Estados Unidos

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Las severas pérdidas financieras que afectan a las organizaciones de noticias están forzando a un cuidadoso reexamen de cómo se cubren las noticias y cuál es nuestra audiencia actual y potencial. Las salas de Redacción batallan con profundos recortes presupuestarios y reducciones de personal del 20 y 30 por ciento, en algunos casos más altos, y ello obliga a los editores a repensar los temas y la filosofía de cobertura. Contra este telón de fondo los editores de diarios deben sopesar si se mantienen invirtiendo recursos humanos decrecientes en funciones de servicio público que consumen mucho tiempo, tales como informes de investigación y responsabilidad, u optan por cobertura de noticias de última hora y noticias instantáneas en línea 24 X 7. Se están poniendo a prueba como nunca antes los valores centrales de los medios para justificar los privilegios concedidos por la Primera Enmienda como perro guardián de los actos del gobierno. En el frente legislativo, hay un importante asunto pendiente para los defensores de la libertad de prensa en Estados Unidos: la aprobación de la “Ley del libre flujo de información”, también conocida como Ley Escudo. La Ley fue aprobada de manera abrumadora en la Cámara de Representantes en octubre del 2007. Pero la ley federal sigue atascada y las perspectivas para su aprobación este año por el Senado no son nada halagüeñas. Un importante impedimento es la oposición del gobierno de George W. Bush. El secretario de Justicia y el director nacional de Inteligencia alegan que instarán al Presidente a vetar la ley, si es aprobada, debido a preocupaciones de que ésta pudiera dañar la seguridad nacional y facilitar más filtraciones de información clasificada. Con todo, la legislación escudo propuesta en el Senado no protege a los reporteros que revelan información clasificada. Los defensores de la libertad de prensa han estado insistiendo en que se adopte una la ley federal que proteja a los periodistas contra la identificación de fuentes confidenciales. Recientemente, un grupo bipartidista, integrado por 41 fiscales generales estatales, escribió a los líderes del Senado para apoyar una ley escudo federal porque la carencia de semejante ley “socava la los beneficios al público que los estados han intentado conceder mediante sus leyes escudo”. Los siguientes son algunos hechos significativos de los últimos meses: En abril, el fotógrafo Bilal Hussein, de la Associated Press, fue puesto en libertad por militares de EE.UU. después de haber estado detenido por más de dos años debido a sospechas de vínculos con insurgentes. Hussein formaba parte de un equipo de la AP que ganó un Premio Pulitzer de fotografía en el 2005. Nunca hubo cargos formales en su contra ni se presentó evidencia alguna que sustentara las acusaciones. La AP llevó a cabo una amplia investigación y no encontró evidencias. Un mes antes de su liberación, en su reunión de Medio Año de marzo en Caracas, la SIP adoptó una resolución instando a los militares a dejar en libertad a Hussein, instruirlo de cargos o presentar evidencia que apoyara dichos cargos. En mayo, el camarógrafo de la cadena de televisión Al Jazeera, Sami al-Haj, fue puesto en libertad de la prisión de Guantánamo después de seis años detenido. Lo acusaron de dirigir un sitio Web con enlaces a Al-Qaeda. Según su abogado, los interrogadores de EE.UU. presionaron a al-Haj para que firmara documentos que describían a Al Jazeera como una organización terrorista, a lo cual se negó. El sistema de comisión militar para procesar a detenidos prominentes en Guantánamo sigue levantando críticas. El coronel Morris Davis, ex fiscal en jefe de Guantánamo, renunció a su cargo a fines del pasado año y más adelante escribió en Los Angeles Times que “había llegado a la conclusión de que, bajo el sistema actual, era imposible tener procesos completos, imparciales y abiertos”. En agosto, el juez de distrito Richard J. Leon, quien supervisa docenas de casos de detenidos de Guantánamo, ha instado al gobierno de Bush a hallar una vía para que, al menos parte de los casos, se juzguen en público. Leon afirmó: “Si esto no puede hacerse, me preocupa enormemente que estas audiencias sean virtual o exclusivamente clasificadas, cerradas al público, y podría añadir, a los detenidos”. En junio, el departamento de justicia de EE.UU. acordó pagar al ex científico del Ejército, Steven Hatfill, $5.2 millones para que no prosiguiera con su demanda. Hatfill había presentado una demanda contra el departamento de Justicia y varias organizaciones de noticias luego de que el entonces Fiscal General, John Ashcroft, lo describiera como “persona de interés” en los mortíferos envíos postales de ántrax del 2001. Un juez federal impuso multas a la ex reportera del diario USA Today, Toni Locy, por negarse a revelar las fuentes gubernamentales en los artículos sobre Hatfill. Locy ha apelado la sentencia. Los abogados de Hatfill cancelaron la citación para que Locy revelara sus fuentes y el juez federal que había impuesto la orden de desacato dice que ahora la retirará.

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