Perú

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En este período se continuó registrando un aumento en el número de periodistas que han sido víctimas de violentas agresiones acompañadas de amenazas de muerte y hostigamiento judicial en represalia por sus denuncias informativas, la mayoría de los casos provenientes de autoridades regionales y locales; mientras que se produjeron lamentables retrocesos en la lucha contra la impunidad en los casos de los periodistas Alberto Rivera Fernández, Antonio La Torre Echeandía, asesinados en el 2004, y Miguel Pérez Julca en el 2007. En cuanto al caso del asesinato de Alberto Rivera Fernández, el 24 de septiembre, la Sala Penal de la Corte Superior de Ucayali declaró fundada la solicitud de transferencia de competencia presentada a principios de mes por la defensa de la familia del periodista y, el Instituto de Defensa Legal, por lo que corresponderá a la Corte Suprema decidir en cuál instancia judicial se llevará a cabo el proceso que juzgará al alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, y al ex magistrado Solio Ramírez Garay, por la autoría intelectual del asesinato ocurrido en el 2004. Asimismo, los vocales suspendieron el inicio del juicio que debía empezar al día siguiente, el 25 de septiembre, en medio de dudas sobre si la Corte puede garantizar un debido proceso; particularmente después que el Poder Judicial designó a la misma Sala, cuyos vocales absolvieron a Valdez y a Ramírez. La transferencia del juicio Rivera, que recae sobre la Corte Suprema de Justicia, es relevante en el contexto de una visita que a mediados de septiembre representantes de la SIP y del Consejo de la Prensa Peruana hicieron al presidente del Poder Judicial, Francisco Távara Carrasco, a quien se le presentaron propuestas sobre la creación de una jurisdicción especial para los crímenes contra la libertad de expresión, la imprescriptibilidad de la acción penal, el agravamiento de las penas y la necesidad de impulsar una reforma constitucional y legal que contemple la ampliación del plazo de detención en caso de crímenes contra periodistas. El 3 de septiembre, la 2ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Javier Villa Stein, ratificó la sentencia dictada por la Sala Penal Nacional el 2 de octubre del 2007, condenando al coronel Víctor Fernando La Vera Hernández y al teniente coronel Amador Armando Vidal Sambento a 17 y 15 años de pena privativa de libertad, por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, Hugo Bustíos Saavedra, y el intento de asesinato del periodista Eduardo Rojas Arce, en 1988, durante una emboscada. Sin embargo, preocupa a impunidad en otros tres casos de asesinatos. El del periodista radial Antonio La Torre Echeandía sobre el cual, el 13 de junio, la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash absolvió al hasta hace poco prófugo de la justicia, Moisés Julca Orrillo, acusado de ser el autor material del crimen, al no encontrar pruebas contundentes, sólo indicios, en contra suyo. Por este caso, el fiscal Sadi Anaya ha presentado un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no resuelve. En julio del 2006, la misma Sala, en tiempo récord, había exculpado y ordenado la libertad del ex alcalde de Yungay, Amaro León León, de Marino Torres Camone y Pedro Ángeles Figueroa, sentenciados a 17 años de prisión por la Corte Superior de Ancash ese mismo año. Otro caso es el del periodista radial Miguel Pérez Julca. El 17 de abril, la Sala Mixta Descentralizada de Jaén en Cajamarca, condenó a 23 años de cárcel por su participación como autor intelectual a José Hurtado Vásquez y por asociación ilícita para delinquir, a 19 años de prisión a Nazario Coronel Ramírez; además de fijar una reparación civil de S/.35 mil soles para ambos. Actualmente, la Sala juzga a Elvia Mendoza Linares y Dilmer Cabada, acusados de proporcionar la motocicleta y de entregar el arma a los asesinos, uno de los cuales, Sabino Sánchez Ayala, alias ‘Chino Ayala’, presunto autor de los disparos que le hirieron mortalmente, aún permanece prófugo. Asimismo, en agosto, al cumplirse 24 años de la desaparición de Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República en Ayacucho, sus familiares denunciaron la desidia de las autoridades para ubicar al ex militar Álvaro Artaza Adrianzén, alias “comandante Camión”, que ordenó su desaparición cuando ingresó al cuartel Los Cabitos en Ayacucho. Por otra parte, en julio, el reo y ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Jesús Sosa Saavedra, alias Kerosene (cuyo testimonio durante el mega juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad) denunció que en abril de 1989 el general Alberto Arciniegas Huby, jefe del Comando Político Militar del Frente Huallaga le ordenó asesinar al periodista radial Guillermo López Salazar, presunto colaborador de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. En este mismo ámbito se produjo la denuncia de la periodista María Elena Castillo, que está siendo requerida por el poder judicial para entregar el audio de una entrevista realizada al mismo Antonio Sosa, sin mediar la autorización del entrevistado, con quien se comprometió a no hacerlo; lo que la obligaría a romper el compromiso adquirido. Otros hechos relevantes contra la libertad de prensa. Mabel Cáceres Calderón, directora del semanario El Búho en Arequipa, recibió en mayo en su domicilio una amenaza anónima advirtiéndole que ella y la publicación serían destruidas por sus denuncias periodísticas. Cáceres, quien también enfrenta desde hace años denuncias por difamación por denuncias de irregularidades en la Universidad San Agustín de Arequipa, relaciona las denuncias al ex presidente regional de Arequipa, Daniel Vera Ballón, actual militante del partido de gobierno APRA. Gudelia Gálvez Tafur, reportera y conductora del noticiero regional 24 horas de Panamericana Televisión de Huaraz, denunció que había sido amenazada de muerte y acosada por el Presidente Regional y personas de su entono. En Iquitos, departamento de Loreto, el reportero Genaro Alvarado Tuesta de radio La Voz de la Selva de Iquitos, en el departamento de Loreto, ha solicitado garantías personales ante la gobernación de Maynas luego de ser objeto de amenazas provenientes de mandos militares. La periodista de Voz de la Selva Mary Cora ha sido amenazada de muerte en tres oportunidades, durante este período luego de publicar denuncias contra miembros de las fuerzas armadas, la policía y el Poder Judicial. Américo Zambrano editor de la revista Caretas, premiado en el 2008, nacional e internacionalmente por sus investigaciones, fue amenazado de muerte y su perro fue envenenado luego de publicar artículos sobre confabulaciones en las altas esferas militares. En septiembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, presentó una propuesta para que ni los abogados ni los Organismos No Gubernamentales (ONG) se pronuncien públicamente sobre el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori alegando que la mediatización judicial “perturba a la ciudadanía”. El Consejo de la Prensa Peruana continuó denunciando un retroceso en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública en el Congreso de la República. Pese a que los congresistas ya venían siendo denunciados por negarse a responder a solicitudes de información relacionadas a sus gastos operativos, el 24 de septiembre la Mesa Directiva aprobó una directiva eximiéndolos de rendir cuentas. El 2 de abril, la conductora y directora del programa Conexiones de Radio Pucallpa del departamento de Ucayali, Smilzinia Mendoza, fue agredida verbalmente y amenazada por un desconocido que la atacó cuando transitaba por la vía pública. El 3 de abril, Antonio Guadaña e Hipólito Arroyo, reporteros de Radio Líder y Juan Zapata Crizanto del diario Panorama Cajamarquino, fueron agredidos en la localidad de Portón Bajo, departamento de Cajamarca, por un grupo de manifestantes que les increpó parcialidad en su cobertura del conflicto que mantienen con la empresa minera Yanacocha. Efectivos de la policía nacional que presenciaron el incidente, no intervinieron. El 6 de abril, el diario El Comercio informó que durante un barrido electrónico de las líneas de comunicación realizadas por el departamento de Seguridad del diario, se detectó que la línea del teléfono fijo del domicilio de su editor de Política y Opinión, Juan Paredes Castro, estaba siendo interceptada. El 11 de abril, el corresponsal del diario La República en el departamento de Puno, Liubomir Fernández, fue agredido por Lilia Hancco, cuando intentó fotografiarla durante una marcha de protesta convocada por su esposo, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes. Fernández atribuye la agresión y posteriores amenazas telefónicas anónimas, a sus denuncias sobre irregularidades en la administración regional. En abril, el presidente del gobierno regional de Puno, Hernán Fuentes Gómez, inició una campaña de desprestigio contra periodistas locales, desde programas transmitidos por radio Perú, de su propiedad. Organizaciones de prensa denunciaron que Fuentes frecuentemente acusa a los periodistas, de ser “extorsionadores y chantajistas”. El 14 de mayo, José Luís Márquez Villalobos, del semanario El Búho de Arequipa, fue golpeado en las inmediaciones de la Universidad Nacional San Agustín por Jhon Bustinza Maydana quien también le rompió su equipo fotográfico, al intentar entrevistarlo sobre su participación en una licitación convocada por dicha universidad. Gudelia Gálvez Tafur, reportera y conductora del noticiero regional 24 horas de Panamericana Televisión de Huaraz, denunció que desde finales del mes de mayo el Presidente de la Región Ancash, César Álvarez, la amenaza, agrede e insulta impidiendo que cumpla con su función informativa. El 2 de junio, Darío Macedo Figueroa, conductor del programa Hora Cero que transmite radio Uranio, fue golpeado en la cabeza por un empleado de la municipalidad de Padre Abad, Aguaytía, región Ucayali en la Plaza de Armas de la localidad. El periodista se desmayó y fue auxiliado por transeúntes que también impidieron que el agresor continuara golpeándolo. El 16 de junio, César Lévano, director del diario La Primera y César Ascues, redactor del mismo periódico, fueron denunciados penalmente por la congresista Cecilia Chacón, por el delito de falsedad genérica en agravio del Estado y contra su persona. El 26 de junio, el reportero Juan Carlos Gambini y el camarógrafo Juan Tarazona de Panamericana Televisión fueron golpeados y despojados de sus equipos de trabajo por seis guardaespaldas del futbolista Jefferson Farfán, cuando en las inmediaciones de su residencia en el distrito de La Molina, Lima, intentaban grabar la llegada de invitados a una fiesta familiar. El 15 de julio, Roxana Rivera, Elizabeth Salinas y Raúl Vento del semanario Conoeste del distrito Chosica, al este de la ciudad de Lima, fueron amenazados e insultados por trabajadores de la municipalidad cuando repartían ejemplares del 13 de julio del diario El Comercio, en el que se publicaron testimonios contra el alcalde Luis Bueno Quino por irregularidades y acoso sexual. El 18 de julio, la suboficial de tercera PN, Leydi Gonzáles Condori fue removida de su cargo luego de que la semana anterior agredió a dos periodistas mientras realizaban su trabajo en Seguridad del Estado, según informaron fuentes oficiales de la policía en Puno. El 31 de julio, Otilio Norberto Ríos, conductor del programa El Equipo de la Noticia que transmite Radio Noticias La Caribeña en la región Áncash, fue amenazado por la fiscal de Pomabamba, Lidubina Cabrera Espinoza, en momentos en que cubría el traslado de un cargamento de droga incautado por la PNP. El fiscal también prohibió a todos los periodistas presentes cubrir el momento en que efectivos de la PNP quemaron la droga. El 2 de septiembre, alrededor de cincuenta trabajadores de diversas empresas de transporte interprovincial, ingresaron al local del diario Ahora, en Bagua Grande, Amazonas, golpearon al periodista Percy Uriarte y al trabajador Tamayo Silvano y amenazaron con incendiar el local, en represalia por denuncias que esas empresas trasladan a personas que transportan droga. El 5 de septiembre, el periodista Felipe Tipián Ramírez y Charles Cubas Ojanama, camarógrafo del programa Enfoques, de Tarapoto, San Martín, denunciaron que fueron agredidos por Lister Celis Vela, abogado externo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) cuando grababan tomas de quienes acudían a la comisaría de la Banda de Schilcayo.

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