Honduras

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HONDURAS Existe una percepción ciudadana, manifestada en reuniones o en los mismos medios de comunicación, de que el gobierno de la República manipula a un sector de los medios de comunicación y de los periodistas. Sigue siendo un problema la escasa profesionalización de los periodistas y una legislación que ostensiblemente atenta contra el derecho a la información. Una de esas limitaciones legales procede de la emisión, desde 1979, de una ley que dio vida al Colegio de Periodistas de Honduras, que determina que no pueden ejercer el periodismo quienes no pertenezcan al mencionado colegio y también contempla sanciones económicas contra las empresas que contraten a periodistas sin licencia del Colegio. Además, la legislación penal hondureña contempla pena de cárcel por el ejercicio ilegal del periodismo. Uno de los casos recientes referidos a esta situación, es el de la periodista Maribel Sánchez, quien labora en uno de los proyectos de Unicef. El representante residente del organismo recibió comunicaciones escritas del Colegio de Periodistas señalándole que tiene empleada como oficial de prensa a una persona sin licencia del Colegio. Además, el Colegio de Periodistas ha denunciado ante una de las fiscalías del Ministerio Público a varios periodistas, acusándolos de ejercicio ilegal de la profesión del periodismo. Sus expedientes están en proceso de investigación. Otras limitantes legales son un artículo del Código Penal que establece pena de cárcel para los periodistas que menoscaben la imagen de los funcionarios públicos. Casos específicos en que se vio afectada la libertad de prensa: La justicia de Honduras continúa sin resolver una acusación contra el periodista Arnulfo Aguilar, de Diario La Prensa, procesado en 1999 por supuesta calumnia, al investigar y denunciar a magistrados de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, por haber recibido dinero en el manejo de un juicio que permitió la libertad de una banda de narcotraficantes ligada al denominado “Cártel del Atlántico”. A finales del 2000, en El Progreso, Yoro, en la costa norte, el periodista Julio César Pineda, que coordinaba los noticieros de Radio Progreso, emisora de la Iglesia Católica, sobrevivió a un atentado criminal. Pineda denunció que el atentado fue provocado por su posición crítica ante los problemas de la comunidad y el deterioro de la institucionalidad en el país. En noviembre, un juzgado del sistema penal de San Pedro Sula decretó sentencia absolutoria para el periodista Arnulfo Aguilar, procesado por el delito de desacato al publicar una investigación contra la jueza Martha Delia Merino de Ayala por el extravío de un juego de tarjetas de crédito decomisadas a una banda de narcotraficantes norteamericanos que escaparon de la prisión. En diciembre, el periodista Serapio Umanzor, de La Prensa, quien tiene una querella interpuesta por la abogada Aura de Herrera, esposa del diputado Francisco Herrera Doninelli, fue obligado a pagar una fianza para evitar ir a la cárcel en virtud de que el juzgado que conoce el caso declaró procedente la acusación. Pese a que el periodista Umanzor se limitó a publicar una denuncia documentada en donde aparecen con nombres y apellidos los denunciantes y además la versión de todas las partes involucradas, se hizo la acusación contra el comunicador y de paso el tribunal la declaró con lugar. El 9 de marzo del 2001, la Inspectora de Juzgados y Tribunales inició investigación contra la jueza Fany Turcios del Juzgado Cuarto de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, quien restringió a periodistas el acceso a un expediente donde están acusados siete médicos por homicidio culposo en perjuicio de una menor de edad. En la judicatura argumentaron secretividad en el caso, pero lo que se denunció fue parcialismo judicial a favor de los acusados. El 13 de marzo del 2001, los jueces de lo criminal de La Ceiba, prohibieron a los periodistas ver los expedientes donde se ventilan juicios contra militares y narcotraficantes. La violatoria a la libertad de información surgió después que la Corte Seccional absolvió a un individuo “enlace” con el narcotráfico.

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