Uruguay

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El ejercicio de la libertad de expresión enfrentó complicaciones diversas durante el último semestre, a raíz de acciones contra reporteros y medios de comunicación por la investigación y publicación de temas sensibles, la continuación y profundización de las presiones gubernamentales públicas en procura de torcer el enfoque de las noticias y un aumento de las demandas judiciales. En cambio, una buena noticia se conoció al final del semestre con una mejoría en el panorama general: lugeo de más de 70 años y de insistentes reclamos de la SIP y otras organizaciones el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que, si resulta aprobado, despenalizaría los delitos de “difamación” e “injurias” que, hasta ahora, se castigan con penas de prisión. La hija de un periodista (Ricardo Aldabe) fue atacada a balazos por informaciones difundidas por su padre, tres reporteros (William Pérez, Luis Carlos Cotelo y Marlene Vaz) fueron amenazados de muerte por difundir informaciones sobre asuntos sensibles, un jerarca del gobierno amenazó con retar a duelo a dos periodistas (Iván Kirichenko e Ismael Grau) por una información que le disgustó y un fotógrafo (Nicolás Celaya) fue arrestado por la Policía mientras cumplía con su trabajo. Una represalia flagrante fue la decisión del Banco de la República de suspender la contratación de publicidad en el semanario “Búsqueda”, luego de la difusión de una investigación en la que se informó sobre la cancelación de una deuda que el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, mantenía con ese banco público, que le permitió levantar un embargo que arrastraba desde hacía 13 años, justo después de asumir en 2005. La publicidad había sido contratada por el Banco estatal el 11 de abril, pero luego de la publicación de la investigación, fue suspendida el 8 de mayo. El presidente del Banco, Fernando Calloia, confesó en el Parlamento que la institución había resuelto cambiar los criterios para la contratación de publicidad en ese periódico a raíz del “conflicto” que se había suscitado. Calloia planteó el 6 de agosto la tesis de que cuando los administradores de una empresa pública, que manejan bienes del Estado, se sienten “en conflicto” con un medio de comunicación, no deben avisar en él a efectos de evitar que se interprete que lo quieren comprar para que no siga con sus investigaciones. La “doctrina Calloia” sigue vigente y, hasta ahora, “Búsqueda” sigue sancionada por el Banco de la República. Otros medios sí mantienen la pauta del banco estatal. La legislación criminal vigente en Uruguay, que castiga los delitos de “desacato”, “difamación” e “injurias”, entre otros, con penas de cárcel, se mantiene vigente pero en la última semana de septiembre el gobierno envió al Parlamento un proyecto para despenalizar esos delitos cuando se trate de asuntos de interés público y para introducir la doctrina de la real malicia como parámetro para evaluar la publicación de una información que se considere perjudicial para cualquier ciudadano. El Comité Mundial para la Libertad de Prensa aplaudió la presentación del proyecto por el avance que significaría su aprobación, aunque también lo criticó por mantener algunas rémoras atentatorias contra la libertad de expresión, como el delito de “desacato”, el mantenimiento de la “carga de la prueba” sobre el acusado y no sobre el querellante, y el llamado “derecho de respuesta”. Durante el último semestre, siete periodistas (Marlene Vaz, Ana María Mizrahi, Alvaro Alfonso, Luis Alberto Giovanoni, Gabriel Pereyra, Norberto Costabel y Roger Rodríguez) fueron sometidos a juicios penales por difundir informaciones u opiniones y dos de ellos (Vaz y Costabel) fueron condenados a penas de prisión (en suspenso). En uno de esos juicios, presentado por un alto dirigente del gobernante Partido Comunista a raíz del contenido de un libro escrito por el periodista Alfonso, se llegó al absurdo de que, en su sentencia, la fiscal del caso, Ana María Tellechea, puso en duda que los libros e Internet puedan ser considerados “medios masivos de comunicación”, de acuerdo con la legislación vigente en Uruguay, y por eso propuso al juez de la causa que el periodista sea juzgado por los delitos de “difamación” e “injurias” por fuera del amparo de la “ley de prensa”, quedando así expuesto a la eventualidad de padecer prisión preventiva. En sus disquisiciones legales, la fiscal escribió que era preciso “dilucidar” si un libro puede ser considerado “un medio de comunicación” y luego de su análisis, concluyó que no lo es, como tampoco sería “medio de comunicación masivo” la Internet. Además, la defensa del periodista Carlos Dogliani, que en marzo de 2007 denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar la libertad de expresión, advirtió al organismo que las negociaciones que lleva adelante con el Poder Ejecutivo en torno al caso están “estancadas” y le pidió que adopte medidas para acelerar las decisiones del gobierno. Dogliani fue condenado por la Justicia uruguaya a cinco meses de prisión (en suspenso) por los delitos de “difamación” e “injurias”, luego de informar en el año 2004 que un ex intendente municipal había consentido que un estanciero cancelara una deuda de 322.000 dólares que mantenía con la Administración, pagando sólo 30.000 dólares. La condena contra el periodista fue ratificada en setiembre de 2006 por la Suprema Corte de Justicia, la cual dictaminó que “no interesa que el hecho sea verdadero” sino apenas “la posibilidad de ofender la reputación ajena”. El período también fue testigo de un florecimiento de las demandas civiles contra medios, periodistas, editoriales y documentalistas, por montos millonarios que, en algunos casos, ponen en riesgo la viabilidad misma de ciertas organizaciones periodísticas. Hubo seis demandas de ese tipo por un monto que supera el millón de dólares contra los periodistas Ana María Mizrahi y Jorge Scagni, el diario “Visión Ciudadana” de San José (93 Km. al noroeste de Montevideo), el semanario “Búsqueda” de Montevideo, Saeta TV Canal 10, el documentalista Federico González y la editorial “Fin de Siglo” por haber publicado un libro del senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro. En particular, el juicio contra el semanario “Búsqueda”, por un monto de casi 400.000 dólares, fue promovido por un ex senador y dirigente del gobernante Frente Amplio con el propósito explícito de “hacer cerrar” el periódico. Este ex senador, forzado a renunciar al Senado por su propio sector político luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica en un hospital del Estado utilizado para ello un carné de pobre, fue respaldado el lunes 6 de octubre durante una audiencia en la residencia oficial por el presidente Tabaré Vasquez. El acceso a la información pública pareció experimentar un avance con la sanción, en el Senado, de un proyecto de ley al respecto presentado el 17 de julio. Pero el proyecto, que aún no fue considerado en la Cámara de Diputados, asegura a los organismos del Estado “excepciones” tan amplias para negarse a cumplir con ese derecho ciudadano que muchos especialistas consideran que la ley no sólo no mejora sino que empeora el panorama en la materia. En los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó el gobierno para que un periodista (David Rabinovich) sea amparado en su derecho a acceder a información de interés público pero eso nunca ocurrió; un periodista considerado “opositor” (Alvaro Alfonso) fue discriminado por el Ministerio de Interior que le negó información que antes sí le había abierto a investigadores contratados por el gobierno; y dos tribunales judiciales dictaron sentencias opuestas sobre la vigencia de ese derecho (uno garantizándolo y el otro negándolo). En los últimos seis meses desde el 24 de marzo, comenzó a regir una ley que prohíbe la publicación en medios de comunicación -excepto Internet- de publicidad y promoción de productos derivados del tabaco. Además, la prensa informó que durante un “taller” realizado en julio por el gobernante Frente Amplio, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, planteó la necesidad de contar con “instrumentos legales” para que los medios de comunicación sean obligados a destinar espacios a “temáticas de promoción y protección de la salud en la población”. Como ha sido costumbre desde su instalación en 2005, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, a través de varios de sus principales voceros, hostigó a la prensa, a veces con descalificaciones éticas y morales, por la publicación de noticias que disgustaron al poder. Esta vez les tocó el turno para cuestionar públicamente a la prensa al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, a los ministros Daysi Tourné (Interior), José Bayardi (Defensa), Danilo Astori (Economía) y María Simon (Educación y Cultura), a los parlamentarios oficialistas Esteban Pérez, Jorge Orrico y Eleuterio Fernández Huidobro, al presidente del estatal Banco de la República, Fernando Calloia, y al embajador de Uruguay ante Venezuela, Gerónimo Cardozo. También presionó a la prensa el diputado opositor Carlos Mazzulo. En los cuestionamientos abundaron denuncias de los gobernantes contra medios y periodistas por supuestas “campañas de prensa” para “desacreditar” y “afectar” a las instituciones democráticas, así como calificativos tales como “vendidos”, “mentirosos”, “inmorales”, “chatarreros”, “ligeros”, “basura antiética”, “inmundicia”, responsables de instalar una presunta “agenda del miedo” en las noticias y “canallas”. Algunos de estos y otros hechos relevantes durante este período se detallan a continuación: A fines de marzo más de 400 “radios comunitarias” se inscriben en un censo organizado por la estatal Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), en un primer paso para la regularización definitiva de esas emisoras. De todas las radioemisoras inscriptas, 118 están en la capital Montevideo y 295 en el interior uruguayo. De acuerdo con una ley aprobada en 2007, el Estado uruguayo reconoce como “radios comunitarias” a los servicios “de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas que no persigan fines de lucro (...), orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República”. No obstante, un grupo de 20 radios “comunitarias” nucleadas en la Organización “Ecos” denuncia que la ley “es una forma de limitar la libertad de expresión” porque mantiene la “discrecionalidad” del Poder Ejecutivo para asignar las frecuencias y “pretende digitar y o controlar los contenidos”. El 29 de marzo una hija de un periodista de Tacuarembó (390 Km. al norte de Montevideo) es objeto de un intento de homicidio luego de que su padre realizara denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en un negocio que era propiedad de uno de los atacantes. Durante la madrugada, un hombre se acercó a la casa del periodista Ricardo Aldabe, de “Radio Tacuarembó”, y disparó tres veces su revolver calibre 38 contra Viviana Aldabe, hija del periodista, quien salvó milagrosamente su vida. Seis días después, un juez de Tacuarembó mandó a la cárcel a los autores del atentado: los policías José Enrique Navarro (subcomisario en Tacuarembó) y Marcelo Heredia (agente policial de Montevideo), así como al civil Christian Marcelo Marquez. Navarro fue identificado como el autor intelectual del ataque, Heredia como el autor material y Marquez como encubridor. El periodista había denunciado en su programa radial “irregularidades” en un local bailable llamado “Black Jack”, que era propiedad del subcomisario Navarro. El 8 de abril la periodista Marlene Vaz, directora del semanario “Opción Cero” de la ciudad de Melo (387 Km. al noreste de Montevideo) es amenazada de muerte para que deje de lado una denuncia que había publicado por el robo en una comisaría de esa ciudad de un cargamento de calzados deportivos que habían sido incautados luego de haber ingresado de contrabando al Uruguay. El 9 de abril el periodista Luis Elisburu, conductor del programa “Sin Censura TV” que se emite por los canales de cable de la ciudad de Trinidad (188 Km. al norte de Montevideo) denunció ser víctima de presiones por informar sobre presuntas irregularidades cometidas por el ex intendente del departamento de Flores, Carlos Mazzulo. El 10 de abril el diputado oficialista Esteban Pérez acusa al periodista Ernesto Tulbovitz del semanario “Búsqueda” de practicar un “periodismo chatarra”, “mentir” y afectar “la democracia”, luego de que el reportero difundiera declaraciones que le hiciera el propio parlamentario en las que éste cuestionó con dureza a los miembros de la Suprema Corte de Justicia por un fallo que le disgustó. El 5 de mayo el Ministerio de Interior rechaza un pedido del periodista Alvaro Alfonso para acceder a archivos y ficheros del Partido Comunista del Uruguay (PCU), en el marco de una investigación que estaba realizando para un libro. El Ministerio dice ser el “dueño” de esa información y que no la puede proporcionar a terceros sin autorización de los involucrados. El 8 de mayo el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) comunica formalmente al semanario “Búsqueda” que deja sin efecto una orden de compra de espacio publicitario que había solicitado el 11 de abril, en represalia por la publicación de la investigación relacionada con la polémica cancelación de una deuda de más de 100.000 dólares del vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa. El 14 de mayo la periodista Ana María Mizrahi, conductora del programa “La noticia y su contexto” que se emite por el canal estatal de televisión, declara en un Juzgado Penal luego de haber sido denunciada por el delito de “difamación” por una sobrina del ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez. Mizrahi había entrevistado el 9 de mayo a un ex guerrillero tupamaro quien durante el programa confesó haber integrado un comando que en 1972 asesinó al coronel Artigas Alvarez, quien era hermano del ex dictador. La hija del militar asesinado, Celeste Alvarez, demandó por difamación al ex guerrillero José Luis Rodríguez, pero también pidió que se aplicara el mismo delito al canal estatal y a la periodista Mizrahi argumentando que la nota debía haber sido cortada. El 22 de mayo el senador oficialista Alberto Breccia, designado para dirigir la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), anuncia que será “más estricto” en el control del canal de televisión estatal, cuya directora es su hermana Sonia Breccia. El senador dice que la “vinculación familiar absolutamente directa” con su hermana no le impide legalmente ocupar su nuevo cargo, no obstante aclara: “quienes me conocen saben que soy mucho más estricto en el manejo de las cosas en las cuales puedo aparecer teniendo algún interés, que en aquellas cosas que no tengo ningún interés, ni real ni aparente” La justicia procesa con prisión (en suspenso) al director del semanario “Noticias” de Colonia (177 Km. al oeste de Montevideo), Norberto Costabel, por el delito de “difamación”, luego de que el periódico publicara un artículo en el que alertaba a sus lectores que había un ex empleado de la publicación que estaba cobrando la suscripción a ese medio pese a que ya se había desvinculado de la empresa. El 7 de junio el autor y director de un documental sobre personas acusadas de hacerse pasar por periodistas para asistir a conferencias de prensa y otras reuniones similares con el objetivo de alimentarse gratis, es demandado por 150.000 dólares por una presunta “lesión al honor” y “violación de la intimidad”. Los demandantes, conocidos como “perejiles” en el mundo periodístico, sostienen que sí son periodistas. El autor y director del documental, Federico González, había estrenado la obra el 23 de mayo en una sesión a la que asistieron 800 personas, la mayoría vinculadas a los medios de comunicación. En agosto, los demandantes llegaron a una transacción con el documentalista y aceptaron la exhibición del filme, a cambio de la incorporación de un “derecho a réplica” dentro de la película y un porcentaje de las ganancias que la cinta origine. El 17 de junio el Ministerio de Educación y Cultura envía a la Presidencia de la República un anteproyecto de ley para despenalizar la divulgación de informaciones y opiniones de interés general, admitir la prueba de verdad para todos los delitos de comunicación cuando la información divulgada sea de “interés público”, derogar el delito de ofensa a un jefe de estado extranjero e introducir la doctrina de la “real malicia” como parámetro legal para que los jueces evalúen la publicación de una información que cualquier ciudadano considere perjudicial. La propuesta, sin embargo, mantiene la legalidad del “derecho de respuesta” y reforma pero no deroga el delito de “desacato” para quienes “menoscaben” la autoridad de los funcionarios públicos. En la última semana de setiembre, el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Parlamento. El 12 de julio el subcomisario de la Policía de Salto (496 Km. al noroeste de Montevideo), Miguel Moreira, presenta una denuncia penal por los delitos de “difamación” e “injurias” contra el periodista Luis Alberto Giovanoni, director de Radio Arapey, conductor del programa de televisión “Entre dos fuegos” y redactor del diario local “El Pueblo”. Moreira adujo que Giovanoni lo difamó cuando incluyó en un artículo antecedentes penales del policía, quien había sido procesado por “encubrimiento” en el homicidio de un contrabandista en 1998. Menos de un mes después, la jueza Beatriz Larrieux absuelve al periodista al entender que, en el caso, “no hubo un uso abusivo de la libertad de expresión”. El 20 de julio el periodista William Pérez, de la “Radio Continental” de Pando (37 Km. al noreste de Montevideo), denuncia que él y su esposa fueron amenazados de muerte luego de que el reportero informara que 60 de los 124 ediles que hay en el departamento de Canelones cobran gastos de combustibles pero no tienen automóviles particulares de su propiedad. El 26 de julio un fotógrafo del diario progubernamental “La República” es detenido cuando intentaba fotografiar un operativo policial antes de un partido de básquetbol en Montevideo, siendo trasladado a una comisaría donde fue acusado de haberle faltado el respeto a la autoridad pública. Cuando el caso pasó a un juez, éste desestimó la acusación y dejó en libertad al periodista y a su chofer. El 2 de agosto el Poder Ejecutivo inicia una ofensiva contra medios de comunicación para cuestionar duramente la cobertura de noticias policiales, ante el aumento de la sensación de inseguridad entre la población. La ministra de Interior, Daysi Tourné, abrió el fuego el 2 de agosto durante un acto público en el que señaló a la prensa como intentando instalar lo que llamó “la agenda del miedo” entre los ciudadanos y reclamó al periodismo que se pregunte sobre cuál es “su responsabilidad en la información”. Al día siguiente, la ministra Tourné subió la apuesta. “Estimular la agenda del miedo no es bueno para la democracia” dijo en el diario “El País”. El 27 de agosto cuatro funcionarios del Parlamento presentan una denuncia penal por el delito de “difamación” contra el periodista Gabriel Pereyra, del diario “El Observador”, quien cinco días antes había escrito una columna de opinión en la que calificó como “corrupción institucionalizada” una serie de beneficios que tienen los empleados de la Cámara de Diputados, también reclamados por los del Senado. El 5 de septiembre el diputado oficialista Carlos Varela, presidente de una comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de las empresas públicas en el período 2000-2005, revela que durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, el semanario “Patria”, que responde al sector político del ex presidente Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, principal de la oposición) recibió publicidad por más de 70.000 dólares de la compañía estatal de combustibles ANCAP, sin haber siquiera publicado por lo menos algunos de los avisos contratados. El 18 de septiembre el periodista Luis Carlos Cotelo, de “Radio Nacional” de Montevideo, denuncia ante la policía haber recibido varias “intimidaciones y amenazas de muerte” por comentarios formulados al aire. El reportero dijo que mediante correos electrónicos, el hostigador le hizo saber que conoce exactamente a qué hora llega en taxímetro a la radio e, incluso, le dijo que sabía dónde había comprado un artículo en particular. El 22 de septiembre el ex senador oficialista y actual dirigente del Frente Amplio, Leonardo Nicolini, presenta una demanda civil contra el semanario “Búsqueda” por 340.000 dólares, más de un año y medio después de que esa publicación informara que en diciembre de 2006 fue intervenido quirúrgicamente en un hospital del Estado empleando un “carné de pobre”. Nicolini fue forzado a renunciar a su banca luego de la publicación de la noticia por sus compañeros de sector, quienes ya conocían los datos difundidos por “Búsqueda”. El ex senador, que integra como dirigente el sector que lidera el ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro (segundo senador del gobernante Frente Amplio), había anunciado en agosto que le haría una demanda civil a “Búsqueda” con el propósito expreso de provocar el cierre del semanario.

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