Brasil

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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 BRASIL Cada vez con mayor frecuencia, los miembros del Poder Judicial aplican sentencias que impiden el libre flujo de la información periodística, en oposición a lo que dispone la Constitución Federal. El diario Pioneiro, de Río Grande do Sul, fue sometido a censura previa cuando se le impidió publicar noticias sobre un secuestro ocurrido en la ciudad y que ya habían sido divulgadas por otros medios de comunicación. Otro caso de censura previa fue protagonizado por el gobernador del estado de Río de Janeiro, quien impidió temporalmente la divulgación periodística del contenido de varias intervenciones en las comunicaciones telefónicas obtenidas por el diario O Globo. Los órganos de prensa han sido condenados a pagar grandes sumas en demandas por daños y perjuicios y algunos de ellos han recibido amenazas de muerte. Es el caso del diario Debate, de Sao Paulo, que no recibe ayuda financiera para pagar la indemnización que le reclaman un juez y un fiscal, y del diario Taperá, también de Sao Paulo, al que se le condenó judicialmente a pagar una elevada suma de dinero en una demanda por daños morales. Se registró también la confiscación del diario Tribuna Popular, de San Lourenço do Sul, estado de Río Grande do Sul. La confiscación fue determinada en una medida preliminar concedida en el marco de una demanda promovida por el alcalde de la ciudad. La edición contenía una nota sobre la denuncia de irregularidades administrativas formulada por el Ministerio Público en contra del alcalde. Otro alcalde, el de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, ganó una demanda entablada contra Radio Eldorado, de Sao Paulo. Hay otros intentos de censura que surgen de las iniciativas de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Son proyectos de ley, documentos oficiales, normas, códigos y reglamentaciones que representan un cercenamiento de las libertades de prensa y de expresión. En todos los casos, las instituciones periodísticas han reaccionado, con apoyo de la opinión pública, que se ha puesto del lado de los defensores de la libertad de informar. 12 de marzo del 2001 - Los equipos de las emisoras de televisión SBT y TVE fueron asaltados por traficantes de drogas de la Favela Vila do João, en la ciudad de Río de Janeiro. Armados con pistolas, los delincuentes quitaron a los periodistas las cintas grabadas con los reportajes sobre el ataque a dos turistas estadounidenses ocurrido dos días antes. Los periodistas fueron puestos en libertad después de entregar las cintas de vídeo. 23 de marzo del 2001 - Dos equipos periodísticos del estado de Mato Grosso, uno de TV Centro América (Red Globo) y otro de TV Cidade (SBT), fueron secuestrados por indios xavantes y terenas. Los indígenas habían ocupado el día anterior la autopista BR 163, a 15 km de Rondonópolis, en el sur del estado. Secuestraron a los periodistas Elaine Martins y Ricardo Costa y los directores de cine Demar Neto y Edir de Souza. Los rehenes fueron liberados el día 25 de marzo después de que se asumiera el compromiso de que los indios serían trasladados a la Hacienda Mirandópolis, en Juscimeira, al sur del Mato Grosso. El diario Debate, de Santa Cruz de Río Pardo, municipio de 40.000 habitantes localizado a 375 km al oeste de la ciudad de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, continúa a la espera de un dictamen del Tribunal Superior de Justicia (STJ) sobre el recurso que presentó en contra de la sentencia que condenó al semanario a pagar una indemnización superior a 300.000 reales al juez Antônio José Magdalena, del tribunal municipal de Santa Cruz de Río Pardo. El juicio fue suspendido porque la ministra Nancy Andrigh pidió ver el proceso para analizar los documentos. Además, deben votar los ministros Antônio de Pádua Ribeiro y Sebastião de Oliveira Castro. El diario, fundado hace 24 años, fue demandado judicialmente dos veces a partir de 1995, por el juez Magdalena y por el abogado Carlos Aparecido Rinard, de la misma jurisdicción civil. Las demandas sumarían 600.000 reales y significarían el cierre de la empresa periodística, el despido de ocho funcionarios y la pérdida de una facturación promedio de 13.000 reales mensuales, según el director y propietario Sérgio Fleury Moraes. El año pasado, el Tribunal de Justicia de San Paulo redujo los valores de la indemnización reivindicada por el abogado a 25.000 reales, suma confirmada por el STJ a comienzos de este año. La demanda planteada por el juez Magdalena fue de 1.800 sueldos mínimos que se fijaron en la sentencia de primera instancia. El Tribunal de Justicia de San Paulo redujo el valor a 1.000 sueldos mínimos, cerca de 300.000 reales en valores actuales, con intereses y ajustes por inflación. El STJ denegó el recurso presentado por el diario y en febrero del 2001, el magistrado del STJ, Ari Pargendler, tampoco dio lugar al recurso presentado por la empresa periodística. En mayo, el magistrado reconsideró la decisión y aceptó el recurso especial presentado por los cinco ministros que componen el Tercer Grupo del STJ. El fallo inicial de primera instancia fue emitido en 1995, después de que el diario publicó que el juez Magdalena tenía una casa y teléfonos gratuitos, custodiados por la Prefectura Municipal. El diario Taperá, de Salto, a 102 km de la ciudad de San Paulo, fue condenado a pagar una indemnización de 100.000 reales al ex presidiario Valério Francisco de Moraes, de 45 años, por publicar una noticia basada en un boletín distribuido a la prensa por la Policía Civil. La nota informaba que el 22 de enero del 2000, cuando se hallaba en prisión en un régimen semiabierto, Moraes fue acusado durante un interrogatorio de haber intentado entrar en la cárcel con marihuana. El guardia carcelario, Ednilson Padilha de Amaral, acusó al recluso de haberlo intentado sobornar con un billete de diez reales. El caso generó un proceso que terminó con la absolución de Moraes. El preso presentó una demanda judicial por daños morales en la que afirmó que la nota era "netamente sensacionalista e irresponsable, con la evidente intención de promover las ventas del diario Taperá. La actriz Malu Mader ganó en segunda instancia la demanda por daños morales y materiales contra el diario Extra, de Río de Janeiro. El dictamen ordenó el pago de una indemnización de dos millones de reales. La actriz planteó la demanda debido a la publicación, en la primera página del diario, de la foto en que aparecía desnuda, en la época en que la Red Globo transmitía la miniserie “Labirinto”, de la cual era protagonista. La sentencia de primera instancia fue promulgada el 29 de septiembre de año pasado, por el juez Antonio Carlos Esteves Torres, de la 39º Jurisdicción Civil, quien falló a favor de la actriz y condenó a la empresa a pagar un millón de reales en concepto de indemnización por daños morales y un millón de reales por daños materiales. En marzo, la sentencia fue confirmada en segunda instancia por la 9º Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. De mayo a agosto del 2001, el periodista Mário Quevedo Neto, reportero y jefe de redacción del diario Folha de Vilhena, estado de Rondônia, cumplió servicios comunitarios como pena alternativa en la Defensoría Pública de Porto Velho, capital del estado. Fue condenado por denunciar, en 1998, la precariedad de las instalaciones de la cárcel pública de Vilhena, que, a pesar de que en la época se encontraba oficialmente interdicta, alojaba a algunos detenidos en condiciones insatisfactorias. El juez de circuito de los presidios, Adolfo Theodoro Naujorks Neto, se manifestó ofendido por la denuncia y demandó al periodista. Inicialmente, Quevedo fue condenado a cuatro meses de prisión domiciliaria. Sin embargo, un recurso ante el Tribunal de Justicia del Estado consiguió cambiar la sentencia por servicios comunitarios y reducir la multa de 1.300 reales a dos salarios mínimos mensuales, pagaderos al Fondo Penitenciario Nacional. El 8 de mayo del 2001 el grupo de Comunicaciones Três, editor de la revista IstoÉ, fue condenado a pagar una indemnización por daños morales de 800.000 reales, con intereses y ajuste por inflación, al juez de Derecho Luiz Beethoven Giffoni Ferreira. La sentencia del juez Maurício Habice, de la 19º Jurisdicción Civil del tribunal municipal de Sao Paulo, se refiere a una nota de noviembre de 1998, en el cual se acusa a Ferreira de irregularidades en la adopción de niños. El diario carioca Tribuna da Imprensa se vio obligado a cerrar sus oficinas el 3 de mayo del 2001 por determinación de la juez Raquel de Oliveira, de la 4º Jurisdicción de Quiebras y Concordatos. Al diario se le decretó la quiebra por no pagar una indemnización de 60.000 reales al juez del tribunal de apelaciones, Paulo César Salomão, en una demanda por daños morales contra la empresa. El nombre del magistrado apareció vinculado con el de Paulo César Farias (tesorero durante la campaña del ex presidente Fernando Collor) en un artículo publicado en 1994. En el 2000, el diario fue condenado a pagar a Salomão 300 salarios mínimos (54.000 reales en valores actuales), lo cual no se hizo. El 7 de mayo del 2001, el magistrado Renato Simone, de la 9º Cámara Civil, aplazó la suspensión de la sentencia de la juez Raquel de Oliveira. Días después, el diario volvió a circular. El 14 de mayo del 2001 la jueza de la 23º Jurisdicción Federal de Río de Janeiro, Cláudia Valéria Bastos Fernandes, condenó al gobierno federal a indemnizar a la reportera fotográfica Sheila Chagas con la suma de 100.000 reales por daños morales. El 31 de diciembre de 1999, en el Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, un ventarrón derribó un toldo bajo el cual se realizaba la fiesta de fin de año, de la que participaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. Los fotógrafos intentaron captar lo que quedaba de la carpa y los soldados se lo impidieron. El fotógrafo Fernando Bizerra da Silva Júnior, del Jornal do Brasil, fue golpeado y Ed Ferreira y Rosa Costa, ambos del diario O Estado de S.Paulo, y Sheila Chagas, del grupo Abril, entre otros, fueron agredidos verbal y físicamente. Sheila, que trabajaba de forma independiente para el Grupo Abril, fue detenida y agredida por haber fotografiado al periodista Fernando Bizerra Júnior en momentos en que era atacado por los soldados del Ejército. Estos llevaron a Sheila y Bizerra a un lugar donde se les volvió a agredir y donde se les destruyeron los equipos. La Editora Abril fue condenada a pagar una indemnización de 200 salarios mínimos, por daños morales, a uno de los principales líderes del Movimiento Nacional de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), João Pedro Stédile, por un artículo publicado en la revista Veja, el 10 de mayo del 2000, considerado ofensivo a su honor y a todo el Movimiento de los Sin Tierra. La decisión del Juez Régis Rodrigues Bonvicino, de la 2º Jurisdicción Civil del Foro Regional de Lapa, zona oeste de Sao Paulo, condenó a la editorial al pago de gastos, costos judiciales y honorarios del abogado. La misma editorial sufrió una demanda entablada por el Consejo Regional de Enfermería para impedir que la revista Playboy publicara fotografías que retratasen el personaje interpretado por la modelo Ariane Latuf, que se presenta como A Enfermeira do Funk. La demanda tuvo como propósito impedir la circulación de la revista Exame VIP, que contenía una nota sobre la modelo. La medida fue impuesta por la Jueza Tânia Regina Marangoni Zauhy, de la 16º Jurisdicción Federal, quien estipuló, para el caso de que su orden no fuera acatada, una multa equivalente al 50 por ciento de la facturación líquida de la revista, a ser pagada por el autor, además de amenazar con acusar de desobediencia a “todos los que permitieron la edición, la publicación y la divulgación de las revistas”. El 8 de marzo del 2001, la Editora Abril fue demandada también por Carlos Jereissati, dueño del Centro Comercial Iguatemi y hermano del gobernador de Ceará, por un pedido de indemnización por daños morales, en el cual pretendía 11 millones de reales por la nota de Veja que afirmaba que había rumores en Brasilia de que Carlos era PC de Tasso. Tarso Genro, alcalde (por el PT) de Porto Alegre, estado de Río Grande do Sul, ganó un proceso legal contra Radio Eldorado, del grupo O Estado de S. Paulo, por daños morales. Genro planteó la demanda por daños y perjuicios contra la radio por haber propagado diversas llamadas en su programación, en 1998, señalándolo como candidato de “Troféu Cara-de-Pau - O Oscar da Baixaria”, dos concursos de mofa contra las personalidades públicas. Su elección, hecha por los oyentes, se basó en la defensa que el alcalde hizo sobre la renuncia del presidente Fernando Henrique Cardoso al segundo mandato, en un artículo publicado en la prensa luego de su reelección. El día 27 de mayo del 2001 la jueza Vivian Wiptli Zanelli, de la 33º Jurisdicción Civil de Sao Paulo, condenó a Radio Eldorado, , a pagar una indemnización de 200 salarios mínimos al alcalde, con costos, intereses, ajustes por inflación y honorarios, por entender que las llamadas difundidas en la radio iban más allá de la narrativa periodística. El 20 de junio del 2001 se impidió al reportero de Correio Braziliense, de Brasilia, en el Distrito Federal, acompañar la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del juez de la Jurisdicción de Ejecuciones Criminales, Sebastião Coelho da Silva, al Centro de Internación y Rehabilitación del Complejo Penitenciario de Papuda. Según el diario, el juez fue al lugar para conducir a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a una inspección sobre el tratamiento dispensado a los presos. El Correio Braziliense afirmó que diez agentes de la policía armados con pistolas y machetes impidieron la entrada al reportero que había recibido autorización del juez para acompañar la visita al complejo carcelario. El director administrativo del diario A Verdade, del municipio de Magé, en Baixada Fluminense, Mário Coelho de Almeida Filho, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa, alrededor de las seis de la tarde del día 16 de agosto del 2001, en la víspera de su comparecencia en un proceso interpuesto contra él por la pareja José Camilo Zito dos Santos y Narriman Zito, alcalde y alcaldesa de los municipios de Duque de Caxias y de Magé, respectivamente. Las investigaciones están a cargo del detective Ricardo Hallax, de la 65º Estación de Policía de Magé. Según Hallax, cinco personas presenciaron el crimen y el asesino fue visto cuatro días antes del homicidio bebiendo cerveza en la esquina de la calle donde vivía Mario. Los testigos contaron que Almeida Filho fue sorprendido por un disparo cuando estacionaba su automóvil en el garaje de su casa. Intentó huir, pero fue alcanzado por el asesino y murió de un tiro en la cabeza y dos en las costillas, en un terreno baldío frente a su casa. La policía sospecha que Almeida Filho habría sido asesinado por venganza política o fue víctima de un crimen pasional. El diario era conocido por denunciar supuestas irregularidades de políticos locales. En los últimos meses, el principal blanco de las denuncias había sido la alcaldesa Narriman Zito. Entre las supuestas irregularidades publicadas en A Verdade, figuraba delito electoral, corrupción, y sobrefacturación de obras públicas. En mayo pasado, el diario reprodujo, en forma destacada a media página, el acta del Diario Oficial de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en la que la diputada estatal Núbia Cozzolino insinuaba en un discurso que Narriman mantenía un romance con uno de sus guardaespaldas. La publicación hizo que Narriman y Zito iniciaran un proceso por calumnias y difamación contra el periodista. La declaración se había establecido para el día anterior al asesinato, en la 105º Estación de Policía de Petrópolis, lugar donde se imprimía el periódico de seis páginas para circular tres veces por mes. En septiembre, la Secretaria de Seguridad Pública ofreció una recompensa de 5.000 reales a quien ayudara a identificar al asesino de Almeida Filho, según anunció el Jefe de la Policía Civil, oficial Álvaro Lins. La Sociedad Interamericana de Prensa designó a la periodista Clarinha Glock, quien se desempeña en su Unidad de Respuesta Rápida, para investigar el homicidio.

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