Brasil

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BRASIL El período de octubre del 2000 a marzo del 2001 muestra que a pesar de que en el país existe libertad de prensa, los intentos de censura van en aumento. Tal como lo mencionamos en los últimos informes, existen claros indicios de que el deseo de imponer limitaciones al libre flujo de la información está prosperando. Bajo los más variados argumentos se ve el surgimiento de iniciativas por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes proponen leyes, decretos, normas administrativas, códigos y reglamentos, además de los dictámenes judiciales que, de una u otra manera, significan el cercenamiento de las libertades de prensa y de expresión. Hasta la fecha existen claras restricciones en la ley electoral y en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Diversas interpretaciones ahora tratan de extender las limitaciones hacia otros campos y no solamente a la actividad periodística, sino también a aquéllas relacionadas con el consumo, anuncios de oferta de empleo y publicidad de una diversidad de productos. El hecho de que a los órganos de prensa se les imponga el pago de multas sustanciales por daños morales constituye una grave amenaza a la libertad de prensa, toda vez que comprometen su supervivencia. En Sao Paulo, el diario Debate corre el peligro de desaparecer. Otros diarios sufrieron un fuerte impacto financiero con el pago de indemnizaciones por daños morales. Otra cara de la censura se ampara en la tentativa de las leyes que corroen la libertad de prensa, como las mordazas legales. La constante en el parlamento brasilero ha sido la presentación de proyectos que representan el espíritu regulatorio que existe en algunos sectores de la sociedad. Un ejemplo de la necesaria vigilancia de la libertad de prensa en el país fue una nueva tentativa de mordaza contra los fiscales del Ministerio Público Federal, efectuada por el gobierno de la República el pasado mes de diciembre. En resumen, pretendía establecer penalidades, entre ellas multas de R$ 151.000,00 (cerca de 75 mil dólares) contra los procuradores, delegados policiales y fiscales del estado que “instauren, temerariamente, investigaciones policiales o procedimientos administrativos o interpusieren una acción de naturaleza civil, penal, o de improbidad, atribuyendo a terceros hechos no cometidos por éstos”. Al parecer, la medida provisoria pretendía imponer disciplina a las acciones de los agentes públicos autorizados a iniciar investigaciones contra las autoridades públicas. En realidad, la intención era restringir o inhibir la iniciativa de los procuradores de la República que, como un poder independiente, hayan propuesto una investigación policial y judicial de sospechas o crímenes en el campo de la corrupción, negligencia o ineficiencia administrativa, supuestamente practicados por agentes del Estado. Ante la reacción de la prensa y la opinión pública, el gobierno retiró el párrafo que estipulaba multas contra los procuradores. Seguidamente, las autoridades federales desistieron del acto legal. La decisión fue importante para la libertad de prensa porque la medida provisoria, en caso de ser mantenida, significaría una amenaza al periodismo investigativo, muchas veces basado en las acciones de los fiscales contra los gobernantes. Ese fue el tercer intento por parte del gobierno federal de limitar el trabajo de los fiscales del Ministerio Público Federal y de los agentes de policía y de justicia en la investigación de crímenes cometidos por las autoridades públicas. Aún persiste el riesgo de que se apruebe el proyecto de ley de 1997 que se ha ganado el apelativo de “Ley Mordaza”. Dicha ley impide que los procuradores, jueces, delegados o funcionarios del gobierno, suministren información a la prensa sobre procesos o investigaciones que estén manejando, antes del dictamen final. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y se encuentra detenido en el Senado Federal. Sin embargo, puede ser sometido a voto en cualquier momento. En los últimos meses han ocurrido intentos de intimidación directa contra periodistas. En el estado de Mato Grosso, un reportero del diario A Gazeta fue apresado y condenado por portar un arma que adquirió precisamente para hacer un reportaje en el que demostraba la facilidad de adquirir armas en la región. En el estado de Rio Grande do Sul, un reportero y el director de Zero Hora, fueron llevados a una delegación policial e instados a revelar sus fuentes en relación a una investigación sobre el futuro jefe de la policía. El argumento fue que debían prestar declaraciones en calidad de testigos. La medida era ilegal, porque la Constitución brasilera garantiza la confidencialidad de la fuente. El diario A Tarde, de Salvador, Bahía, está siendo discriminado tanto por el gobierno estatal como el municipal de la capital. Toda la publicidad oficial se asigna a otro medio, perteneciente a familiares de un connotado político. Demás está mencionar que dicho diario, Correio da Bahia, apoya al gobierno estatal y al municipal en forma irrestricta. Basta decir, a modo de ejemplo, que en 1995 A Tarde tuvo el siguiente centimetraje de publicidad oficial: Gobierno estatal, 25.039; municipio capitalino, 7.334. En el año 2000: Gobierno estatal, 0; municipio capitalino, 0. Por otro lado, cabe mencionar que el periodista Marconi de Souza, una de las manzanas de la discordia, reportero investigativo merecedor de varios premios –inclusive el de reportaje de la SIP- está siendo procesado por calumnia por el otro diario, Correio da Bahia, por haber divulgado el número de inserciones oficiales con las que esta publicación acaparó el 100% de la asignación gubernamental. La dirección del diario Jornal NH, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, fue obligada a prestar su manifestación ante una delegación policial en una acción interpuesta por el Sindicato de Periodistas Profesionales porque en el mencionado diario hay profesionales “ejerciendo ilegalmente la actividad periodística”, ya que carecen de diploma universitario expedido por la Facultad de Comunicación Social. Hay siete casos impunes de asesinatos de periodistas, ocurridos entre 1995 y 1998. Los detalles están contenidos en el presente informe. Mediante la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de la Comisión de Impunidad y del Programa de Crímenes sin Castigo contra Periodistas, la SIP continúa actuando con decisión, presionando para que avancen las investigaciones y que se lleve a juicio a los reos. Dicha acción ha permitido obtener algunos resultados positivos. El pasado mes de diciembre, fueron presentados oficialmente los cuatro acusados del asesinato del periodista Ronaldo Santana de Araújo, ocurrido el 9 de octubre de 1997 en la ciudad de Eunápolis, estado de Bahia. En cuanto al asesinato del periodista Marcos Borges Ribeiro, ocurrido el 1 de mayo de 1995, en la ciudad de Rio Verde, Goiás, los acusados irán a juicio el próximo mes de abril. Por otro lado, en relación con el asesinato de José Carlos Mesquita el 9 de marzo de 1998, en la ciudad de Ouro Verde do Oeste, en el estado de Rondonia, los acusados fueron denunciados formalmente, lo cual permitirá determinar la fecha del juicio. 23 de octubre del 2000 – El periodista inglés Richard Hering, productor de documentales para Channel Four Television, de Londres, presentó una queja ante la Policía Federal contra los agentes de seguridad de Duciomar Costa, candidato a la alcaldía de Belém, estado de Pará. Hering manifestó que fue mantenido como rehén durante cerca de 15 minutos en un vehículo color ceniza, cuando filmaba una manifestación política en el vecindario de Tierra Firme, en Belén. Según Hering, cerca de 20 agentes de seguridad de Duciomar Costa lo abordaron cuando filmaba la manifestación y lo arrastraron hasta ingresarlo al vehículo, donde le confiscaron una cinta de vídeo. 23 de octubre del 2000 – La Justicia del estado de Mato Grosso castigó al reportero Silvio Carvalho, quien denunció el comercio clandestino de armas en Shopping Popular, vecindario de Porto, Cuiabá, en el mismo estado. Carvalho compró un arma en Cuiabá, denunció en un reportaje la facilidad con la que se daba la venta ilegal de armas y luego entregó el arma a las autoridades. Por tal razón, el periodista fue acusado por portar armas ilegalmente durante una hora, según el fiscal Elio Américo. Durante dos años, Silvio Carvalho, reportero de A Gazeta, no podrá salir de su casa después de las 11 de la noche ni ausentarse de la ciudad por más de 30 días. Durante seis meses, deberá donar cuatro canastas básicas por un valor de R$25 cada una, a una institución de caridad. Además de ello, una vez al mes tendrá que comparecer ante el Fórum Criminal para demostrar que está cumpliendo con lo fijado. Para salirse de dichas reglas, deberá solicitar autorización legal, siendo tratado como “sujeto pernicioso para la sociedad”. 27 de octubre del 2000 – La jueza electoral Sonia Araújo Pereira, de la 34 Sección Electoral de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, impuso censura previa a la prensa al prohibir a los medios divulgar un comentario irónico del presidente honorario del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, sobra la ciudad de Pelotas, en dicho estado. La jueza atendió a seis representaciones de la Coalición partidaria “Un Tiempo Nuevo”, quienes interpusieron una medida cautelar. 29 de octubre del 2000 – El reportero gráfico Dorival Dias y el reportero Rafael Godoi, de Correio, de Uberlandia, estado de Minas Gerais, fueron agredidos por partidarios y guardias de seguridad contratados por la coalición partidaria “Uberlandia Cara Nueva”. 28 de noviembre del 2000 – La dirección del Club de Regatas Vasco da Gama, de Rio de Janeiro, ha complicado su relación con la prensa por actitudes como las de prohibir a los jugadores conceder entrevistas, impedir la presencia de reporteros durante los entrenamientos del equipo y prohibir el ingreso de periodistas al estadio. En noviembre, por orden del dirigente Eurico Miranda, se prohibió a los jugadores de fútbol conceder entrevistas. Periodistas de cuatro diarios de Rio de Janeiro –O Globo, O Dia, Extra y Lance- no pudieron circular en el estadio Sao Januário durante el partido del 28 de ese mes. El 3 de diciembre del 2000, el Tribunal Superior de Justicia confirmó una sentencia de indemnización emitida en primera instancia y luego por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, condenando al periodista Sérgio Fleury de Moraes a pagar R$25 mil por daños morales contra el fiscal Carlos Aparecido Rinard. Moraes es director del semanario Debate, de Santa Cruz de Rio Pardo, municipio de 40 mil habitantes, ubicado a 375 km al oeste de la ciudad de Sao Paulo, estado de Sao Paulo. 29 de diciembre del 2000 – El periodista Nelson Filo, del Diário do Grande ABC, de Santo André, estado de Sao Paulo, fue agredido físicamente por el entrenador de fútbol Jair Picerni, del club Sao Caetano. Los dos discutieron porque al entrenador no le gustó la manera de entrevistar del periodista, según él, agresiva. 25 de enero del 2001 – Seis miembros de seguridad del gobernador del estado de Alagoas, Ronaldo Lessa (Partido Socialista Brasilero) agredieron al camarógrafo André Feijó y a la reportera Beatriz Azevedo, de TV Gazeta, afiliada a la Rede Globo de Televisão, cuando trataban de cubrir un evento público, la presentación del ministro de Seguridad Social, Waldeck Ornelas, en la Escuela Agraria. 7 de febrero del 2001 – La Justicia determinó la suspensión de un anuncio transmitido por radio y televisión por el Sindicato de Profesores de Minas Gerais, en el que se informaba sobre la paralización de clases en la red de escuelas particulares. La prohibición de difusión del anuncio fue obtenida como medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Escuelas Particulares de Minas Gerais. La medida cautelar estableció una multa de R$1.000,00 por la transmisión. 20 y 22 de febrero del 2001 – El reportero Nilson Mariano y el director Altair Nobre, ambos de Zero Hora, de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, fueron convocados y sometidos a interrogatorio en el Palacio de la Policía. Los delegados Marcelo Moreira da Silva y Gabriela Monteiro fueron enfáticos en advertir que, si es que no revelaban sus fuentes, ambos periodistas podrían ser acusados de falso testimonio, cuya pena es de reclusión y multa. La presión contra los periodistas de Zero Hora era para que revelasen quién les suministró un documento con denuncias contra el nuevo director general de la policía gaucha, Pedro Urdangarin. Respetando la ética periodística y bajo la garantía constitucional de confidencialidad de las fuentes, Zero Hora no reveló el origen del documento publicado en la edición del 10 de febrero. La denuncia fue divulgada un día después de que Urdangarin asumiera el cargo. Cuarenta y ocho horas después de la publicación, el jefe de la Policía, delegado Antonio Araújo, ordenó una inspección general del diario. El único resultado conocido es el intento de intimidación de los periodistas. En el oficio de la denuncia, de fecha 8 de setiembre del 2000, el magistrado de Justicia y Seguridad, Luiz Goulart Filho, solicitó se dé curso a la acusación de Urdangarin por corrupción pasiva, según la cual éste y un inspector de la policía habrían exigido R$1,5 mil a un agricultor de Sao Jerónimo para devolver un automóvil robado. Entrevistado por Zero Hora en esta ocasión, Urdangarin afirmó desconocer la denuncia. La policía inició una investigación sobre la resolución del oficio, dirigida por el propio jefe de la policía. Al ser convocado, el reportero Nilson Mariano creyó que había sido citado para ayudar en la dilucidación de la denuncia. Para sorpresa suya, los investigados resultaron ser él y la supuesta fuente del documento. Mariano fue obligado a responder preguntas de carácter personal y en varias oportunidades fue amenazado con ser acusado. Como decidió mantener la ética profesional y preservar la confidencialidad de la fuente, fue convocado su superior inmediato, el director general de Zero Hora, Altair Nobre, quien también fue presionado a revelar las fuentes y a responder preguntas de carácter personal, además de habérsele advertido que podría ser enjuiciado. 13 de febrero del 2001 – La 3ª. Sala del Tribunal Superior de Justicia, confirmó que el diario Zero Hora, de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, deberá pagar una indemnización de R$1.191.088 (equivalente a US$600 mil) al ex senador José Paulo Bisol (Partido Socialista Brasilero) por daños morales, además de lo cual, deberá cubrir los gastos legales, que ascienden a R$178.663,20. El ex parlamentario se sintió ofendido por una serie de reportajes en los que fue acusado de manipular asignaciones presupuestarias y sobrefacturar obras en beneficio de su hacienda. Los reportajes fueron publicados en 1994, cuando Bisol era candidato a la vicepresidencia de la República, en la plancha de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). Según el proceso, el diario también publicó que el ex senador también se habría jubilado con apenas siete meses de actividad como juez del Tribunal Superior, practicado nepotismo y obtenido un préstamo bancario privilegiado en la Caja Económica Estatal. La 3ª. Sala del Tribunal Superior de Justicia, garantizó a la actriz Maité Proença el derecho a recibir del diario Tribuna da Imprensa, una indemnización de R$50 mil por daños morales causados por la publicación no autorizada de una fotografía extraida de una sesión fotográfica para la revista Playboy en julio de 1996. Ella ya había ganado la acción por daños materiales, pero la decisión de su recurso sobre daños morales recién salió en la 3ª. Sala a fines del pasado mes de diciembre. En todo el país van en aumento las presiones contra los diarios por la publicación de avisos sobre damas de compañía, masajistas y afines. El Consejo de Jueces del Tribunal de Justicia del estado de Rio de Janeiero, condenó al diario O Globo por publicar anuncios de servicios eróticos en la sección de clasificados y prohibió su publicación en la forma en que se viene haciendo.

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