Colombia

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En este periodo la libertad de prensa se vio afectada por la intimidación contra periodistas a través de amenazas, obstrucción al trabajo, limitaciones en el acceso a la información y por medio de la utilización de mecanismos judiciales. Según reportó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre noviembre y marzo se registraron dos asesinatos, trece amenazas, quince agresiones y siete formas de obstrucción al ejercicio periodístico. En los últimos meses se profirieron las sentencias positivas para la libertad de prensa. Se declaró infundado el incidente de desacato sobre el columnista Mauricio Vargas y, en decisión de primera instancia, se precluyó la investigación por injuria y calumnia en contra de Alejandro Santos, director de la revista Semana. Asimismo, se absolvió del delito de injurias al columnista Alfredo Molano. Como mecanismo de presión contra medios y periodistas, continua el incremento del uso de acciones judiciales como la tutela, las acciones de responsabilidad civil y reparación directa y las acciones penales. De manera particular y como hecho reciente, se ha incrementado el uso de las demandas que la ley colombiana llama “Acciones Populares”, las cuales otorgan un estímulo económico al demandante y se vienen utilizando con el ánimo de impedir la publicación de ciertos contenidos publicitarios, especialmente los relacionados con licores en los medios impresos de comunicación. La acción popular más preocupante cursa actualmente contra el periódico El Tiempo, la cual busca el reintegro de la columnista Claudia López, a quien el periódico, en ejercicio de su autonomía editorial, despidió el semestre pasado. La acción popular invoca el pluralismo y los derechos colectivos de la ciudadanía. En la lucha contra la impunidad, los resultados son preocupantes. Fueron liberados, a través de dos decisiones judiciales, los presuntos responsables de los crímenes de José Duviel Vásquez, periodista de la emisora La Voz de la Selva, asesinado el 6 de julio de 2001 en Florencia, Caquetá y de José Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper y de Bolívar Estéreo, asesinado el 24 de abril de 2009, en el municipio de Patía, departamento del Cauca. Se espera, sin embargo, que las decisiones tomadas por la Fiscalía en los casos de Luis Eduardo Alfonso, director de la emisora Meridiano 70 en Arauca, asesinado el 18 de marzo de 2003; y el de Jaime Rengifo Revero, propietario de la Casa Editorial El Guajiro y director de Periodistas en Acción, asesinado el 23 de abril de 2003, conduzcan a decisiones ejemplares por parte de los jueces. En ambos casos, la Fiscalía ha formulado cargos en contra de paramilitares como presuntos responsables de homicidio agravado. Por una solicitud de Andiarios, la Fiscalía General de la Nación entregó el 18 de febrero un primer informe sobre el estado de los procesos de amenazas contra periodistas en Colombia. Hace dos años, ante centenares de denuncias por amenazas, Andiarios en conjunto con la FLIP, solicitó a la Fiscalía fortalecer y adoptar medidas para garantizar resultados en estas investigaciones. A tales efectos entregaron con base en la información suministrada por el Comité de Protección de Periodistas del Ministerio del Interior, veintiséis casos relevantes para que la Fiscalía les diera prioridad. El informe plantea que esos casos se encuentran activos, uno en etapa de juicio, dos en etapa previa y los demás en etapa de indagación preliminar. Otros hechos que han generado preocupación tienen que ver con el cierre de la revista Cambio, respecto del cual se ha generado un fuerte debate por los efectos que podría tener en relación con el periodismo de denuncia y de investigación y el manejo de la licitación de los espacios informativos del canal regional Telepacífico, que según algunos directores y editores de los principales medios de comunicación, ha carecido de transparencia y objetividad. Existe preocupación por la autocensura a que se ven sometidos algunos medios regionales y de provincia, así como las intimidaciones y amenazas de que son víctimas permanentes para impedir o hacer más difícil la labor de investigación y denuncia que adelantan en sus regiones. En el plano legislativo, durante este período se retiró un proyecto de ley que responsabilizaba a los periódicos por contenidos discriminatorios de avisos publicitarios, responsabilidad que compete al anunciante y no al medio. Se modificó un segundo proyecto en el cual se imponía a todos los medios de comunicación, públicos y privados, la obligación de publicar contenidos orientados a difundir la realidad y el valor de la diversidad lingüística y cultural de la Nación, compromiso que ahora alcanza a los medios públicos. Un tercer proyecto que restringe la divulgación de imágenes e información en las portadas de los medios impresos, vulnerando la prohibición de censura de la Constitución Política, se analizará una vez se reanuden las sesiones legislativas. Continúan su trámite varios proyectos de Ley que de manera directa o indirecta afectan a los periódicos: Proyecto de ley 213 de 2009: desconociendo la Constitución y la jurisprudencia, establece nuevamente requisitos para ejercer la actividad periodística, crea la Colegiatura Nacional del Comunicador Social y del Periodista y la faculta para aplicar el “Código Único de Ética” y para imponer sanciones a los periodistas. Proyecto de ley 280 de 2009: Impone a los periódicos la obligación de publicar informaciones orientadas a ubicar a los menores desaparecidos. Esta obligación, aunque persigue un fin loable, afecta la autonomía editorial de los periódicos y constituye una modalidad de censura que abre la posibilidad para que el Estado, cada vez que lo estime conveniente, obligue a los periódicos a publicar unos determinados contenidos. Proyecto de ley 160 de 2009: Establece gravámenes, entre otros, a medios de comunicación masiva por internet. Proyecto 022 de 2009: consagra requisitos de registro y licencia previa para los voceadores lo cual constituye una modalidad de censura indirecta. Cinco proyectos de ley contemplan prohibiciones o restricciones para la divulgación de publicidad relacionada con bebidas energizantes, medicamentos, con y sin fórmula médica, y bebidas alcohólicas. Hechos más relevantes en este período: En noviembre, el Juez Primero Especializado de Popayán, Víctor Narváez, absolvió y liberó a Arley Manquillo Rivera, alias Huracán, quien había sido capturado por las autoridades y señalado como el sicario que el 24 de abril de 2009 asesinó al periodista José Everardo Aguilar, en su propia casa. El juez no tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la Fiscalía. Entre ellas, el hecho de que la hija del periodista Agnolia Aguilar, relató los hechos y reconoció al sindicado. En cambio, sí dio crédito a la defensa del sindicado que presentó dos testigos: la esposa del presunto sicario y una vecina, que sostuvieron que el día de los hechos Manquillo se encontraba en una reunión de Acción Social en la Secretaria de Gobierno local. El periodista Carlos Gutiérrez y su camarógrafo Edison Ardín, del Canal regional Telepacífico denunciaron agresiones por parte de un guardia carcelario cuando miembros de la Policía de Carreteras realizaban un operativo para revisar que los conductores estuvieran cumpliendo con las normas de seguridad vial. Según la denuncia, los agentes de la Policía de Carreteras, detuvieron al agresor Eddy Pineda Martínez, guardia de la cárcel de Palmira, quien, según los periodistas, los insultó, les quitó la cámara y los golpeó. En diciembre, se conoció de la existencia de un Manual que habría sido redactado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para realizar seguimientos a periodistas, entre estos a Claudia Julieta Duque, investigadora del Colectivo de Abogados José Alvear. El documento, descubierto en allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por las interceptaciones ilegales realizadas a magistrados, líderes de oposición y periodistas, contenía los datos personales, teléfonos y correos electrónicos de Claudia Duque. El manual también especificaba cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija, que en aquel momento tenía 10 años, podía ser violada y quemada viva. Harold Rivas Quevedo, director del Programa Comuna Libre del Canal CNC Bugavisión en el Valle del Cauca, fue asesinado de cinco tiros el pasado 15 de diciembre, en las instalaciones de una funeraria que administraba. Javier Gil, compañero de Rivas, y quien estuvo con él minutos antes del asesinato dijo a la URR de la SIP que el periodista “salió de la emisión del programa de esa noche directo a la funeraria y allá un sicario con el rostro tapado lo ultimó a tiros.” El periodista, que había trabajado como comentarista deportivo hasta hace un año en las Voces de Occidente, llevaba cuatro meses frente a ese espacio periodístico en el que abordaba diversos temas, especialmente algunos relacionados con la política regional y los líderes comunitarios. No está claro si el crimen está relacionado con su ejercicio profesional. En enero, la FLIP reportó que miembros de la Policía de Funza, en Cundinamarca, evitaron la distribución del boletín El Libelo, en el marco de una jornada de rendición de cuentas de ese municipio. El boletín denunciaba algunos casos de abuso de autoridad por parte de la Policía local contra vendedores ambulantes. Guillermo Andrés Castro, director del periódico El Macarenazo, encargado de la distribución del boletín, dijo que fue requisado por los miembros de la fuerza pública quienes le quitaron los ejemplares. También en enero, Javier Gómez Garcés, ex presentador del canal local Telepetróleo, en Barrancabermeja, Santander, denunció que fue amenazado por desconocidos que le apuntaron con un arma y le dijeron “periodista, no se las dé de valiente que el cementerio está lleno de valientes”. Gómez decidió salir de la ciudad por su seguridad. Había realizado denuncias relacionadas con las obras de infraestructura que adelanta la actual administración de ese puerto petrolero. El 3 de febrero, la Casa Editorial El Tiempo (CEET) anunció el cierre de la revista Cambio y el periódico Hoy, argumentando problemas financieros. A través de un comunicado, la CEET, cuyo mayor accionista es el Grupo Planeta de España, explicó que la decisión se debió a “el declive mundial de las revistas de actualidad y política derivado de un cambio en los hábitos de los lectores y, como consecuencia de ello, el viraje en las decisiones de inversión de los anunciantes de este tipo de revistas”. Por su parte, Rodrigo Pardo, director de Cambio, y María Elvira Samper, editora general de la publicación, manifestaron a través de diversos medios de comunicación que la decisión se debió a la línea editorial de la revista, que había destapado los más graves escándalos de corrupción en el último año, afectando al gobierno del presidente Alvaro Uribe, postura que fue respaldada por comunicadores y académicos. El Tribunal Superior de Bogotá revocó una orden de arresto contra el columnista de El Tiempo, Mauricio Vargas. En la revisión de la orden de arresto de tres días ordenada por un juez de Bogotá por supuesto desacato a una tutela en favor del magistrado José Alfredo Escobar, el Tribunal consideró infundado el incidente de desacato. Los magistrados señalaron que el periodista cumplió con la orden de aclarar una afirmación sobre el magistrado Escobar Araújo. A su turno, el 9 de febrero, el juez cuarto Penal Municipal de Bogotá, absolvió de toda responsabilidad por injuria, al columnista del diario El Espectador Alfredo Molano Bravo. El juez consideró, apelando a la libertad de opinión e información, que en la columna "Araújos et al", publicada en febrero de 2007, no se daban las supuestas consecuencias lesivas para la honra y dignidad de la familia Araújo, denunciante en este proceso. En declaraciones entregadas a la FLIP, directivos del Noticiero 90 Minutos que se transmite desde hace 20 años en el canal regional Telepacífico, denunciaron que fueron relegados por parte del comité encargado de evaluar las propuestas, del horario de mayor al de menor audiencia durante el trámite de la licitación para adjudicar los espacios informativos del canal. Denunciaron que “la decisión es consecuencia de su postura independiente frente a la gobernación de Valle del Cauca”. También en febrero, cinco periodistas de Cartago, Valle del Cauca, denunciaron amenazas a través de panfletos. Según reportó la FLIP, los periodistas afectados son Luis Fernando Gil, del programa Hora 13 del canal local de televisión CNC; Raúl Parra, de la publicación La Hoja de Parra; Fernando Posso, columnista local; Hernando Posada Echeverri, del programa Chiva Noticias en el canal local CNC y Héctor Fabio García, periodista de la emisora Cartago Estéreo. En el panfleto, firmado por el supuesto grupo ‘Los Doce del Patíbulo”, se declara objetivo militar a personas que aparentemente no estarían de acuerdo con la gestión del actual alcalde de Cartago, Germán González Osorio. En marzo fue capturado el ex diputado Ferney Tapasco González, por una orden de la Fiscalía 27 Especializada Contra el Terrorismo de Bogotá, que procesa al político por el delito de concierto para delinquir agravado. En agosto de 2009, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación vincular al ex diputado de Caldas Ferney Tapasco y a su hijo, el ex representante a la Cámara de Representantes, Dickson Ferney Tapasco, como supuestos autores intelectuales a la investigación por el homicidio de Orlando Sierra, sub director del diario La Patria, asesinado el 30 de enero de 2002 en Manizales. Los reporteros gráficos Gabriel Aponte del diario El Espectador y Raúl Palacios de la agencia de noticias Colprensa, fueron agredidos en Bogotá por acompañantes de Tapasco cuando cubrían la llegada del dirigente político Ferney Tapasco González, capturado en la ciudad de Manizales. El 19 de marzo por la noche fué asesinado el periodista Clodomiro Castilla Ospino, director y propietario de la revista El Pulso del Tiempo y periodista de la emisora La Voz de Montería en la ciudad de Montería, departamento de Cordoba, región azotada por el fenómeno paramilitar. Al parecer, el periodista tenía amenazas en su contra, por lo cual contaba con escolta policial desde el año pasado. La protección policial le había sido retirada hacía semanas.

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