México

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Un panorama violento sin antecedente registra el periodismo mexicano por los asesinatos, desapariciones y agresiones físicas contra los periodistas en los últimos meses. En este período seis periodistas fueron asesinados y cinco permanecen desaparecidos. Uno mas murió a causa de las agresiones recibidas tras su secuestro. Entre el 18 de febrero y 3 marzo, ocho periodistas de medios impresos y electrónicos de Tamaulipas fueron secuestrados, y según información recabada por la SIP, sus identidades no fueron reveladas y tampoco se hicieron las denuncias ante las autoridades por el temor que existe a represalias y a poner en peligro a los comunicadores; tres de ellos fueron liberados. El escenario es cada vez más complicado por la falta de garantías y seguridad para periodistas y medios porque el Gobierno no ha logrado frenar la impunidad que existe en la mayoría de los crímenes y atentados contra periodistas y medios de comunicación. Los niveles de autocensura de la prensa mexicana han ido incrementándose. En algunas zonas del país los medios de comunicación han decidido no divulgar ninguna información relacionada con las actividades de las organizaciones criminales, ni siquiera se publican los boletines oficiales del ejército o de las policías por temor a represalias de los grupos delictivos, generando un alto nivel de desinformación. Desde diciembre de 2006 a marzo de 2010 se habían reportado poco más de 18 mil muertes vinculadas al crimen organizado, sin contar los cinco mil policías y 87 soldados que enfrentaron a delincuentes y perdieron su vida; los estados más violentos han sido Chihuahua, que acumula 3 mil 637, además de Michoacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California. El 15 de febrero de este año una misión de la SIP se reunió con autoridades federales a las que les reiteró la urgencia de la adopción de medidas para enfrentar la violencia y la impunidad. La misión incluyó una reunión con editores de periódicos de los estados de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, en dónde surgió un reclamo a las autoridades federales y estatales por mayores garantías para la profesión. El 13 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) destacó que ante la falta de resultados de las autoridades federales y estatales en la prevención e investigación de agravios contra periodistas, el organismo da puntual seguimiento a las indagatorias ministeriales y alza la voz con la exigencia de que se esclarezcan los casos y se haga justicia. La CNDH, desde el 2000 a la fecha, tiene registradas 60 muertes, 11 desapariciones de comunicadores, entre ellas la de Alfredo Jiménez Mota, periodista de El Imparcial de Sonora, caso que la SIP remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2009. La federalización de los crímenes contra la libertad de expresión es un tema que se mantiene pendiente en la legislatura mexicana. En febrero, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República de México anunciaron la reorganización de una fiscalía especial que atiende delitos contra periodistas con el objetivo de que desarrolle labores de investigación y de acusación asumiendo casos de los estados a nivel federal. La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados federal, abrió una consulta con organizaciones especializadas, periodistas, medios de comunicación y público en general para elaborar su plan de trabajo. Se mantiene la práctica de algunos gobiernos de intentar controlar a los medios escritos y electrónicos a través de la distribución de publicidad oficial. Entre los casos de seis periodistas asesinados se cuentan los siguientes: José Emilio Galindo Robles, 24 de noviembre de 2009, director de una radio local en Guadalajara, Jalisco. José Alberto Velázquez López, encontrado sin vida el 23 de diciembre de 2009; propietario de una revista y colaborador de una televisión local en Cancún, Quintana Roo. José Luis Romero, periodista de Sinaloa secuestrado el 30 de diciembre de 2009 y encontrado muerto el 16 de enero de este año. Valentín Valdés Espinoza, periodista de Saltillo, Coahuila, localizado sin vida el 8 de enero de 2010. Jorge Ochoa Martínez, editor de los semanarios El Oportuno y Despertar de la Costa Chica, en Chilpancingo, fue asesinado el 29 de enero de 2010. Evaristo Pacheco Solís, de 33 años. El cuerpo sin vida del reportero del semanario Visión Informativa fue encontrado el 12 de marzo al borde de la carretera rumbo a Chilpancingo, la capital del Estado de Guerrero; presentaba impactos de bala calibre 25. Se detuvo a dos personas como presuntos responsables. Por otra parte, Jorge Rábago Váldez, periodista de Radio Rey y Reporteros en Red, Reynosa, Tamaulipas, fue secuestrado el 19 de febrero de 2010 y hallado el 1 de marzo con huellas de tortura. Murió el 4 de marzo, presumiéndose su fallecimiento por las agresiones sufridas en su cautiverio. Asimismo, se teme por la vida de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora, Michoacán, quien está desaparecida desde el 10 de noviembre de 2009. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó la desaparición, el 1 de marzo de 2010, de Miguel Ángel Domínguez Zamora, del diario El Mañana, de Reynosa. Respecto a otros siete casos registrados en Ciudad Reynosa , la PGJE aseguró no haber recibido ninguna denuncia. Otros hechos relevantes durante este período: El 20 de enero, Juan Aparicio, director de la revista El Observador, en Chiapas, fue amenazado por un subinspector de la Policía Estatal Fronteriza, cuando cubría el cateo de una casa donde había ocurrido un secuestro. El 21 de enero, Armando Suárez, periodista de la revista Puerto Viejo, editada en La Paz, Baja California, fue amenazado de muerte por el presidente municipal de Loreto, Yuan Yee Cunnigham, y golpeado por miembros de las autoridades locales. El 27 de enero un automóvil fue incendiado frente a las oficinas de una estación de radio de Los Mochis, Sinaloa, con un mensaje: “Esto les va a pasar a los reporteros, los quemaremos, atentamente La Mochomera”. El 18 de febrero, Juan Manuel Martínez Moreno, encarcelado un año por el asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will, fue liberado ante falta de pruebas. Por otra parte, Gabriel González Gutiérrez, quien fue sentenciado a 22 años de cárcel por el crimen del periodista Benjamín Flores González, ocurrido en 1997 en San Luis Río Colorado, Sonora, salió libre del Centro de Readaptación Social Uno de Hermosillo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación con motivo de los hechos recientes en los cuales resultaron afectados varios periodistas en Coatzacoalcos, Veracruz y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, Veracruz, ocho periodistas señalan ser víctimas de textos calumniosos en su contra, difundidos a través de la internet y tres más recibieron amenazas. Un grupo de sicarios asesinó y disolvió en ácido el cuerpo del periodista Rodolfo Rincón, quien había sido reportado como desaparecido en 2007, en Villa Hermosa. Tabasco. La desaparición y asesinato de Rincón, periodista del diario estatal Tabasco Hoy, fue responsabilizada por miembros de los Zetas debido a la publicación de una serie de reportes relacionados con el narcotráfico. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos integra un expediente de queja y recaba elementos para resolver sobre la presunta violación al derecho a la libertad de expresión del director general del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Subraya que las autoridades deben abstenerse de vulnerar el derecho humano con que cuentan los periodistas de guardar la reserva de la información que obtienen con motivo del ejercicio de su profesión. La reforma electoral de 2007 restringió los espacios en radio y televisión para cualquier ciudadano en materia electoral, al darle al Instituto Federal Electoral (IFE) la facultad exclusiva de la comunicación política. Para las elecciones de 2009 y 2010, el IFE fijó los lineamientos de equidad para los noticiarios de radio y televisión cuando informen sobre el tema político lo que puede representar un acto de previa censura. El tema electoral podría ser debatido en el Congreso en el actual período legislativo.

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