones de pesos por el daño moral que le causó la información sobre la sentencia dictada en la querella criminal iniciada por ella contra un individuo que la había violado. En la información se identificó a la víctima. La sentencia se basó en un artículo de la ley que prohíbe la divulgación de la identidad de las víctimas de delitos sexuales. La defensa del diario argumentó que según el Código Procesal Penal, las audiencias del juicio oral son públicas, salvo que, a petición de parte y por resolución fundada, se adopten algunas las medidas pertinentes, solicitud que la demandada no hizo. La sentencia de la Corte de Apelaciones se detiene en la argumentación del diario pero declaró que tal situación “resulta valedera tan sólo respecto al conglomerado a que tal expresión es aplicable, esto es, a los intervinientes y eventuales espectadores de las respectivas audiencias del juicio”. Ha quedado de manifiesto en este caso la existencia de serias incongruencias entre la ley de prensa y el Código Procesal Penal. Durante la larga elaboración de la primera se hizo presente, en reiteradas ocasiones, la necesidad de adecuarla al nuevo diseño del procedimiento penal, que por entonces estaba en preparación, advertencia que fue ignorada por el Congreso Nacional. La Comisión Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, creada por la Cámara de Diputados hace un año, continuó reuniéndose de manera ocasional y recibiendo testimonios de diversas personas, en especial sobre la concentración de medios periodísticos y los posibles efectos de ella en la libertad de información. Aún no elabora su informe final de conclusiones que debió haber sido entregado hace ya seis meses.

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