Caribe

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CARIBE Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 GUYANA Desde el pasado mes de noviembre unos 29 ministerios y entidades del gobierno, así como empresas estatales vienen retirando sus anuncios del diario privado Stabroek News. Este boicot también ha sido emprendido por la Contraloría General, la Policía de Guyana y las Fuerzas de Defensa de Guyana. En 2007, un equipo regional de medios de comunicación, encabezado por Harold Hoyte, ofreció interceder y asesorar al gobierno en temas relacionados con la justa asignación de publicidad, pero el ofrecimiento fue rechazado. El retiro ha sido ampliamente condenado por empresas locales, sindicatos, ONG así como por organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, tales como la CPU, la SIP e IPI. También se está enviando una carta al CARICOM. Varios diarios regionales han publicado notas editoriales criticando el retiro de publicidad estatal y exigiendo un sistema justo para la asignación de anuncios de gobierno. Este boicot ha sido ampliamente condenado como un ataque a la libertad de prensa destinado a castigar al Stabroek News por su cobertura editorial independiente y crítica sobre la flagrante violación del Artículo 7 de la Declaración de Chapultepec por parte del gobierno. Aparte de este boicot publicitario, la principal queja contra el gobierno, desde el punto de vista de la libertad de prensa, es que éste mantiene un monopolio de la radio y se ha negado a expedir licencias de funcionamiento a estaciones privadas de radio. Fuera de ello, el gobierno mantiene un récord razonablemente bueno en cuanto a la libertad de prensa. JAMAICA En Jamaica se puede ejercer el periodismo en un ambiente libre de restricciones. El 3 de septiembre del 2007, el Partido Laborista de Jamaica (JLP) asumió el mando del país y nombró a una comisión conformada por 12 miembros para que presentara recomendaciones para la modernización de las leyes de calumnia y difamación. Entre los miembros se incluyó a representantes de la Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) y de la Asociación de Medios de Comunicación de Jamaica (MAJ). La comisión presentó su informe a principios de este mes, en el que exige una serie de modificaciones a ley vigente. Los medios estuvieron a favor de que el ordenamiento legal incluya la adopción de la norma Sullivan, mientras que otros intereses manifestaron su oposición a la misma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) había decidido que no examinaría si era justo o no el dictamen en el caso Anthony Abrahams vs. The Gleaner Company y Dudley Stokes (el caso Abrahams), optando, más bien, por delegar tal decisión a los tribunales locales en lo que respecta al monto de los daños. En el 2004, el Dr. Dudley Stokes, ex Director de la Compañía Gleaner, presentó ante la Comisión, en nombre de dicha casa editora, un petitorio contra el Estado de Jamaica, sosteniendo que el dictamen en el caso Abrahams se había basado en el hecho de que la ley nacional no estaba bien desarrollada y ello posibilitaba la emisión de sentencias que amenazaban la existencia de las empresas mediáticas y, por ende, del canal de información más popular en Jamaica. Se sostenía que tal dictamen afectaba, no solamente a la Compañía Gleaner, sino también al pueblo jamaiquino en su derecho a la libertad de expresión y a la recepción de información. En un dictamen de 18 páginas, la Comisión declinó la invitación a examinar tanto el impacto de tal decisión sobre el derecho a la libertad de expresión en Jamaica, así como el marco legal que la facilitaba. Por el contrario, la Comisión prefirió delegar a los tribunales locales la decisión sobre el monto indemnizatorio, por cuanto éstos se encontraban en mejor posición para examinar los diferentes factores a tomar en cuenta con el fin de determinar la idoneidad del dictamen. TRINIDAD No se han presentado cambios que afecten la libertad de prensa que afortunadamente se sigue disfrutando en Trinidad y Tobago con arreglo a las leyes de difamación vigentes en el país. Como estas leyes provienen de la jurisprudencia inglesa, la flexibilización de las mismas en Inglaterra definitivamente afectará las leyes de Trinidad y Tobago. Por ejemplo, recientemente se presentó un caso en Inglaterra cuyo resultado da a los periodistas de investigación mayor protección, ya que ahora un error cometido durante una investigación no constituye de por sí causal de difamación.

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