Colombia

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En este período se volvió a lamentar el homicidio periodistas: José Everardo Aguilar, de 72 años, corresponsal de Radio Súper y periodista de Bolívar Estéreo en el municipio de Patía, departamento del Cauca fue asesinado el 24 de abril por un sicario en su propia casa por razones de su ejercicio profesional. Cinco meses después fue ultimado Diego Rojas Velásquez, periodista del canal Supía TV, en el departamento de Caldas, por motivos que todavía son objeto de investigación. Las amenazas y la obstrucción al trabajo periodístico siguen siendo los principales factores de intimidación que llevan a procesos de autocensura. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció un total de 69 violaciones a la libertad de prensa en el semestre. En opinión de periodistas y algunos columnistas, la estigmatización y los señalamientos por parte de funcionarios, miembros del gobierno y asesores del mismo se han convertido en mecanismos para obstaculizar la denuncia de hechos de corrupción. Las interceptaciones telefónicas ilegales denunciadas en el período anterior desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República, a periodistas, magistrados de la Corte Suprema y miembros de la oposición, siguieron siendo objeto de preocupación por sus efectos sobre la reserva de la fuente y la seguridad de los periodistas. Hubo orden de arresto contra dos periodistas por desacato, al considerar que no cumplieron satisfactoriamente con publicar rectificaciones en casos de demanda por difamación. Sentencias de la Corte Constitucional que ampliaron el alcance de la veracidad como defensa en casos de injuria y calumnia y que dejan sin efecto el incidente de desacato, evitaron que los directores de las revistas Semana y Cambio, Alejandro Santos y Rodrigo Pardo, se vieran obligados a rectificar en un segunda oportunidad so pena de ir a la cárcel. En el plano legislativo, Andiarios logró que se retirara un proyecto sobre “Libertad de Opinión con Responsabilidad”, en el que se establecía que "Los medios de comunicación serán responsables de establecer los mecanismos que garanticen en sus formularios de participación, la veracidad de los registros y por tanto serán solidariamente responsables en caso de infracción de este precepto". Sin embargo cursan en el Congreso por lo menos siete proyectos de ley que buscan reglamentar e imponer obligaciones y prohibiciones a los medios de comunicación bajo títulos generales en relación con los menores de edad, el rechazo a la discriminación, el asegurar la difusión de la realidad y los valores culturales. Así como una serie de proyectos que restringen publicidad en los periódicos y otros medios de comunicación. En la lucha contra la impunidad se destaca la condena impuesta por el homicidio del periodista Elacio Miurillo Mosquera; la decisión de llamar a indagatoria a un ex funcionario del Departamento Nacional de Seguridad (DAS) en el caso de Jaime Garzón y la solicitud de la Procuraduría de pedir a la Fiscalía la vinculación de dos políticos como presuntos responsables del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra. También se consideraron avances las versiones libres entregadas por ex jefes paramilitares para esclarecer un sinnúmero de homicidios. Sin embargo, este semestre fue pobre en cuanto a que 20 procesos investigativos por los crímenes de periodistas siguen suspendidos, archivados o en la misma etapa de investigación sin resultados. Hechos más relevantes en este período: -El 17 de marzo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó en el departamento del Chocó condenó a 34 años de prisión a Franklin Isnel Díaz Mosquera, alias Juancho, como coautor material del asesinato de Elacio Murillo Mosquera, periodista del semanario Chocó 7 días, ocurrido el 10 de enero de 2007 en Istmina, Chocó. -El Consejo de Estado condenó o La Nación a pagar una indemnización de aproximadamente US 250 mil a la familia de Henry Rojas Monje, corresponsal de El Tiempo, asesinado en Arauca, el 28 de diciembre de 1991. La responsabilidad de la Nación, dice el fallo, radica en que el crimen fue cometido por dos soldados del Ejército Nacional. Orden de arresto contra dos periodistas por desacato, al considerar que no cumplieron satisfactoriamente con publicar rectificaciones en casos de demanda por difamación. El 18 de marzo un juzgado de Granada, en el departamento del Meta, ordenó el arresto de Daniel Coronel, director del noticiero de televisión Noticias UNO, por negarse a emitir una segunda rectificación en una demanda iniciada por Reinel Gaitán Tangarife, a quien el medio había vinculado con el tráfico de droga. El 25 de marzo, el juzgado 16 penal de Bogotá ordenó por segunda vez el arresto por tres días del director de la revista Semana, Alejandro Santos, al considerar que el periodista incumplió una segunda orden de rectificación del Tribunal Superior de Bogotá. -A finales de marzo, las autoridades frustraron un atentado contra Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP y director de Contenidos del periódico El Tiempo. Fueron capturados 10 guerrilleros de las FARC. -El 24 de abril fue asesinado José Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper en el municipio de Patía, en el Cauca. Un sicario se presentó en su residencia con la excusa de entregarle unos documentos y le disparó en seis oportunidades. Aguilar informaba sobre temas políticos y realizaba frecuentes denuncias de corrupción. El presidente Alvaro Uribe ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los autores del homicidio. Su asesinato por razones de oficio, es el primero que se presenta en Colombia en casi dos años. El 10 de julio, la Policía informó sobre la captura de Arley Manquillo Rivera, presunto sicario del periodista, perteneciente a la banda criminal conocida como los Rastrojos, y quien habría sido contratado para asesinar a Aguilar por aproximadamente 7 mil dólares. -El 30 de abril, la SIP lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia por no admitir la demanda de revisión del proceso judicial del crimen del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998 en Pitalito, departamento del Huila. -En julio, dos importantes decisiones fueron tomadas por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución el numeral 1 del artículo 224 del Código Penal, implicando que los periodistas y medios de comunicación no tendrán que responder penalmente por la información veraz que divulguen sobre personas que hayan sido absueltas. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le dio 48 horas al gobierno nacional para que implemente un esquema de seguridad apropiado para una periodista en una situación de riesgo. La decisión favoreció a Claudia Julieta Suarez, quien en octubre de 2007 presentó una tutela contra el Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, porque le suspendieron las medidas de seguridad, a pesar de estar confirmado el riesgo en que se encontraba. -El Fiscal General encargado Guillermo Mendoza Diago se comprometió con la SIP a investigar 16 homicidios cuyos casos están suspendidos en diferentes fiscalías del país. -En agosto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez , solicitó a la Fiscalía General de la Nación vincular al ex diputado de Caldas Ferney Tapasco y a su hijo, el ex representante a la Cámara de Respresentantes, Dickson Ferney Tapasco, como autores intelectuales a la investigación por el homicidio de Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002. De otra parte, y según informó la Fiscalía General de la Nación, el exparamilitar Jorge Enrique Ríos confesó el crimen del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria (ocurrido el 27 de abril de 2009) corresponsal del semanario Voz en Tumaco, Nariño y se acogió a sentencia anticipada. -En septiembre, la Corte Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Superior de Cali, que ordenaba rectificar al diario El País de Cali, la columna “La Herencia de Angelino”, publicada el 18 de abril de 2008, escrita por Diego Martínez Lloreda, que cuestionaba al ex governador Angelino Garzón. Uno de los apartes importantes de la decisión del Alto Tribunal es que reitera que las opiniones de los columnistas no están sujetas a la responsabilidad por parte de la dirección sino del propio columnista. -El 22 de septiembre fue asesinado Diego Rojas Velásquez, periodista del canal Supía TV en el departamento de Caldas. Se desconocen hasta el momento los móviles del crimen. Diego Rojas trabajaba como periodista y camarógrafo para Supía TV desde hacía dos meses. Cubría las fuentes deportivas, sociales y comunitarias. Se trataba de un periodista con más de 30 años de experiencia. -En octubre, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a José Miguel Narváez, ex subdirector del departamento de seguridad (DAS), por su presunta participación en el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá, el 13 de agosto de 1999. Alias ‘El Iguano', paramilitar desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dijo en su declaración que el ex subdirector Nacional del Departamento de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, instigó al jefe de los Paramilitares Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista Garzón. Días después, otro ex paramilitar, Freddy Rendón Herrera, alias "El alemán", vinculó a miembros del ejército al crimen del periodista Garzón. Alias El Alemán dijo que la orden la había impartido el ex jefe de las AUC, Carlos Castaño, en conjunto con un general de la República que días antes lo había visitado. La declaración de "El Alemán" es la segunda de un jefe paramilitar que vincula a miembros del ejército en el asesinato de Garzón. Ya lo había hecho Heber Veloza, alias HH. -Una polémica provocó la decisión del periódico El Tiempo de cancelar a la columnista Claudia López por una columna en la que criticaba el cubrimiento periodístico del diario por las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Gobierno dentro del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura. A través de un editorial, el periódico explicó que se trataba de una decisión soberana, que no había ninguna forma de censura y que consideraba inadmisible "poner en tela de juicio los principios éticos y la honorabilidad de los periodistas que trabajan en este diario". Y destacó que otro medio de la misma casa editorial, la revista Cambio, había destapado el escándalo en cuestión. Meses antes, otra polémica produjo la decisión del diario El Colombiano de cancelar de sus páginas editoriales al columnista y experto en temas de ética periodística Javier Dario Restrepo, quien expresó en su última columna que su ''visión de los hechos políticos'' no coincidía con la del periódico. El periódico anunció que la decisión de retirar a Restrepo tenía que ver con una reorganización y renovación en las páginas editoriales. Según información de Inteligencia militar, fue descubierto un plan de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para asesinar a Herlin Hoyos, director del programa “Las voces del secuestro” transmitido por la radioemisora Caracol y en el que desde hace más de 15 años da espacio a los familiares de secuestrados por las guerrillas colombianas para que envíen mensajes a sus seres queridos en cautiverio. Hoyos abandonó por sexta vez el país.

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