Chile

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CHILE La prensa chilena ha desarrollado sus labores sin restricciones de importancia. Existe, empero, una proficua legislación restrictiva que abarca desde la censura cinematográfica hasta la requisa de publicaciones y libros, además de incluir las normas sobre insulto y desacato más graves del continente. En función de esto, el Poder Judicial se ha transformado en un ejecutor de decisiones limitativas a la libertad de expresión, alimentado esto con una jurisprudencia calificada por muchos como anti libertad de prensa. Como contrapartida positiva, debemos consignar la posición del Poder Ejecutivo que ha anunciado a través de su titular a la SIP su firme decisión de llevar adelante las iniciativas necesarias para procurar a nivel del Parlamento la derogación de todas las normas restrictivas. Efectivamente, el presidente Lagos ha presentado proyectos para derogar el Artículo 6, letra b) de la Ley de Seguridad del Estado y eliminar la censura cinematográfica, al tiempo que pretende que a nivel del Congreso se aprueben normas que pondrían fin a una serie de potestades de la Justicia que afectan el derecho a la información. Sin perjuicio de destacar este hecho, no se puede ignorar que muchos de estos avances deberán ser aprobados a nivel parlamentario y se confía que con la acción del Poder Ejecutivo los proyectos en esa materia, muchos allí desde hace varios años, sean aprobados definitivamente. Hubo una prohibición de informar que fue levantada posteriormente y un proceso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra un diario de esta ciudad. La tramitación de un proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo no ha presentado avances importantes. A raíz de haberse encontrado a un obrero sin vida en la localidad de Lanco, décima región del país el 8 de febrero, El Diario Austral de Valdivia informó que se trataba de un homicidio. Por este motivo el juez de letras de San José de Mariquina decretó una prohibición de proporcionar información a dicho diario hasta el 20 de febrero, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 25 de la ley de abusos de publicidad. El 5 de febrero, el senador Francisco Javier Errázuris entabló ante la Corte de Apelaciones una querella, de acuerdo al artículo 6, letra b) de la ley de seguridad del Estado contra 1) el director del diario El Metropolitano, Enrique Alvarado; 2) el editor de la sección negocios de ese medio de comunicación, Javier Ignacio Urrutia; y 3) la fotógrafa Mireya Muñoz, por la publicación de reportajes relacionados con la situación del notario Eduardo Pinto Peralta, procesado por la eventual responsabilidad que podría caberle en la falsificación de una escritura pública relativa a una empresa de propiedad del senador Errázuris. A principios de marzo, el ministro secretario general de gobierno, Claudio Huepe, se reunió con los representantes de la Federación de Medios de Comunicación y del Colegio de Periodistas con el fin de tratar el veto aditivo a la ley de prensa que se encuentra radicado en la Cámara de Diputados. La propuesta debería ser conocida por la sala de ese órgano legislativo en marzo, habiendo pospuesto el gobierno su aprobación para mayo. Este proyecto de ley de prensa se encuentra radicado en el poder legislativo hace siete años y ante el rechazo que el mismo sufrió en el Congreso en agosto pasado, el Poder Ejecutivo decidió enviar el veto aditivo correspondiente.

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