Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS En los últimos seis meses se han presentado importantes avances para la libertad de prensa: A solicitud del presidente Clinton, el Congreso eliminó un texto de un proyecto de ley de gastos en inteligencia que habría hecho que la filtración de secretos del gobierno constituyese un acto violatorio de la ley. En noviembre el presidente vetó el proyecto de ley, el cual autorizaba a la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, así como a otras agencias de inteligencia efectuar gastos por un monto estimado en US$30 mil millones, debido a que no estaba de acuerdo con la disposición sobre filtración de información clasificada. En su mensaje en el cual explicaba los motivos del veto, Clinton dijo que tales filtraciones “podrían ser extraordinariamente nocivas” para la seguridad nacional. Pero manifestó su preocupación de que las nuevas penalidades podrían silenciar a los informantes. La disposición podría haber ampliado las penalidades por revelar información clasificada sobre defensa nacional para que incluyan aquellas filtraciones de datos clasificados como no relativos a defensa nacional pero que podrían perjudicar a los Estados Unidos si es que se hicieran públicos o cayeran en manos de gobiernos extranjeros. Inclusive los congresistas podrían haber estado sujetos a una acusación penal por revelar información clasificada. Cuatro de las organizaciones noticiosas más grandes del país – CNN, The Washington Post, The New York Times y la Asociación de Diarios de América – pidieron al presidente que vetara el referido proyecto de ley. Actualmente, los empleados públicos que revelan material clasificado que no lesione directamente la seguridad nacional generalmente son sancionados mediante una acción administrativa como el despido, pero el nuevo texto podría haber hecho que tal acto se constituya en un delito sancionable con hasta tres años de prisión. La versión enmendada del proyecto de ley en cuestión fue finalmente aprobada por el Congreso el 11 de diciembre. El 17 de enero, la Corte Suprema acordó atender una disputa sobre los límites estatales para la publicidad de cigarrillos como una prueba para determinar si se debía dar mayor protección contra la reglamentación gubernamental al discurso comercial. La corte manifestó que escucharía los argumentos de las empresas tabacaleras en el sentido de que los límites impuestos sobre la publicidad de cigarros y cigarrillos en las tiendas comerciales de Massachussets violan las protecciones constitucionales de la libre expresión. En años recientes, los jueces han optado por dar al discurso comercial la misma protección constitucional que a las expresiones de carácter político y artístico. La compañía Gannett reveló el 23 de enero que había pagado US$14 millones a Chiquita Brands International en un arreglo fuera de la corte, a raíz de un reportaje investigativo publicado por The Cincinnati Enquirer sobre las prácticas de la empresa en Centroamérica. La suma fue revelada por primera vez en documentos presentados en una corte de Washington, D.C., como parte de una querella interpuesta contra el diario, de propiedad de Gannett, por el ex director del Enquirer, Lawrence K. Beaupre. La vocera de Gannett, Tara Connell, confirmó que se pagaron US$14 millones como condición del arreglo, junto con una disculpa publicada y el retiro de la serie del Enquirer de su página Web. La querella de Beaupre, que pide una indemnización por daños por un monto no especificado, sostiene que funcionarios de Gannett supervisaron muy de cerca el trabajo sobre los artículos del Enquirer en mayo de 1998, pero que lo culparon a él cuando se presentaron problemas después de su publicación. En junio de 1998, The Enquirer renunció a la serie, despidió a su principal reportero Michael Gallagher y se disculpó ante Chiquita. Gannett, que publica USA Today y otros 98 diarios en Estados Unidos, dice que la querella de Beaupre está “plagada de inexactitudes”.

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