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BRASIL Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 En estos dos últimos dos meses se han dado dos hechos particularmente importantes, uno de ellos de carácter positivo, protagonizado por el más alto tribunal de justicia de Brasil. Se trata de la decisión del magistrado Carlos Ayres Britto, del Supremo Tribunal Federal, de emitir una medida cautelar revocando parte de la Ley de Prensa vigente desde el régimen militar, alegando que ésta viola una serie de preceptos constitucionales. En la práctica, este dictamen paraliza ciertos procesos y dictámenes judiciales fundamentados en artículos de la Ley de Prensa que han sido revocados por el referido magistrado, tal como la pena de prisión para los periodistas acusados de calumnia, injuria, o difamación, delitos ya tipificados en el Código Penal. En su dictamen, el magistrado Ayres Britto refiere que “la prensa y la democracia, según el orden constitucional vigente en el Brasil, son hermanas siamesas”, y que “en nuestro país, la libertad de expresión es la mayor expresión de libertad, ya que cualquiera puede decir lo que quiera”. En otra parte de su dictamen afirma que “la actual Ley de Prensa no parece ceñirse a los estándares de democracia y prensa que se esbozaron en las reuniones de nuestra Asamblea Constituyente de 1987/1988”. “Muy por el contrario, sigue el modelo prescriptivo que el propio Supremo Tribunal Federal considera relacionado a un orden constitucional (el de 1967/1969) que prácticamente no tiene nada que ver con el actual”. Autor de la acción promovida por el PDT, que resultó en el presente dictamen, el diputado federal Miro Teixeira ha dicho que la Ley de Prensa “fue impuesta a la sociedad en 1967 por la dictadura militar” y que ésta contiene dispositivos totalmente incompatibles con el Estado Democrático de Derecho. “La norma legal impugnada es producto de un Estado autoritario, que restringió violentamente las libertades civiles en general, y la libertad de comunicación en particular”, dijo Miro. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia todavía no dicta sentencia sobre el mérito de otra sección no vigente, por ahora, que aprueba la censura de espectáculos y actos de divertimento públicos. También quedaron suspendidos los artículos que autorizan la posibilidad de confiscar periódicos y que prohíben a personas extranjeras ser propietarios de empresas de comunicación en Brasil. Lamentablemente, el otro hecho saltante muestra una de las peores caras del cercenamiento de la libertad de expresión. Se trata de un conjunto de acciones judiciales orquestadas por un grupo de pastores y feligreses de la Iglesia Universal del Reino de Dios contra el diario Folha de S. Paulo debido a un reportaje titulado “Universal cumple 30 años como imperio empresarial”, publicado el pasado 15 de diciembre. Tal como lo destaca el periodista Júlio César Mesquita, director del Comité de Libertad de Expresión de la Asociación Nacional de Diarios (ANJ), estas acciones judiciales que alegan daños morales sufridos por los feligreses de la Iglesia Universal, también tienen la clara intención de inhibir el ejercicio del periodismo. “Son obviamente el resultado de un planeamiento con idénticos argumentos, estrategias y objetivos. Promover un sinnúmero de acciones judiciales desde diversos puntos del país, es una táctica que demuestra la verdadera intención de causar problemas para diarios y periodistas, los cuales se ven obligados a comparecer y defenderse ante los tribunales en decenas de ciudades y, por consiguiente, a multiplicar sus costos de defensa. Al provocar estas dificultades, los autores de tales acciones y sus mentores lo que pretenden es inducir a diarios y a periodistas a abstenerse de publicar artículos sobre la Iglesia Universal. Esta es una iniciativa capciosamente grosera que enfrenta el Poder Judicial, el cual podría ser utilizado con intereses ocultos. Felizmente, varios jueces ya han emitido dictamen en contra de tales acciones, denunciando sus verdaderos y condenables propósitos”, escribe Júlio Mesquita en una nota distribuida por la ANJ. Vale la pena recordar que el juez Alessandro Leite Pereira, de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, al emitir sentencia en una de las innumerables querellas interpuestas contra Folha, condenó al propio autor por “litigar de mala fe”. La decisión mostró que todos los pedidos de indemnización, redactados prácticamente en los mismos términos, parten de un mismo origen y tienen un mismo objetivo. El magistrado llegó a la conclusión que se trata de un intento espúreo de poner al Poder Judicial en contra de la libertad de prensa, amenazar el libre ejercicio del periodismo y de privar a la ciudadanía del derecho a ser informada. La siguiente es una relación de otros intentos más recientes de recortar la libertad de expresión: 22 de noviembre de 2007 – El periodista radial João Carlos Alckmin, de Rádio Piratininga, de São José dos Campos (SP) fue víctima de un atentado en el cual le asestaron dos tiros. Al parecer, el ataque estuvo relacionado con un informe que hizo hace cinco años sobre máquinas tragamonedas en la ciudad. 7 de diciembre de 2007 – El juez Hilbert Maximiliano Akihito Obara, de la 18ª Sala Civil de Porto Alegre, prohibió al sitio web Vide Versus divulgar información relativa a la investigación policial sobre una denuncia contra el diputado estatal Alceu Moreira. El juez ordenó al servidor del sitio a retirar todo el material sobre el caso y hasta prohibió al periodista Vitor Vieira, editor de la página web, conceder entrevistas, bajo pena de multa. 14 de diciembre de 2007 – El juez Antônio Carlos de Oliveira Bispo, de la 22ª Sala Civil de Belo Horizonte, impuso censura previa al diario Mosaico, de Itabira, en Minas Gerais. El juez emitió la medida cautelar a solicitud del alcalde de la ciudad, João Izael, quien se sintió ofendido por el material publicado por el referido diario y solicitó al tribunal se impida la publicación de material sobre su persona y su equipo de gobierno, bajo pena de multa diaria de cinco mil reales. 21 de diciembre de 2007 – El juez Luiz Antônio de Godoy, del Tribunal de Apelaciones del Estado de São Paulo, confirmó la medida cautelar de la jueza Tonia Yuka Kôroko, de la 13ª Sala Civil de São Paulo, prohibiendo al periodista Juca Kfouri “ofender” al diputado estatal Fernando Capez. Dicha medida cautelar, se configura como un acto de censura previa, al imponer a cada supuesta ofensa una multa de R$ 50 mil. 21 de diciembre de 2007 – El juez suplente Adriano da Rosa Bastos, de la 1ª Sala Penal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, en un oficio dirigido a 12 medios de comunicación del estado, prohibió la divulgación de “cualquier información” relativa a una acción penal contra un acusado de violación, alegando que se trata de un proceso a puerta cerrada. 10 de enero de 2008 – El juez Joaquim Domingos de Almeida Neto, del 9º Juzgado Especial Penal, de Río de Janeiro, prohibió a cuatro diarios y seis canales de televisión mencionar los nombres de dos estudiantes que, el 4 de noviembre de 2007, agredieron a un grupo de prostitutas en una parada de autobús en dicha ciudad. Según el dictamen judicial, los medios de comunicación inclusive están prohibidos de difundir imágenes de los agresores, bajo pena de multa de R$ 10 mil. 8 de febrero de 2008 - El diputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), más conocido como Paulinho, anunció su intención de querellar en varios estados contra los diarios O Globo y Folha de S. Paulo por publicar reportajes sobre supuestas transferencias de dinero del Ministerio de Trabajo, a cargo del ministro Carlos Lupi, a favor de Força Sindical, la central de trabajadores presidida por el mencionado diputado. La estrategia es la misma utilizada por la Iglesia Universal del Reino de Dios. Paulinho lo admite, pero resalta una diferencia: “Nosotros vamos a asumir la autoría de las acciones; seremos nosotros mismos quienes interpondremos las demandas”. En el caso de la Iglesia, las querellas fueron interpuestas por sus feligreses.

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