México

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MEXICO Diversos ataques contra periodistas afectaron la libertad de prensa en este período. Tal es el caso de la muerte no aclarada aún de José Luis Ortega Mata, director del semanario Ojinaga, en la población del mismo nombre, estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unido. A ello se suman diversos casos de hostigamiento contra periodistas, y la reiterada pretensión de algunos sectores políticos para crear regulaciones sobre medios de comunicación. Esto, en contraste con la apertura que el gobierno ha mostrado ante exigencias de medios de comunicación sobre la necesidad de contar con leyes de acceso a la información pública, proteger el secreto profesional del periodista, alentar la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a los medios de comunicación, y reclamar que los medios de propiedad del Estado sean sometidos a controles por parte de la sociedad civil. El 21 de febrero fue asesinado José Luis Ortega Mata, director del semanario Ojinaga, de dos balazos calibre .22 en la cabeza, prácticamente a las puertas de su hogar. Su cuerpo fue encontrado al pie de su vehículo, una camioneta minivan que había sido cuidadosamente estacionada y que, al momento de llegar al lugar los cuerpos de socorro, se mantenía con el motor y las luces encendidos. Según la procuraduría estatal de justicia en Chihuahua, el crimen habría sido cometido por personas a las que el occiso conocía. Por eso él habría bajado del auto sin que mediara violencia. Están en proceso de elaboración “retratos hablados” acerca de la fisonomía de los atacantes, descripciones elaboradas con el testimonio de amigos y familiares de la víctima. Las dos principales líneas de investigación por parte de las autoridades se concentran en diversas publicaciones realizadas por el semanario que dirigía Ortega Mata, denunciando la supuesta existencia de actividades del narcotráfico en Ojinaga y otras localidades aledañas a la franja fronteriza con Estados Unidos. Adicionalmente, son indagadas presuntas amenazas que el periodista habría recibido por rencillas personales. El 27 de octubre del 2000, Luis Javier Salido, director adjunto de la cadena de diarios regionales El Debate, con sede en el estado de Sinaloa, publicó en su edición matutina una carta abierta dirigida al gobernador, Juan Millán Lizárraga, en la que denunció la persecución de que fue objeto por parte de los tripulantes de una camioneta sin placas de circulación y con tres personas armadas a bordo.“Lucían – dijo – uniformes e insignias de la PGR” (Procuradoría General de la República ). Estos le amagaron y hostigaron. El ministerio público no investigó los hechos. Meses antes, en agosto, el presidente de los diarios El Debate, el señor Ildefonso Salido, fue secuestrado con violencia y libertado cuatro días después, luego del rescate. En noviembre, el director de la segunda edición del diario Ovaciones, Francisco Rodríguez García, recibió amenazas constantes, vía Internet, presumiblemente relacionadas con la publicación, en su columna política diaria, de denuncias que implicaban a miembros de la Marina mexicana en actos de corrupción. En diciembre, después de iniciada la presidencia de Vicente Fox, diversos medios hicieron públicas pruebas de repetidas actividades de espionaje telefónico realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, y una de las múltiples agencias gubernamentales de inteligencia y espionaje. Carmen Lira Saade, directora general del diario La Jornada; Carlos Ramírez y Miguel Badillo, columnistas de El Universal, así como el ex colaborador de la revista Proceso y actual director general de la agencia Notimex, Francisco Ortiz Pinchetti, entre otros, habrían sido víctimas de constantes intercepciones telefónicas. Las tareas del Cisen, según denuncias, han incluído el seguimiento físico de periodistas o de integrantes de su familia, como lo confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación para que la autoridad esclareciera el origen de esas prácticas y ordenara su cancelación. La secretaría de Gobernación bajo el actual gobierno anunció el fin del espionaje político; ofreció que las denuncias presentadas serán investigadas y que se cancelarán tales prácticas. En diciembre, fue denunciada la agresión contra el periodista José Meza, de la población de Celaya, quien fue públicamente abofeteado por el alcalde en esa localidad, José Manuel Méndez Márquez (PAN), quien le habría reclamado por la publicación de críticas y denuncias en contra de su administración. Tal como ha venido ocurriendo de manera cíclica en los años recientes, legisladores de diversos partidos han insistido en la necesidad de “reglamentar” la actividad de los periodistas, con el supuesto propósito de garantizar el derecho ciudadano a la información veraz. En el Congreso existe ya una iniciativa de ley que espera a ser votada desde hace dos años, en la que se propone crear un consejo que supervise la tarea de los medios, dictamine sus conductas y eventualmente los someta a sanciones. Al cierre de este informe, se recibió una denuncia según la cual el 9 de marzo último las oficinas del diario El Sur de Campeche habrían sido objeto de un asalto por parte de agentes policíacos del gobierno dependientes de ese estado quienes, con el pretexto de dar cumplimiento a una orden judicial armados y con exceso de violencia desconectaron y destruyen el equipo de cómputo, con el claro propósito de evitar la circulación habitual de este rotativo.

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