Bolivia

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BOLIVIA En este período se han registrado varios incidentes que han afectado la libertad de prensa. El primero de ellos se suscitó entre el ministro de Información Gubernamental, Manfredo Kempf Suárez, con el conductor y propietario de la red de Periodistas Asociados de Televisión (PAT), Carlos Mesa, a fines del pasado año, con la publicación de artículos firmados por ambos en el periódico paceño La Prensa. El segundo incidente se registró el 3 de enero, a raíz de una información del diario Extra, de propiedad de Raúl Garafulic Gutiérrez, sobre un incidente doméstico protagonizado por el ministro de la Presidencia, Walter Guiteras Denis, con su esposa. La esposa del ministro dela Presidencia, Walter Guiteras, acudió a la policía. Guiteras presionó a la institución del orden para encubrir el hecho y hacer desaparecer los registros. El ministro negó todo y dijo que era un intento de desestabilizar al gobierno, luego aceptó la existencia de los hechos cuando éstos ya habían sido comprobados por la prensa. Guiteras amenazó y desafió a duelo al presidente del diario que publicó la noticia. El Poder Ejecutivo se dio por enterado de las amenazas, pero no actuó en consecuencia. Sólo le pidió su renuncia al ministro cuando policías denunciaron haber sido sobornados por un allegado a Guiteras. El soborno fue confirmado posteriormente por la fiscalía de distrito de La Paz al concluir una investigación. Guiteras acusó al presidente del grupo de comunicación Garáfulic-Prisa de haber manipulado la noticia por intereses ilícitos, aunque fueron varios los medios que informaron sobre el caso. Después de su renuncia, Guiteras recuperó su condición de Senador y pidió al Senado, que él controla, abrir una investigación sobre sí mismo y otra contra los accionistas de uno de los diarios que lo denunció. Luego lanzó acusaciones personales y empresariales cuestionadas contra los directivos del diario y ante el juicio que éstos le iniciaron por calumnias, se negó a renunciar a su inmunidad parlamentaria. Por su parte, el Senado al concluir su investigación la declaró secreta durante diez años y le confirmó su inmunidad parlamentaria. Con ello logró posponer por lo menos dos años el juicio en contra de Guiteras, mientras que éste promovió otro contra el presidente del medio denunciante por US$ 51 millones por daños a su imagen. Por otra parte, el lunes 26 de febrero, se denunció la agresión en contra del periodista Gary Suárez Gómez, director del periódico La Palabra, de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, por parte de familiares del senador Walter Guiteras Denis, por haberse sentido ofendidos porque, según ellos, éste habría “hablado mal” de su pariente. Este entredicho entre el senador y el empresario periodístico continúa siendo investigado en las instancias correspondientes. No intervino el poder Ejecutivo. Otro tema preocupante fue la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Hugo Banzer, el 13 de febrero, ante el Congreso Nacional, denominada “agenda de reforma constitucional para la participación ciudadana”, en lo que se refiere a los medios de comunicación. De los 50 puntos que contiene, causó preocupación el artículo 13 que sostenía que “se garantiza la libertad de prensa. Se prohíbe la censura y el anonimato. La ley regulará la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Se garantiza el derecho de respuesta y rectificación. Los medios de comunicación son responsables si la información u opinión que difundan vulnera los derechos y garantías de la persona”. Posteriormente, gobierno y periodistas acordaron la modificación parcial del punto 13 de la propuesta, cuyo texto modificado con consenso pleno dice: “Se garantiza la libertad de prensa. Se prohíbe la censura. El Estado garantiza la cláusula de conciencia y el secreto profesional”. Esta propuesta, más otras que fueron presentadas en el Parlamento, serán debatidas por el Congreso, el que debe aprobar en esta gestión una “Ley de Necesidad de Reforma”. Por último, fue dejado de lado un intento de algunos senadores de reponer un proyecto de ley, denominado “Ley Mordaza”.

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