Caribe

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BARBADOS Hasta hace poco tiempo Barbados se preciaba de disfrutar de un nivel sano de tolerancia entre diarios, gobiernos, negocios y personas, aunque siempre hubo un estado de tensión. Esa tensión aumentó el año pasado cuando hubo un enfrentamiento entre el consejero del primer ministro y la editora del Sunday Sun, una de las publicaciones de la Nation Publishing Company y el periódico de mayor circulación de Barbados. El consejero amenazó con que si la editora no publicaba una encuesta de opinión pública, acto que consideraba apropiado, “avergonzaría” y “destruiría” su reputación (de la editora) en el país. El periódico llamó la policía y la amenaza fue divulgada. El Sunday Sun publicó la historia en la página tres. Desde entonces el gobierno ha retirado la publicidad del partido y su columna semanal porque percibe a la compañía Nation como antigubernamental. A la vez, muestra preferencia por otro periódico, The Advocate, que exhibe abiertamente su apoyo al gobierno. La relación entre la policía y la prensa, que fue tirante durante los últimos tres años debido a incidentes en los que la policía intentó impedir que periodistas/fotógrafos tomaran fotografías, ha mejorado mucho. Los directivos de los medios celebraron reuniones con la jerarquía de las fuerzas policiales y se firmó un memorando de entendimiento. El hecho sirvió para que los periodistas se reagruparan y relanzaran la Asociación de Periodistas de Barbados (BAJ). Los periódicos se las han arreglado para realizar su trabajo sintiéndose seguros de que, a pesar de los ocasionales ataques y críticas verbales por “información prejuiciada” o mala información, viven sin demasiada interferencia diaria. GUYANA El uso de la publicidad gubernamental como recurso de castigo y recompensa ha continuado siendo una característica del trato hacia los medios. El presidente Bharrat Jagdeo también ha continuado lanzando ataques contra las empresas mediáticas y sus reporteros, creando condiciones para la autocensura y el cercenamiento de las libertades. A pesar de repetidas promesas durante el 2009 el gobierno ha fracasado hasta ahora en presentar legislación de acceso a la información y para crear una autoridad nacional de difusión. Desde el 2007 sobresale el uso de la publicidad gubernamental como arma contra los medios. Después de retirar de manera arbitraria la publicidad de Stabroek News durante 17 meses, el gobierno reanudó la colocación de anuncios en el periódico en abril del 2008. No ha habido explicación alguna al respecto. La tendencia, desde el ano pasado y hasta el presente, muestra que el gobierno ha utilizado la publicidad tanto para castigar como para recompensar a los medios. Además, a finales del año pasado Guyana Times recibió más anuncios que Kaieteur News, que había sido el periódico de mayor circulación según el gobierno. Este hecho ocurrió en un momento de tensión entre el gobierno y Kaieteur News sobre informaciones del periódico que fueron cuestionadas. Después de una información del 4 de octubre sobre la cuantía de anuncios recibidos por Guyana Times, su asignación se redujo en los meses siguientes, aunque continúa siendo abundante. Para febrero del 2010 la asignación de Guyana Times estaba por debajo de la de Kaieteur News. Esta situación refuerza la necesidad de que la publicidad gubernamental se distribuya de manera profesional, quizás otorgando esa función a una agencia de publicidad que pueda asignar anuncios sobre la base de la circulación y del contenido auditados. El presidente Jagdeo prohibió al reportero de televisión, Gordon Moseley, de Capitol News, asistir a ruedas de prensa en la Oficina del Presidente o la Casa Estatal. El presidente Jagdeo estaba molesto por el tono de una carta del Sr. Moseley a los medios en la que defendía su reportaje sobre una cumbre en la que había participado el presidente. El Presidente invitó al Sr. Moseley a disculparse sobre la carta, pero éste dijo que no lo haría por cuanto sólo respondía a las críticas del Presidente acerca de su reportaje. El gobierno mantiene un monopolio radial que heredó en 1992 del gobierno anterior. Sólo existe una radio en Guyana, pese a que este gobierno prometió hace 17 años iniciar un proceso de liberalización. Desde hace tiempo se ha prometido una nueva ley de transmisiones para regular la emisión y renovación de licencias, pero no se ha hecho nada. En la primera semana de octubre del 2009, un portavoz del gobierno declaró que se presentaría en el próximo período de sesiones del Parlamento una ley para crear una nueva administración de transmisiones. También ocurre después de un fallo del presidente de la Corte Suprema que establece que la agencia a cargo de recibir las aplicaciones para nuevas licencias de radio, debe procesarlas en un período de tiempo razonable. Ello ocurre teniendo como telón de fondo un fallo del presidente de la Corte Suprema que establece que la agencia a cargo de las solicitudes para nuevas licencias de radio debe procesarlas en un período de tiempo razonable. Hasta el momento el proyecto no figura en el sumario. Sin embargo, la venta de una estación de televisión privada, VCT Channel 28 al Grupo Ramroop –los dueños de Guyana Times– ha levantado preocupaciones sobre la transparencia e imparcialidad en la concesión de nuevas licencias de radio. VCT tenía una antigua solicitud para una licencia de radio y hay preocupaciones de que ésta le fue concedida al Grupo Ramroop por delante de otros solicitantes que precedieron a VCT y que otros serán ignorados. Docenas de solicitudes de licencias de radio habían sido presentadas a la National Frequency Management Unit (NFMU) desde 1992 pero éstas se dejaron pendientes debido a la carencia de un acuerdo político sobre la manera de proceder. Desde que se emitieron dos fallos criticando al gobierno por no actuar con suficiente celeridad en el otorgamiento de las licencias, la NFMU ha estado escribiendo a todos los solicitantes para indagar si aún están interesados en adquirir licencias. Hay preocupación de que este proceso esté pensado sobre todo para permitir la concesión de una licencia de radio a VCT. Otros solicitantes de licencias están supervisando cuidadosamente cómo se porta la NFMU con sus solicitudes. No existe en el país una ley de acceso a la información. El acceso a los ministerios de gobierno es relativamente fácil, aunque obtener de ellos información oficial y datos es muy difícil. Un proyecto de ley de libertad de información, redactado por un miembro de la oposición parlamentaria, ha sido discutido dos veces, pero no ha conseguido el apoyo del gobierno. En abril del 2009 el presidente Jagdeo afirmó en conferencia de prensa en Trinidad y Tobago que iba a presentar un proyecto de ley sobre libertad de información en dos meses. Ese plazo ya pasó sin que el proyecto se haya presentado. En la primera semana de octubre del 2009, un portavoz del gobierno dijo que un proyecto sobre libertad de información sería presentado en la siguiente sesión del Parlamento. Hasta el día en que se elabora este informe no existe una palabra definitiva sobre cuándo será presentado. Hay una visión ampliamente difundida en los medios de que la ley de difamación es anticuada y que impide ofrecer información sólida sobre los funcionarios. Lo que debería ser claramente permitido como un justo comentario sobre las autoridades ha terminado con frecuencia en demandas cuyo objetivo es sofocar más información. En septiembre del 2009 se decidió formar la asociación de propietarios de Guyana (GMPA). Esto se realizó debidamente y se eligió un ejecutivo el 27 de enero del 2010. La GMPA se propone trabajar estrechamente con la asociación de profesionales y la Facultad de Comunicación de la University of Guyana. JAMAICA La Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ por sus siglas en inglés) está preocupada por la falta urgencia que muestra la legislatura jamaicana en la discusión de un informe que recomienda la reforma de las leyes arcaicas de difamación y calumnia de Jamaica. El informe ha estado languideciendo en el parlamento por más de un año, y dos años después de su preparación por un comité designado por el primer ministro. Los periodistas y los medios están presionando para eliminar la difamación como delito penal, reducir las expectativas para que la malicia sea la única defensa de los funcionarios, y que la determinación de daños se realice por un juez más que por un jurado. La costumbre de los jurados hace que se impongan cantidades excesivas en daños, lo que puede tener un efecto pernicioso sobre la continuidad de las organizaciones de medios. Otro factor que afecta negativamente la libertad de prensa es la Ley de secretos oficiales, que contradice la publicación de información bajo la Ley de acceso de información. TRINIDAD Y TOBAGO La libertad de prensa permanece como un derecho constitucional arraigado y, con prudente preocupación y permanente vigilancia, un realidad viviente. Los resentimientos del gobierno hacia los medios, ejemplificada en la recomendación del año pasado para prohibir al reportero de un diario en el Parlamento, se acrecentaron en el 2010. La prohibición fue propuesta por miembros del partido de gobierno que integran la mayoría en el Comité de Privilegios del Parlamento, como una sanción contra el reportero de un diario. Su ofensa fue haber publicado una historia basada en un informe ante dicho comité que no había sido discutido por sus integrantes. Después que la historia fue publicada, el descontento gubernamental se hizo evidente y el comité sesionó para decidir una respuesta ante la ofensa. En representaciones ante el comité, el reportero y el editor jefe del periódico, Newsday, reconocieron que la historia representaba una violación de la norma de orden parlamentario y se disculparon por la publicación prematura. Pero entonces otras evidencias indicaban una inclinación oficial a utilizar el Comité de Privilegios no solo para mantener en línea la honorabilidad de los parlamentarios sino que también para esgrimir un medio de corrección contra los medios. Semanas antes, el mismo comité se movilizó para considerar un informe de parlamentarios contra un reportero y un presentador de CCN TV6, alegando una violación del privilegio por un reportaje inexacto sobre el Parlamento. Una creciente actitud de hostilidad contra la prensa ha caracterizado declaraciones públicas de dirigentes del gobierno que notablemente no excluyen a medios administrados por el gobierno, incluyendo estaciones de radio y televisión. El gobierno sigue contando con el apoyo del propietario de una cadena de radio que a la vez es un miembro prominente del partido gobernante.

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