Bolivia

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La libertad de prensa y expresión, caracterizada por el permanente asedio del Gobierno y de otros sectores, contra periodistas y medios de comunicación, se ve ahora amenazada de ser limitada con una norma que pretende adoptar el presidente Evo Morales, ‘para educar’ a los periodistas a fin de que ‘no mientan’, para que al que hacerle una pregunta levanten el brazo izquierdo con el puño izquierdo cerrado y para que luchen contra el ‘imperialismo’. La advertencia presidencial de emitir una norma ha puesto al periodismo en estado de alerta, pero al mismo tiempo ha generado cierto desconcierto entre las organizaciones periodísticas que barajan diversas alternativas para evitar que de esa manera se mutile la libertad de expresión. La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) señaló tener listo un proyecto de ley de imprenta alternativo para ponerlo a consideración de la denominada Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) rechazan el intento de aprobar cualquier ley, por considerar que sería dar luz verde para atentar contra la libertad de expresión. En ese sentido, las organizaciones periodísticas han acordado realizar debates en el país para definir una posición final. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha nombrado y posesionado en octubre de 2009 un Tribunal de Ética periodística con el propósito de mejorar la calidad del periodismo impreso y tener un organismo al que puedan acudir autoridades o personas que se sientan dañadas por publicaciones periodísticas. El Tribunal se encargará de juzgar las faltas éticas de los periodistas y medios afiliados a esta organización, imponiendo sanciones morales. Está integrado por un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex presidente del Tribunal Constitucional de la Nación y tres periodistas que obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo. La Asociación de Periodistas de Bolivia, la Asociación Boliviana de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de La Paz, instalaron otro tribunal de ética para juzgar las transgresiones a principios éticos de otros medios de comunicación. Ambos tribunales obedecen a la Constitución Política del Estado que en la segunda parte del inciso dos de su artículo 107 señala que los principios de veracidad y responsabilidad “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”. Desde que el presidente Morales obtuvo un arrollador triunfo del 64 % con el que fue reelegido para un nuevo mandato de cinco años en los comicios del 6 de diciembre de 2009, se ha advertido el surgimiento de autocensura en algunos medios independientes. Algunos canales de televisión han bajado su perfil informativo y, aunque hay un hermetismo oficial, se sabe que simpatizantes del Gobierno han adquirido algunos canales de televisión y medios impresos que se suman a un diario, al canal de televisión de mayor alcance en el país y a la cadena radial Patria Nueva, todos del Estado, utilizándolos como medios de propaganda gubernamental. El presidente Morales asumió el control total de los tres poderes del Estado. Su partido tiene una mayoría de más de los dos tercios en el Órgano Legislativo y designó personalmente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional de la Nación, del Consejo de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación, quien, a su vez, nombró fiscales en los nueve departamentos del país, cuatro de ellos, militantes del partido oficialista. Cada vez es más frecuente que los periodistas sean convocados por fiscales presuntamente afines al Gobierno, para declarar como testigos de casos, especialmente, con contenido político. A juicio de la ANP, esta situación constituye un mecanismo de amedrentamiento que puede llevar a los periodistas a abstenerse de cubrir hechos conflictivos. Los fiscales han congelado virtualmente las investigaciones sobre los ataques a balazos por parte de policías a periodistas de la Red Unitel de Televisión, el 3 de septiembre de 2009, y de PAT de Televisión, el 26 de noviembre, ambos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 3 de septiembre de 2009 el periodista Alberto Ruth y el camarógrafo Francisco Cuéllar, de Unitel, fueron atacados por policías de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), cuando cubrían el apresamiento de un ciudadano involucrado en un conflicto de tierras con campesinos afines al Gobierno. Los reporteros fueron golpeados, su vehículo fue embestido por una camioneta policial, su cámara filmadora fue destruida a balazos y la cinta fue confiscada. El Gobierno admitió al día siguiente que policías al mando del capitán Walter Andrade participaron en el ataque, disolvió ese cuerpo policial de élite que participó en otras acciones sangrientas de tipo político, y dijo que suspendió a los involucrados para someterlos a un proceso interno. Hasta la fecha no se sancionó a los agresores a pesar de estar identificados. El 26 de noviembre, también en Santa Cruz, dos mujeres periodistas de la red televisiva PAT fueron perseguidas, bajadas del automóvil en que se encontraban, arrastradas de sus cabellos varios metros por policías del grupo Delta, quienes dispararon sus armas, hiriendo en la pierna a Ismael Jesús Montero, chófer del vehículo de las periodistas, que fue también blanco de los disparos. Las periodistas Shirley Flores y Karen Paola Rueda cubrían información del secuestro de un menor. El Ministerio de Gobierno anunció una investigación para aplicar una sanción interna o dar de baja a los responsables, pero se desconoce alguna medida. El 25 de enero, al anunciar que deberá elaborarse una ley para educar a los periodistas, el presidente Morales formuló votos porque los periodistas y medios de comunicación se sumen a “esta tarea de lucha contra el capitalismo”. El caso del periodista Carlos Quispe Quispe, asesinado el 29 de marzo de 2008 por un grupo de manifestantes, opositores al Alcalde de la población altiplánica de Pucarani, continúa en el misterio. La fiscalía de la ciudad de El Alto de La Paz, donde se encontraba el caso, al igual que la Policía, paralizó sus investigaciones y ninguna autoridad hace nada para reactivarlo. A este panorama se añade el hecho de que el Presidente ha roto una virtual tregua que pareció haberse dado él mismo, en sus sistemáticos ataques a los periodistas. Desde noviembre de 2009, se han registrado 21 agresiones o críticas verbales contra periodistas. Seis de ellas, o sea más del 25 por ciento, fueron del presidente Evo Morales. La última agresión verbal se registró el 3 de marzo cuando amenazó a la periodista Nicole Bisbal, de la Red Unitel, de que él controlará personalmente que publique textualmente lo que declaró. “¿Has entendido?, ¿has escuchado?”, le remarcó delante de las cámaras de televisión. El Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa ha aprobado una cuestionada Ley Anticorrupción que permite investigar el enriquecimiento ilícito de ex funcionarios del Estado, y otra de Juicios de Responsabilidades a ex presidentes y dignatarios de Estado que hubieran incurrido en delitos administrativos. Esas leyes son cuestionadas por analistas jurídicos y opositores que consideran que violan los derechos humanos al desconocer, entre otras cosas, la presunción de inocencia hasta probarse la culpabilidad, y que serán sólo un instrumento de venganza política. A pesar de esas y otras normas calificadas por el oficialismo como destinadas a generar la transparencia de la administración pública, se han emitido decretos que cierran las puertas al acceso a la información pública, negándose a los ciudadanos y a los periodistas, la posibilidad de investigar sobre los bienes e ingresos detallados de las autoridades, a menos que existiera una orden judicial, dentro de un proceso justificado. Las Fuerzas Armadas se han escudado en sus reglamentos internos para negar información solicitada con orden judicial, sobre asesinatos, desapariciones y torturas cometidos por regímenes dictatoriales. En abril de 2009, el Gobierno actual emitió un Decreto Supremo por el que amplía a los órganos Legislativo y Judicial la obligación de ejercitar el acceso a la información que, por un Decreto Supremo de 2005, se refería únicamente al poder Ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, pocas instituciones cumplen las obligaciones por la ausencia de una instancia coactiva para casos de incumplimiento. Entre tanto, un proyecto de Ley de Acceso a la Información, elaborado hace cuatro años por la actual Ministra de Transparencia, duerme en algún anaquel de la Cámara de Diputados, aunque está colgado de la página web de ese ministerio. Otros hechos importantes en este período: El 9 de noviembre, un grupo de personas discapacitadas que reclama un bono de cesantía al Gobierno atacó las instalaciones de la radio estatal Patria Nueva, amenazó con agredir a los periodistas y cortó los cables de luz, obligando al medio a suspender su emisión por dos horas, denunció la periodista Jenny Abiza. El 10 de noviembre, el presidente Morales pidió a la SIP educar a algunos periodistas de Bolivia para que lo respeten, en respuesta al reclamo planteado de que se abstenga de “insultar y agredir verbalmente” a los reporteros. “La SIP dice que Evo respete a los periodistas, pero yo quiero decir a la SIP que como organización eduque a algunos periodistas para que me respeten”, dijo en un acto en la ciudad de Potosí. “Si al Presidente no lo respetan, cómo van a respetar al pueblo boliviano", se preguntó. “Queremos que la prensa diga la verdad, sólo la verdad (...). Esa es una batalla internacional que hay que librar". El 27 de noviembre, la periodista Paola Mallea, de la red televisiva PAT, fue herida con un cuchillo cuando salía de su casa. El hecho ocurrió menos de 24 horas después de que un equipo de televisión del mismo canal fue baleado por un grupo policial de élite, por lo que el medio de comunicación afectado presentó las denuncias y pidió garantías para trabajar al Gobierno. La periodistas denunció días después que también fue secuestrada temporalmente por dos sujetos. El 2 de diciembre, el presidente Morales sugirió la posibilidad de declararse en huelga de hambre para “liberar” a los periodistas que “son instrumento de la derecha”. “Puedo conseguir trabajo para todos, así todos pueden venir a trabajar y no estar al servicio de la derecha para hacer daño a Bolivia, a la patria, a los bolivianos y también a la vida”, sostuvo. El 18 de diciembre, el editor general del periódico oficialista Cambio, Ramiro Ramírez Simons, fue agredido en la ciudad de La Paz por un grupo de desconocidos, cuando retornaba a su domicilio. A consecuencia de los golpes recibidos, Ramírez presentó triple fractura de tabique nasal y una posible rotura de mandíbula. El 10 de enero, Juan Manuel Arias, portavoz del empresario cruceño Branko Marinkovic, acusó al periódico La Razón de llevar adelante “una persecución” a su jefe, debido a que el diario quería conocer el paradero de Marinkovic, denunció el medio afectado. El 12 de enero, la Alcaldía de Sucre (sur de Bolivia) emitió una circular en la que advierte a autoridades intermedias que “no están autorizadas a emitir declaraciones públicas en medios de comunicación sin previa autorización”. El 25 de enero, el presidente Morales anunció que su Gobierno normará a los medios de comunicación para que “no mientan” y pidió a los periodistas que “entren en la tarea de lucha contra el capitalismo”. Morales manifestó que hay medios de comunicación que tienen comentaristas que cuando hablan de él lo llaman indio, animal o macaco, y que incluso sugieren que hay que matarlo, y entonces advirtió que “hay que empezar a corregir y normar y que todos nos basemos en las leyes”. El 28 de enero, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Héctor Arce (del MAS, partido gobernante), se negó a atender la consulta de medios de comunicación televisivos y ordenó la reducción del espacio destinado a los periodistas que cubren el Congreso. El 23 de febrero, Óscar Sandy, director ejecutivo de Insumos Bolivia -institución que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural-, anunció que demandará penalmente a Carmen Melgar, periodista de la red televisiva Unitel, por los delitos de difamación e injuria. Al relatar que en los depósitos de Insumos Bolivia había harina vencida. El 3 de marzo, el presidente Morales increpó a dos periodistas durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Gobierno. A una de ellas le exigió que saque textualmente lo que decía y le anunció que “controlará si hay libertad de expresión”. A la otra, tras su pregunta, la señaló como “portavoz de algunos compañeros y compatriotas que quedan como restos del neoliberalismo”. Nicole Bisbal, de la red Unitel, le preguntó: “¿Presidente, qué opinión le merece Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y su relación con Bolivia?”. A la consulta Morales respondió “Mire, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional permiten todo… ¿de qué medio es usted, perdón?”. La reportera le respondió y el Presidente continuó: “Unitel, quiero que saques textualmente lo que diga, voy a controlar si hay libertad de expresión… ¿entendido?, ¿has escuchado?” El 7 de marzo, el juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, Álvaro Melgarejo, decomisó momentáneamente la grabadora del periodista del diario La Razón, Miguel Melendres, durante una audiencia cautelar contra tres ex funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas acusados de compras irregulares, denunció el reportero agredido. El 9 de marzo, el canciller David Choquehuanca se molestó en una conferencia de prensa cuando le preguntaron cuándo entregaría el Gobierno boliviano el dinero recaudado en su campaña ‘Chile y Haití necesitan de ti’, consultando a los comunicadores cuánto habían aportado a esa actividad solidaria. “Les pregunto si se han solidarizado los de la prensa. Ustedes preguntan cuánto exactamente, yo les pregunto cuánto han aportado”, exigió Choquehuanca a los periodistas.

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