Nicaragua

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La libertad de prensa en este período se vio seriamente afectada por acusaciones, amenazas y agresiones verbales de parte de las más altas autoridades del gobierno central, proferidas muchas veces a través de medios oficiales contra periodistas y medios independientes. Asimismo, el Poder Ejecutivo viene utilizando la publicidad y las acciones judiciales como mecanismos de coerción. El 22 de abril un juez dictó sentencia contra Jaime Chamorro Cardenal, director y Eduardo Enríquez, jefe de Información del diario La Prensa respectivamente, por delitos de injuria contra cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), vinculados al partido de gobierno y coordinados por la primera dama Rosario Murillo. El juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, falló a favor de las demandantes quienes alegaron haber sido ofendidas por una nota publicada el 19 de diciembre de 2007, titulada “CPC con licencia para dar golpizas”. La nota denunciaba las agresiones sufridas por el periodista de La Prensa, Jorge Losáiga, pero no mencionaba a los agresores, quienes luego demandaron al diario argumentando que había sido ofendidas, expuestas al ridículo y calificadas como pandilleras. La sentencia incluyó una multa de 27.000 córdobas (unos US$ 1.407) y la obligación de publicar sin comentarios y de manera inmediata la parte resolutiva del dictamen. El caricaturista de La Prensa Manuel Guillén recibió mensajes en su celular varias veces con amenazas de muerte para él y su familia, lo mismo ha pasado con el comentarista de televisión y radio Jaime Arellano. Otro amenazado de muerte fue el corresponsal de El Nuevo Diario, por parte del alcalde de la ciudad de Chinandega Roger Olivas. El alcalde posteriormente se disculpó. El presidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas profirió amenazas en contra de Hugo Holmann, gerente general de La Prensa, y Eduardo Enríquez, jefe de Redacción. Rivas expresó la amenaza por teléfono por medio del periodista Eduardo Cruz cuando éste lo llamó para aclarar una nota sobre un avión que el funcionario usa frecuentemente para viajar con su familia. “Dígales al señor Holmann y al imbécil de Enríquez… que si algo le llega a pasar a mi familia ellos son los únicos responsables”. Después Rivas colgó el teléfono. El presidente Daniel Ortega en sus discursos nocturnos sigue amenazando a los medios de comunicación, lo mismo que a líderes de la empresa privada y de la sociedad civil y aún contra diplomáticos acreditados en Nicaragua. A El Nuevo Diario lo llamó El Nuevo Diablo y a los periodistas de La Prensa los llamó asesinos por haber descubierto la casa donde el gobierno tiene a una muchacha mexicana asilada en el país y que sobrevivió al ataque del ejército colombiano al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ortega dijo que esa información se publicó para que el Presidente de Colombia enviara agentes a asesinar a la joven. El 25 de julio el presidente Ortega acusó a La Prensa de haber “traicionado a la Patria” por haber informado que arribó al país una delegación de la FARC de Colombia el 19 de Julio para el XXIX aniversario de la Revolución Sandinista. Además ordenó al Procurador de la República iniciar un estudio legal para proceder en contra del diario. Ortega alegó que la noticia perjudicaría un diferendo sobre el mar territorial que Nicaragua mantiene con Colombia en la Corte de la Haya. La Prensa se defendió alegando que las dos cosas son totalmente diferentes. La acusación no prosperó ya que en el Código Penal el delito de traición solo se puede cometer en estado de guerra internacional. En abril, al más crítico comentarista de televisión y radio, Jaime Arellano, le fue cancelado su programa “El 10 en la nación” transmitido en canal de TV 10, quien denunció que se debió a discrepancias con la dirección del canal, ocasionadas por presiones de la Presidencia de la República, para que “bajara el tono” de sus comentarios. Arellano, pasó a otro espacio en el canal 2 de TV, pero también le cancelaron el programa matutino por presiones del gobierno, ya que según el periodista argumentó que se le vence la licencia en enero de 2009 y podría verse afectado o el gobierno poner ese permiso en licitación. La cancelación del espacio provocó una reacción de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. Una ley para prorrogar por 10 años las licencias de Radio y televisión que dormía por más de un año fue revivida y aprobada prorrogando las licencias hasta que se apruebe una nueva ley de Telecomunicaciones que puede ser discutida a finales de 2009 o en todo 2010, para, según los diputados, garantizar las licencias del control discrecional del gobierno de turno. En la misma sesión de la Asamblea Nacional se trató de introducir la ley para regular las exoneraciones de papel, maquinaria y equipo y refracciones a los medios de comunicación, que fueron parcialmente suspendidas y que perjudican principalmente a los medios escritos. Aunque no se logró la discusión pasó a la Comisión Económica presidida por el liberal Francisco Aguirre Sacasa, que prometió que antes de diciembre estará la ley en el plenario para su discusión. Se han perpetrado robos de cables en antenas y daños en los transmisores en varias radiodifusoras críticas al gobierno como Radio Corporación, Radio El Pensamiento y Radio 15 de Septiembre. La Corporación, donde quedó con su único programa el comentarista Jaime Arellano volvió a quedar fuera del aire durante 12 horas, por el robo del aro de cobre que conecta la antena al trasmisor. La publicidad Estatal, que es cuantiosa, no solo se usa en beneficio principalmente del Partido de Gobierno el FSLN sino para promover la imagen personal del presidente Ortega. Una agencia que manejan miembros de la familia presidencial ha colocado miles de enormes rótulos en calles y carreteras. En los anuncios de televisión, una buena parte del presupuesto se usa para calumniar al principal líder de la oposición y al director de La Prensa con un “spot” que está saliendo varias veces por día desde febrero de este año donde los llaman ladrones. Un estudio de la compañía centroamericana MEDIA GURÚ que lleva un balance de todos los anunciantes, publicado en el Semanario CONFIDENCIAL No. 589 y No. 590, asegura que el gobierno gastó en 2007 la suma de US$ 3,672,000.00 dólares y que la proyección del 2008 apunta a duplicar la inversión a siete millones de dólares. El 80% de este gasto es en TV principalmente en el canal 4, manejado por la familia del Presidente. En los rótulos de carretera, también manejados por familiares del Presidente, se habrían utilizado cifras millonarias. Mientras esta publicidad aumenta muchos espacios de radioperiódicos han cerrado por falta de publicidad a pesar que el Presidente firmó un convenio con el Colegio de Periodistas para favorecer a pequeños medios, lo que no ha cumplido. El lunes 7 de julio la Fiscalía General de la República introdujo una acusación contra 39 personas por el salvamento financiero que hizo el Gobierno al respaldar a los depositantes y ahorristas de cinco bancos que quebraron emitiendo títulos o bonos del Banco Central. La acusación también contempla las subastas públicas que llevó a cabo el Banco Central de todos los activos remanentes de los bancos que quebraron. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios y ex funcionarios del Banco Central, ex Ministros, el director de La Prensa Jaime Chamorro y el principal líder de la oposición, Eduardo Montealegre, ex ministro de Hacienda y actual candidato a Alcalde de Managua, que según se dice son los objetivos de la acusación. Patricia Delgado Sáenz directora ejecutiva de la Asociación de Municipios (Amunic) fue obligada a renunciar después de haber elogiado al alcalde de Managua, Dionisio Marenco, sandinista ahora distanciado de Ortega, estas declaraciones se publicaron en La Prensa. Es el cuarto funcionario que sale de su puesto por dar declaraciones en los medios de comunicación independientes. El presidente Ortega, según estipula su propio plan de comunicación solo brindó información oficial a los medios incondicionales a su gestión gubernamental. En sus discursos y a través de los medios de comunicación oficialistas, ha arremetido también contra organizaciones de la sociedad civil que critican las políticas gubernamentales. Los medios oficialistas han sido feroces en sus ataques incluso contra dirigentes políticos y sociales de izquierda, que fueron prominentes funcionarios en el régimen revolucionario sandinista de los años ochenta pero que ahora disienten de las políticas gubernamentales. En este contexto Carlos F. Chamorro, periodista y comentarista de televisión que además dirige el Semanario Confidencial, está siendo víctima de una campaña de parte de los medios oficiales e investigado por las autoridades del Ministerio de Gobernación, en su carácter de Presidente de la ONG Asociación Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) por haber firmado un convenio con Oxfam Gran Bretaña otra ONG y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) para facilitar fondos que promueven los derechos políticos de las mujeres. El representante del Ministerio de Gobernación que investiga el caso, no descartó el “lavado de dinero”. Este caso, junto al de Jaime Chamorro de La Prensa y otros hechos amparados en la manipulación del Poder Judicial pero conexos con la libertad de prensa, como el del poeta Ernesto Cardenal, el de los canta autores Mejia Godoy, el del Instituto Republicano IRI (acusado de violar la Constitución e la Ley Electoral por haber invitado al expresidentes Fox a una conferencia en Managua), confirman una actitude de intolerancia y acciones peligrosamente vengativas do goberno de Ortega contra la libertad de expresión de nuevo en Nicaragua. En lo positivo, el nuevo Código Penal, Ley 641, (Artículo 205) sobre injurias, que entró en vigencia en julio, eliminó la responsabilidad directa de los editores, directores y dueños de las publicaciones. Además estipula que no se comete injuria contra los funcionarios públicos que se les critique en el ejercicio de sus funciones oficiales sobre hechos verdaderos, o en defensa de un interés público o que la denuncia esté vinculada a un interés público actual y mientras las noticias “hayan sido realizadas de acuerdo a la ética periodística”. La Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. Tampoco la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado el 7 de julio de 2005, por representantes de varios medios de comunicación en contra de una reforma a la ley tributaria que, con el pretexto de regular, reformaba el mandato constitucional que exonera de los impuestos al papel, maquinaria y equipo y refracciones a los medios de comunicación. Sobre el funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información un estudio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en alianza con periodistas de diferentes medios de comunicación registró que de diez solicitudes de acceso a información hechas por escrito, cuatro (4) no fueron contestadas ni positiva, ni negativamente por la institución pública que recibió la solicitud; hubo dos (2) denegaciones de información, una respuesta no correspondiente a la información solicitada y solo tres fueron respondidas positivamente. La Asamblea Nacional en dos solicitudes cumplió con la Ley. El Ministerio de Educación, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, presidido por la esposa del Presidente, no cumple la Ley, mientras que el Ejército alegó información reservada.

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