Brasil

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El Gobierno Federal ha estado demostrando su intención de restringir y minar la libertad de prensa y de expresión. La Conferencia Nacional sobre Comunicación, la Conferencia Nacional de Cultura y el Programa Nacional sobre Derechos humanos (PNDH), llevados a cabo como iniciativas del Gobierno, revelan las intenciones del poder ejecutivo de crear y consolidar el mecanismo para controlar a los medios. A principios de marzo en São Pablo, los participantes en el foro Democracia y Libertad de Expresión manifestaron esta preocupación y los representantes de un número de países latinoamericanos advirtieron de que la restricción de la libertad comienza precisamente con el argumento de que es necesario ejercer el “control social” sobre los medios. Vale precisar que estas advertencias fueron expresadas incluso después de que el ministro de Comunicaciones, Hélio Costa, se había dirigido a los participantes y había rechazado cualquier posibilidad de que el gobierno intentara controlar los medios, ocasión en la defendió una “nueva y gran ley de comunicación” y la creación de los nuevos marcos regulatorios para el sector. En su discurso de apertura en el Foro, el presidente de la junta directiva del Grupo Abril, periodista Roberto Civita, criticó el PNDH, acusándolo de ser un ejemplo de tentativa de control gubernamental sobre los medios. Y el temor de Roberto Civita tiene fundamento. Como bien destacó el representante Mendes Thame, ese Programa incluye una disposición que permite la creación de una clasificación de medios de comunicación según derechos humanos. “Es una cuestión de establecer una distinción entre entidades privadas –organizaciones de prensa o medios de comunicación– sin ninguna razón o justificación, excepto la voluntad del administrador”, indicó el legislador. En su opinión, el PNDH hace clara la intención del gobierno de causar problemas sin autorización legal. En el mismo foro, el jefe de Redacción del Folha de São Pablo, Otávio Frias Filho, expresó la opinión de que uno no puede considerar que la situación de la libertad de prensa en Brasil sea tan precaria como en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero advirtió de tentaciones autoritarias de controlar los medios en gobiernos populares como el brasileño: los “gobiernos con altos niveles de popularidad tienden a ser más autoritarios. Atribuyo algunas acciones (controlar los medios) a la sensación de fuerza que confiere dicha popularidad”. En vista de esta situación, Otavio Frias Filho enumeró tres funciones del buen periodismo: preparar a los ciudadanos para desempeñar un papel más activo y consciente; realizar una especie de “taquigrafía de la historia”; y actuar como parte de un sistema de frenos y contrapesos del poder. Para él, esta última es la tarea más importante del periodismo libre, entendiendo que en una sociedad democrática resulta saludable que exista una cierta tensión entre el gobierno y la prensa. El vicepresidente de relaciones institucionales del Grupo Abril, Sidney Basile, destacó que el ciudadano es quien controla los medios: “Usted compra su revista en el kiosco de periódicos. No le gusta: es horrible, está mal hecha y no la compra más. Este control social es perfecto; no hay necesidad de ningún otro”. Basile agregó: “el estado no fiscaliza la prensa; es la prensa la que fiscaliza al estado”. También es preocupante la postura de algunas declaraciones en Internet (vermelho.org) en defensa del gobierno. Algunos textos afirman que “representantes de los grandes medios señalaron que el PT está contra la libertad de expresión y la democracia. Creen que si Dilma (Rousseff) es elegida, se instaurará el estalinismo en Brasil”. Para los defensores del control social de los medios “los grandes medios ya están organizando una campaña contra la candidatura de Dilma”. Los ataques de Internet comienzan poniendo en ridículo al Foro –“promovido por un instituto que es un defensor de valores como la economía de mercado y el derecho de propiedad, y que tiene en su Junta a figuras como João Roberto Marinho (Organizações Globo), Roberto Civita (Editora Abril), Eurípedes Alcântara (revista Veja) y Pedro Bial (TV Globo)”. Los medios están también preocupados por la Conferencia Nacional de Cultura, aunque el ministerio de Cultura informó a mediados de enero de que el evento tenía el objetivo primario de debatir la cultura en el país. Las preocupaciones de los empresarios de medios de comunicación brasileños fueron expresadas por los periódicos O Globo y O Estado de São Pablo. En sus textos, los dos medios subrayaron la naturaleza “autoritaria” del documento y la asociaron a intentos de restringir los derechos a la información y la expresión. “El texto básico de la Conferencia podría pertenecer a un museo de teratología política, como el summum de la estupidez humana. Antes de enviarlo allá, sin embargo, será necesario evitar su conversión en la guía oficial de una política para la comunicación, la ciencia y la cultura”, reza Estadão. La Asociación Brasileña de Radio y Televisión (Abert) consideró que el texto base de la segunda Conferencia Nacional de Cultura era una amenaza a la libertad de expresión. El documento de la conferencia afirma que el supuesto monopolio de los medios representa una amenaza para la democracia y los derechos humanos. La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Asociación de Abogados del Brasil (OAB) interpretan también el documento como un ataque del gobierno contra los medios. El director ejecutivo de la ANJ criticó el fundamento del texto: “La ANJ lamenta y condena cualquier iniciativa que apunte a impedir la completa libertad de expresión. En este caso, así como en otros informados recientemente, hay una propuesta antidemocrática y anticonstitucional, puesto que la completa libertad de expresión es uno de los preceptos básicos de nuestra Constitución. Es condenable este intento de dominación, de interferencia en el contenido de los medios”. La OAB mantuvo un tono crítico con respecto al documento base de la segunda Conferencia Nacional de Cultura. De acuerdo con el grupo, el gobierno confunde la concentración de grandes compañías periodísticas en manos de grupos económicos con la idea del monopolio. En opinión de la OAB, el gobierno no puede interferir en la libertad de los medios para informar a la sociedad: “La libertad de opinión periodística, aunque uno pueda discrepar con esa opinión, es un derecho fundamental. El estado debe fomentar esa libertad y no restringirla”. Respecto del Programa Nacional sobre Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER), la ABERT y la ANJ distribuyeron a mediados de enero un comunicado de prensa en el que expresaban su perplejidad ante las amenazas a la libertad de expresión contenidas en el decreto que creó el PNDH. Según esos grupos, con el fin de defender y valorar los derechos humanos, cuestión fuera de discusión, el decreto prevé la creación de una comisión gubernamental que fiscalizará la producción editorial de las empresas de comunicación y establecerá una clasificación de esas empresas en términos de derechos humanos. El decreto prevé castigos –e incluso la cancelación de licencias en el caso de medios de radiodifusión– a las empresas que no sigan las pautas oficiales en términos de derechos humanos. “La defensa y valoración de los derechos humanos es parte esencial de la democracia bajo la Constitución y las leyes brasileñas, y tienen todo nuestro compromiso y respaldo. Pero no es democrática y resulta flagrantemente inconstitucional la idea de jerarquías y mecanismos para controlar la información. La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos y no debe ser tutelada por comisiones gubernamentales. Las asociaciones que representan a los medios brasileños esperan que se eliminen las restricciones a la libertad de expresión contenidas en el decreto, en beneficio de la democracia y de toda la sociedad”, reza el comunicado. Otros hechos relevantes: El periódico O Estado de São Paulo ha estado bajo censura previa durante casi ocho meses, impedido por decisión del poder judicial de publicar cualquier información sobre la supuesta implicación de la compañía de Fernando Sarney —hijo del ex presidente de la República y ahora presidente del Senado, José Sarney— en malversación de fondos y dinero negro en una campaña política, bajo la alegación de que la investigación es información clasificada. La sospecha de la participación del hijo de Sarney en el esquema surgió a partir de una investigación de la Policía Federal, la Operación “Boi Barrica”, y saltó a la luz pública en un reportaje publicado el 16 de julio del 2009 en O Estado de São Paulo, basado en información obtenida de manera legítima. Dos semanas más tarde, el Tribunal de Justicia del Distrito Federal prohibió al grupo Estado ofrecer más información sobre el caso y fijó una multa de R$ 150,000 por cada reportaje contrario a la decisión. El 18 de diciembre Fernando Sarney solicitó que terminasen las medidas contra el Estadão. Mientras tanto, el diario rechazó que se archivara el caso y el 29 de enero del 2010 declaró al Tribunal de Justicia que prefería que prosiguiera la acción, de modo que pudiera juzgarse su mérito. El 14 de diciembre de 2009 fue asesinado José Givonaldo Vieira, de 40 años, propietario y director de Rádio Bezerros FM y Folha do Agreste, en la ciudad de Bezerros, en el estado de Pernambuco. Vieira viajaba en su vehículo cuando fue interceptado por otro automóvil del que se bajó un desconocido y le disparó tres veces en el pecho y la cabeza. El ataque ocurrió afuera de las instalaciones de Rádio Bezerros, en las que conducía el programa “Bezerros Comunidade”, sobre temas sociales. Se desconocen los motivos del asesinato.

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