Argentina

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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 ARGENTINA Se han producido una serie de agresiones contra medios de comunicación y periodistas, que configuran distintas maneras de violar la libertad de prensa y la libertad de expresión. En un fallo que generó una justificada preocupación, la Corte Suprema de Justicia convalidó a fines de septiembre la condena a Editorial Perfil S.A., obligándola a resarcir el presunto daño moral que le habría ocasionado al ex presidente Carlos Menem, por difundir aspectos de su vida privada. El máximo tribunal falló a favor de Menem al considerar que ciertos artículos periodísticos publicados por la revista Noticias invadieron su intimidad personal y lo perjudicaron. La suma que deberá pagar Editorial Perfil es de 60.000 pesos. En dos notas publicadas en 1994 y 1995, la revista Noticias informó sobre la relación del entonces presidente con la diputada justicialista Marta Meza, en la época del destierro de Menem en la provincia de Formosa durante el gobierno militar, relación de la que habría nacido un hijo. Menem entabló una demanda que no prosperó en primera instancia. Pero en marzo de 1998, la Sala H de la Cámara Civil revocó ese fallo y condenó a la editorial, en una decisión ratificada luego por la Corte. Debe tenerse en cuenta que los hechos descritos por Noticias ya eran públicos y ampliamente conocidos por la ciudadanía, por lo que no estaba en duda su veracidad, como lo admitió el mismo tribunal. Por otra parte, Menem siempre fue persona dispuesta a mantener una amplia exposición pública, incluso en aspectos muy íntimos. La prensa argentina advirtió que, “el funcionario que abre las puertas de su vida privada, mal puede agraviarse porque los medios de prensa traspasen el umbral de su intimidad informando con veracidad a la ciudadanía sobre ciertos matices de su ética personal que, necesariamente, inciden sobre su concepto de la ética pública en el ejercicio del mandato popular”. Lamentablemente, se mantiene la situación que atraviesa el diario El Liberal, de Santiago del Estero, con el gobernador de esa provincia, Carlos Juárez. En junio, Abid Hussain, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, viajó en misión oficial a este país para evaluar la situación de la libertad de expresión. Durante una entrevista con el alto funcionario de la ONU en Buenos Aires, un grupo de editores expresó que, “no hay problema que nos preocupe más que el del diario El Liberal”. Hussain viajó a Santiago del Estero para tomar contacto personal con las partes. Su informe será presentado a la ONU en marzo de 2002. Entre otras irregularidades en este caso, la justicia santiagueña no ha girado los expedientes originales requeridos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que la mayoría de las causas se tramitan ante jueces que fueron recusados por la defensa de El Liberal por no ofrecer la debida garantía de independencia. 2 El mayor escollo con que se enfrenta el diario son los múltiples embargos por querellas judiciales, presuntamente impulsadas por el poder político. Se trata de 4.000 mujeres de la rama femenina del Partido Justicialista, en el gobierno provincial, que se presentaron como querellantes contra el diario al sentirse supuestamente afectadas por una publicación en la que se reprodujo una información del diario cordobés La Voz del Interior. Los reclamos suman 19 millones de dólares. Antes del inicio de las querellas, el gobierno provincial suspendió todo tipo de publicidad oficial en El Liberal e interrumpió asimismo los pagos por deuda de publicidad ordenada anteriormente. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) sancionó administrativamente a dos emisoras. Las sanciones recayeron sobre Crónica TV, por haber transmitido un acto del partido neonazi Nuevo Triunfo, y Canal 7, por las expresiones vertidas en el programa “Marcapazos” que, según el ente, habrían afectado la investidura presidencial. Aún continúa vigente en Argentina la Ley 22.285 de Radiodifusión—que regula el contenido, objetivos y caracteres de la información difundida por la radio y la televisión—en la cual se fundamentaron las penas. Dicha ley, sancionada durante la última dictadura militar, establece disposiciones restrictivas y obsoletas. Además, es necesario advertir que contradice claramente los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en 1994. En la provincia patagónica de Río Negro se han producido ataques del gobernador Jorge Sobisch contra el diario Río Negro. El 3 de agosto, en declaraciones a Radio Departamento Minas, de Andacollo, Sobisch acometió contra el diario Río Negro, con duras críticas a su agencia Neuquén y a su jefe, el periodista Héctor Mauriño, por haber publicado que el gobierno había mandado a retirar la Gendarmería del puente carretero, donde se celebraba una protesta multitudinaria de “piqueteros”, para evitarse problemas a dos días de las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El gobernador se refirió además a otra nota publicada con anterioridad, en la que se informaba sobre una presunta pérdida de afiliaciones en el MPN que, paradójicamente, llegó a admitir como cierta. En otro episodio, a mediados de año hubo un intento de incendio en el depósito de papel del diario Río Negro, perpetrado por dos desconocidos que ingresaron al predio con bidones de gasolina. Este incidente no fue esclarecido. En la madrugada del 13 de abril se registraron varias amenazas contra vendedores de diarios, para impedirles abrir sus puestos de venta en la zona norte del conurbano bonaerense. Las intimidaciones fueron contra su seguridad personal pero no surtieron efecto, pues los diarios se editaron como es habitual y fueron distribuidos por los recorridos en los horarios ordinarios. Esta situación fue denunciada ante el ministro del Interior, Ramón Mestre, y ante el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Raúl Othacehe, a quienes se reclamó que se establezcan mecanismos para evitar semejantes atentados contra la libertad de comercio y la libertad de prensa.

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