Costa Rica

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No hubo hechos significativos que amenazaran la libertad de prensa durante este período. Un momento revelador en la lucha del país por mayor libertad de prensa ocurrió en febrero, cuando la Sala Tercera da Corte Suprema revocó una sentencia de 50 días de prisión a un periodista acusado de difamación. José Luis Jiménez, reportero del Diario Extra fue demandado en el 2004 por una funcionaria sospechosa de mal manejo de fondos públicos. Fue condenado, de acuerdo con una ley de 108 años, pero la Sala de Casación revocó la sentencia. Los magistrados señalaron que había habido una “derogación tácita” de la porción relevante de ley desde la promulgación del Código Penal de 1971. La decisión fue celebrada tanto por reporteros locales como por agencias de noticias internacionales, pues implica que en Costa Rica ya no hay prisión por los delitos de prensa. Desde el año 2001 los legisladores estudian una reforma a las leyes de prensa para que reflejen los estándares internacionales. Sin embargo, los cambios propuestos han languidecido desde entonces en los escritorios de los legisladores y el proyecto de ley aún no ha logrado abrirse paso para su debate. Según una encuesta realizada en enero, casi la mitad de los costarricenses (el 49 por ciento) considera las leyes del país restrictivas del libre ejercicio de la libertad de expresión. Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), quien dirigió la encuesta, señaló que esta estadística debe servir como un llamado para que los legisladores retomen el debate. Ulibarrri se siente esperanzado de que las preocupaciones acerca de la sanción penal por difamación y otras iniciativas de la libertad de prensa serán atendidas por el próximo gobierno, que debe tomar posesión en mayo, tomando en cuenta especialmente que la presidenta electa, Laura Chinchilla, colaboró con el trámite del proyecto cuando era legisladora. Otro momento festivo para la libertad de prensa sucedió en febrero, cuando el Tribunal Constitucional dictaminó a favor de dos periodistas del diario La Teja, a quienes se les negaron credenciales para un partido internacional de fútbol. La Teja había publicado una caricatura de los jugadores del equipo nacional de fútbol de Costa Rica, una imagen que la Federación Costarricense de Fútbol consideró degradante. En represalia, se le negó al periódico la entrada a los partidos de fútbol. Un abogado independiente presentó un recurso de amparo a favor da La Teja, acusando a la Federación de violar el derecho a la libre opinión y alentar la censura, restringiendo en consecuencia la libertad de prensa. La Sala Constitucional exigió que la Federación Costarricense de Fútbol pagara daños y dictaminaron unánimemente que el presidente y la secretaria de la federación se abstuvieran en el futuro de una respuesta similar.

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