Canadá

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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 CANADA Se han registrado numerosos incidentes de repercusiones contra reporteros, incluyendo violencia o amenazas por ciudadanos que se sienten afectados. También se ha registrado un número cada vez mayor de incidentes en los cuales se ha detenido a periodistas mientras cubrían manifestaciones públicas, a pesar de que se identificaban claramente como miembros de la prensa. La ley canadiense prescribe las libertades de expresión y de prensa y el gobierno respeta, en la práctica, esos derechos. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno puede limitar la libertad de expresión en aras de objetivos tales como evitar la discriminación, garantizar la armonía social o promover la igualdad entre los sexos. La Corte falló que los beneficios de limitar expresiones de odio racial y de promover la igualdad bastan para superar la cláusula referida a la libertad de expresión en la Carta de Derechos y Libertades. En junio de 2001, el comisionado de información federal acusó al primer ministro y a sus funcionarios de más alto rango de subvertir la Ley de Acceso a la Información, un estatuto federal. Una acusación similar fue formulada por el comisionado de información de Ontario. Para los próximos meses se espera un informe de un grupo de trabajo federal sobre reformas a la Ley de Libertad de Información. Las restricciones a la capacidad de la prensa de informar sobre actividades policiales referidas a la obtención de órdenes de allanamiento han creado obstáculos para la prensa. En aquellos casos en los que se han formulado cargos, ahora constituye un delito publicar o divulgar la ubicación de un allanamiento o la identidad de aquellos vinculados con el lugar o el delito bajo el cual se emitió la orden de allanamiento, a no ser que se obtenga el consentimiento de todas las partes involucradas. Además, el acceso y divulgación de información relacionada con una orden de allanamiento puede prohibirse, si se aduce que los fines de la justicia serían subvertidos por la divulgación o que la información podría utilizarse para un fin impropio. La garantía constitucional de libertad de prensa ha aumentado la capacidad de los medios canadienses de proteger el derecho de acceso a procedimientos judiciales. Hasta ahora, sin embargo, esa garantía no ha permitido a los medios canadienses ampliar de manera señalada la protección disponible bajo las leyes canadienses de libelo—que son mucho menos favorables a los medios demandados. Conforme la garantía, ha aumentado el acceso a procedimientos judiciales e información gubernamental y los medios canadienses están en capacidad de desafiar nuevas leyes consuetudinarias y promulgadas por el parlamento referidas a, entre otras cosas, el respeto a la intimidad personal. A los periodistas se les excluye ocasionalmente de informar sobre algunos detalles específicos de casos judiciales mientras no haya concluido el juicio y esas restricciones, instituidas para garantizar el derecho de un encausado a un juicio imparcial, gozan de amplio respaldo popular. Se han impuesto algunas restricciones sobre los medios en casos de censura cinematográfica a nivel provincial, códigos implementados voluntariamente por medios electrónicos para limitar la difusión de imágenes de violencia y por leyes en contra de literatura racista o de la pornografía. La carta de derechos y libertades garantiza las libertades de expresión y de prensa, pero tanto el código penal como las leyes sobre derechos humanos han establecido límites. Incitar al odio racial o al genocidio es un delito. La Corte Suprema ha fijado criterios muy estrictos en tales casos, al especificar que debe comprobarse que los hechos se efectuaron de manera voluntaria y en público. La Ley de Radiodifusión, que prohíbe la difusión de programas que contengan cualquier comentario ultrajante que exponga a individuos o grupos al odio racial o a prejuicios, no ha sido demandado aún ante los tribunales. El gobierno federal desistió de buscar la aprobación de una nueva cláusula en la ley de elecciones en Canadá para prohibir la divulgación de publicidad y de sondeos de opinión en las 24 horas previas a una elección. Tal iniciativa pretendía reavivar la prohibición electoral de 72 horas que la Corte Suprema anuló en 1998. La censura de publicaciones puede ordenarse por medios legales establecidos o de conformidad con el derecho consuetudinario. Un fallo de la Corte Suprema de Canadá ratificó que la censura de publicaciones debe de ser consecuente con la Carta y que los medios, como parte interesada, tienen el derecho de recibir notificación previa de toda solicitud de censura de publicaciones y tienen el derecho inherente de desafiar esas censuras. Los tribunales ordenan ahora, de manera rutinaria, la notificación previa a los medios junto con las solicitudes y un par de provincias están trabajando en la institución de sistemas que garanticen que se notifica a los medios de la aprobación de censuras de publicaciones. El derecho a que se respete la intimidad personal es un nuevo tema legal en Canadá. Hasta la fecha hay pocos antecedentes jurídicos sobre el tema, con leyes relacionadas a los casos que surgen, primordialmente, en aquellas provincias que han sancionado leyes que protegen el respeto a la intimidad personal. La Asociación Canadiense de Libertades Ciudadanas ha protestado por la vigencia de la ley de Servicios Canadienses de Inteligencia y Seguridad, que faculta a los organismos policiales y de seguridad a interceptar y leer mensajes de correo electrónico, interceptar y grabar conversaciones privadas e inmiscuirse en información de carácter confidencial sin que medie previa orden judicial. También, el gobierno federal sancionó hace poco la ley de Protección a la Información Personal y los Documentos Electrónicos. Su finalidad es imponer restricciones al uso de información personal, a fin de proveer a “los canadienses el derecho de respeto a su intimidad personal.

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