Ecuador

Aa
$.-
En este período, la actitud agresiva del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado contra la prensa se ha redoblado. Al parecer, como parte de su campaña de dividir y polarizar a los ciudadanos, para de ese modo captar los votos necesarios para el referéndum del 28 de septiembre -en el que los ciudadanos aprobaron una nueva Constitución-, el régimen continuó con su estrategia de convertir a los medios en su “opositor” principal. Esto incluyó una millonaria campaña de publicidad en los canales de televisión, la mayoría de los cuales hoy se hallan en poder del Estado, luego de que se los incautó por la vinculación de sus propietarios con la crisis bancaria pasada. Solo dos cadenas nacionales permanecen en manos privadas. Hay que mencionar también la emisión de informativos oficiales de televisión para “desmentir” las informaciones que no satisfacen al régimen. Estas emisiones han interrumpido sobretodo los noticiarios de la mañana que son críticos del régimen, con lo cual el Gobierno se apropia del público captado por los canales. No faltaron tampoco los acostumbrados insultos contra medios de comunicación y periodistas, con epítetos como “enanos”, “pitufos”, “corruptos”, etcétera. En todo caso, el futuro de la libertad de expresión en el país depende en estos momentos de cómo se aplicará la nueva Constitución que, entre otras disposiciones, establece el derecho a “recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior ( Art. 18); asimismo, que la ley “regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación” (art.19); que el “Estado formulará la política pública de comunicación” (Art. 384); y que el espectro radioeléctrico es un recurso natural no renovable, por lo que el Estado “participará en los beneficios” de su aprovechamiento “en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota” (art. 408). Recuento de los principales hechos contra la libertad de expresión. El 23 de junio el periodista César Raúl Rodríguez Coronel, subdirector de noticias de la radio guayaquileña Sucre, fue asesinado con tres tiros de arma de fuego. A los pocos días, la Policía anunció la captura de los presuntos asesinos y declaró que su hipótesis era que se trataba de un crimen pasional. El fiscal Franklin Muzzio afirmó en cambio que los móviles del crimen solo se conocerán cuando presente su dictamen, lo que hasta ahora no ocurre. Luego de que el juez 4° de lo Penal de Pichincha ordenó que se archive el Juicio Penal en contra del director del diario La Hora, el presidente Correa solicitó el 25 de junio que se reabra el proceso y se dicte prisión preventiva del director del diario –enjuiciado hace año y medio por él-, aunque el juez Vicente Altamirano archivó la causa de manera definitiva, como pidió el Fiscal. El 7 de julio la Policía Nacional capturó a dos de los asesinos materiales del periodista Carlos Navarrete, antiguo director de diario El Telégrafo, medio que previamente había pasado a manos del Estado. Al parecer ambos criminales fueron contratados como mercenarios por un tercer implicado que se fugó del país. Se desconoce todavía el móvil exacto del homicidio. El 7 de julio fue clausurado en Guayaquil el sistema de emisoras Cadenar, cuya radio principal es radio Sucre, identificada con un sector político de la oposición al Gobierno. La medida se adoptó por disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) con el argumento de que radio Sucre no acató la disposición de que cancele lo que debía por la concesión de su frecuencia. El 28 de agosto el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) negó la impugnación presentada por las estaciones Sucre y Cupido FM. Los representantes de las radios presentaron en su defensa informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) que indicarían que ambas estaciones venían operando de manera legal antes de la clausura. El 11 de septiembre el juez Octavo de lo Civil del Guayas, Carlos Salmon, negó un amparo constitucional interpuesto por radio Sucre. El 7 de julio la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) dispuso la incautación de 195 empresas vinculadas a los hermanos Isaías, antiguos propietarios del Banco Filanbanco que entró en proceso de reestructuración en 1998. Entre las propiedades incautadas se encuentran dos canales de televisión de señal abierta (TC Televisión y Gamavisión), tres canales por cable (Cablevisión, Cable Deportes y Americavisión), el sistema de cable TV Cable (al que se le ordenó reorganizar su grilla y que reubique la señal del canal de Estado en el 11, cuando antes estaba en el 75). Los jefes de los noticieros de TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión, fueron destituidos y en su lugar la AGD nombró al periodista José Toledo. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) señaló que “el Gobierno Nacional tiene la obligación moral y legal de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento que podrían afectarse si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios”. Posteriormente, en el sitio Youtube, apareció un vídeo en el que se muestra a Enrique Arosemena, administrador de los medios estatales, mientras criticaba en una reunión interna a la presentadora del programa de cocina de TC Televisión por opinar sobre el incremento en los precios de los alimentos y al conductor de un programa económico en CN3 por opinar sobre temas legales. Desde entonces, los canales incautados han ido evolucionando paulatinamente para dar mayor cobertura en sus noticiarios a las fuentes oficiales, sobre todo en las semanas previas al referendo del 28 de septiembre, tendencia que podría profundizarse. El 17 de agosto el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante anunció que a partir de ese momento quedaba prohibido filmar o captar fotografías de imágenes violentas o cuerpos de fallecidos o heridos. Luego el funcionario aclaró que la orden no estaba dirigida a los medios sino a la Policía, que debería impedir que se registren tomas de esa clase. Según el secretario de Estado, la medida pretende defender el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas incluso cuando fallecen. Reconoció, sin embargo, que otro objetivo era bajar la sensación de inseguridad con respecto al auge del delito, fenómeno que en su opinión se debería sobre todo a las exageraciones de la prensa sensacionalista. A los pocos días un periodista de Diario Súper fue intimidado por seis policías que lo obligaron a borrar una de las fotos que captó en el lugar donde falleció un ciudadano, y en Quito, un gendarme pretendió impedir que el cronista gráfico de ese mismo medio fotografíe el bus que participó en un choque en el que murió un niño. El 29 de agosto el director nacional del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá “Dalo” Bucaram Pulley, anunció que demandaría por injurias calumniosas, ante la Fiscalía del Guayas, al columnista de El Universo, Emilio Palacio, quien afirmó en un programa de televisión que su hermano Jacobo "se ganó un millón de dólares", con la ayuda de su padre, Abdalá Bucaram, cuando era Presidente del país. El 20 de septiembre, Conartel ordenó a los canales de televisión que no difundan una cuña de televisión que promovería el No en el referéndum denunciando la posible despenalización del aborto. El Conartel advirtió con la posibilidad de la clausura del canal que incumpla esa disposición. Esa mañana el Presidente Correa calificó a los promotores de la cuña, el grupo Ecuador Pragmático, de “miseria humana”. En los días siguientes el Conartel aceptó que se difunda la cuña pero fuera del horario de protección al menor.

Compartí

0