Costa Rica

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Durante su período de mandato, el presidente Oscar Arias ha cruzado lanzas con la prensa, acusando a los dos medios de comunicación principales del país de perseguir escándalos con una ferocidad estilo Watergate. Debido a medidas enérgicas contra la corrupción que comenzaron hace cinco años, Arias (y el gobierno que le precedió) perdieron a decenas de miembros del gabinete y jefes de departamento, debido —en su opinión— a largos artículos incriminatorios en diarios o programas de entrevistas. El presidente, de 69 años, y ya en su segundo mandato, declaró en un discurso el 27 de agosto: “La prensa contemporánea hace mucho más que eso: no sólo informa sino también influye, decisiva y casi siempre deliberadamente, sobre las opiniones políticas de las personas. Lo hace a través de su línea editorial, del tratamiento que da a las noticias, y principalmente con la inevitable selectividad de la cobertura noticiosa”. Una pregunta persistente en el país ha sido si, a partir de estas palabras, Arias tenía alguna intención de cambiar la constitución para restringir la libertad de prensa. Arias termina su mandato en mayo del 2010 y, hasta ahora, ninguno de los principales candidatos a la presidencia ha manifestado interés en una reforma constitucional. Aparte de algún comentario raro del presidente, no ha sucedido mucho en meses recientes referente a la libertad de prensa, ha dicho Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). No existe ningún proceso legal, conflicto verdadero o cambio en la legislación, señaló. Un proyecto sobre medios de hace ocho años continúa languideciendo en la asamblea legislativa. Si se aprobara, aumentaría la protección de los periodistas que son acusados por difamación, forzando a los demandantes a demostrar que el periodista se ha comportado con “real malicia” e “imprudencia grave”. Aunque se votó para que el tema se mantuviera en la agenda legislativa, no hay indicación de que los legisladores lo retomarán pronto. Existe otra amenaza, proveniente no de políticos controladores o funcionarios desacreditados, sino del marcado incremento del crimen organizado. Con una tasa de homicidio de casi el doble desde el 2006 y un aumento del 800 por ciento en casos relacionados con drogas entre 1997 y el 2007, el país está enfrentando un verdadero problema de seguridad, que es reconocido por el gobierno actual y los candidatos presidenciales. El crimen organizado presenta no sólo una amenaza física para los periodistas: según los analistas, los medios de comunicación pueden adoptar cierto grado de autocensura para evitar riesgos. Aunque ha admitido su falta, el país continúa sin cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso que implica a Mauricio Herrera Ulloa, ex reportero del diario La Nación, condenado por difamación penal en 1999. Ulloa escribió una serie de artículos en 1995 en los que acusaba de corrupción al ex diplomático costarricense, Félix Przedborski. Originalmente le impusieron una multa de $120,000 por daños y perjuicios, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos impugnó la decisión en el 2004 y solicitó al gobierno pagar a Ulloa US$20,000 o el equivalente en moneda costarricense, además de US$20,000.00 por costos legales. La Corte Penal de San José fue forzada a publicar un recordatorio este año porque algunos honorarios legales continúan sin abonarse. Con vistas a la elección presidencial de febrero, la Asamblea Legislativa acaba de terminar la redacción del Código Electoral, eliminando una ley de muchos años que prohibía beber en los días previos a una elección y abriendo la votación a los ciudadanos que viven fuera del país. En una parte de la legislación –que al final nunca se concretó— se ordenaba el encarcelamiento de los directores de medios que publicaran encuestas días antes de la elección. Todavía se penalizará a esos directores, pero no con encarcelamiento.

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