Honduras

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El clima de libertad de expresión y de prensa año sigue enfrentando grandes desafíos no solo por las amenazas, directas e indirectas contra las personas que trabajan en medios de comunicación, provenientes del sector oficial sino también del crimen organizado. En los últimos años se ha ido formando un ambiente hostil contra la labor de los periodistas y medios con acciones que van desde la intimidación, amenazas, ofensas públicas, manipulación de la publicidad gubernamental y acciones en los tribunales de justicia por delitos de difamación. Todavía permanece impune el asesinato del periodista humorista Carlos Salgado ocurrido en octubre de 2007, quien producía y conducía un programa en la emisora Radio Cadena Voces de Tegucigalpa. Los tribunales de la República todavía no resuelven al menos una decena de querellas contra periodistas y editores emprendidas por funcionarios públicos. El presidente Manuel Zelaya constantemente utiliza las plazas públicas para amenazar, increpar y arremeter contra los medios del país porque no cubren los eventos a su gusto y preferencia y los acusa de ser voceros de los grupos económicos del país. Si bien el país ahora dispone de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un instrumento valioso para los periodistas, también es cierto que su aplicación ha quedado al libre criterio de algunos funcionarios públicos que ponen obstáculos y trabas a las fuentes oficiales, como las de la Casa Presidencial que han obstruido la información pública relacionada con viajes, gastos publicitarios, y salarios. Una queja de un grupo de periodistas de diario El Heraldo ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información provocó que la funcionaria de Casa Presidencial recibiera una amonestación por su actitud. En abril, el empresario Elías Asfura denunció que el gobierno se negó a aceptar una sentencia de un tribunal que ordena adjudicarle la frecuencia de un canal de televisión. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador del Estado del espectro radioléctrico, entregó la frecuencia a otro empresario, con mucha influencia en el gobierno, denunció. Al menos cuatro periodistas y fotógrafos resultaron con golpes y lesiones el 18 de abril de parte de la policía en el marco de una disolusión de una marcha contra el gobierno organizada por grupos populares. Tres hombres armados y encapuchados entraron en la madrugada del viernes 18 de abril a las instalaciones de canal 12, Telemaya, en la Entrada a Copán, en el occidente del país, donde maniataron y amordazaron a un operario y aun visitante, con quienes dejaron una amenaza de muerte para el periodista Carlos Chinchilla y su camarógrafo. El 22 de abril se registró la salida de un grupo de periodistas del semanario del gobierno llamado Poder Ciudadano, encargado de exaltar la figura del presidente Manuel Zelaya. Al menos tres comunicadores renunciaron y uno más fue despedido. El gobierno, a través del ente regulador de frecuencia, advirtió que los medios de comunicación televisivos que transmitan mensajes obscenos serán multados y hasta pueden perder la frecuencia. En mayo, la directora de Radio Globo, Sandra Maribel Sánchez, denunció que ella y su familia estaban siendo objeto de amenazas. “No había querido hacer la denuncia de la persecución y amenaza de que mis hijos y yo hemos estado siendo victimas.” Los periodistas, Jackeline Aguilar y Jerry Carbajal, del noticiero TN5 y María Estela Martínez de Hoy Mismo, fueron agredidos y golpeados por simpatizantes de fiscales que estaban en huelga de hambre, en los bajos del Congreso Nacional.El 12 de mayo, el informativo "Telenoticias", emitido por Corporación Televicentro, que agrupa varios canales nacionales, fue objeto de violentas críticas del Presidente Zelaya, descontento con un reportaje sobre su política de lucha contra la pobreza. En mayo, el director del programa Frente a Frente de la Corporación Televicentro, Renato Álvarez, recibe mensajes intimidatorios contra él y su familia. El 30 de junio, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), instó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejar sin valor ni efecto una resolución de clasificación de reserva de información pública por diez años, en la Secretaría de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). En julio, el Tribunal Superior de Cuentas inició una investigación sobre el gasto de más 38 millones de lempiras (unos US$ 2.000.000) realizado por el gobierno del presidente Zelaya durante un período de nueve meses en el semanario oficial El Poder Ciudadano. Según la publicación Proceso Digital, el órgano contralor inició la investigación tras una denuncia interpuesta en junio por presuntas irregularidades en la administración, impresión, distribución del periódico y en el manejo y destino de los fondos de la pauta publicitaria. La investigación, que se habría amparado en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, reveló una serie de inconsistencias que van desde gastos confusos a planillas infladas. En agosto, el periodista hondureño Óscar Reyes Baca, víctima de la represión en Honduras en 1982, reclamó al Estado el pago de una indemnización por 26 millones de dólares. Reyes Baca, hondureño naturalizado estadounidense, dijo que el reclamo lo presentó ayer ante la Secretaría de Defensa de Honduras en Tegucigalpa, "por los severos daños y graves perjuicios" causados a él, su esposa, Gloria Flores, y otros familiares, "por medio de las Fuerzas Armadas y sus dependencias". Un informe internacional denominado "El precio del silencio” reveló que en Honduras el gobierno utiliza la publicidad estatal como medio de censura y castigo y de premio para medios y periodistas. El 25 de agosto, un grupo de periodistas hondureños que cubría la llegada a Tegucigalpa del presidente venezolano, Hugo Chávez, denuncia agresiones físicas por parte de la seguridad del gobernante suramericano, y del propio mandatario venezolano. El periodista Cristóbal Sauceda denunció que fue golpeado por los guardias de seguridad de Chávez, quienes le arrebataron además su credencial de cobertura del acto. Ese mismo día, en un acto público el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arremetió contra los medios de comunicación. Chávez llamó "pitiyanquis" a quienes se oponen al ALBA y dijo que "buena parte de los medios de comunicación están en manos de los pitiyanquis, le lamen la mano al yanqui, bueno, los lame… tu sabes qué". En septiembre, editores de diario El Heraldo denunciaron ante organismos de derechos humanos que están siendo víctimas de una intensa campaña intimidatoria y de amenazas de muerte al recibir mensajes en sus teléfonos móviles. El Heraldo ha estado denunciando irregularidades, abusos y actos de corrupción en el sector público.

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