Paraguay

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PARAGUAY El asesinato de un periodista radial del interior del país, torturas aplicadas aparentemente por efectivos policiales a un periodista brasileño que realizaba una investigación en la zona fronteriza, amenazas contra la prensa, y la sanción de una ley que restringe la investigación periodística por políticos y legisladores, son los hechos más importantes que afectaron a la libertad de prensa en este período. En orden cronólogico, destacamos esos hechos. El 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley "de transparencia administrativa y libre acceso a la información'', presentado por el diputado Rafael Filizzola. La disposición aprobada obliga a los tres poderes del Estado, los gobiernos departamentales y municipales, la contraloría general de la República y hasta a empresas y particulares que gestionen servicios públicos, a dar a conocer toda la información contenida en documentos escritos, incluídos manifestaciones juradas de bienes o cualquier documento que haga a las gestiones respectivas. El proyecto aprobado, sin embargo, establece limitaciones en lo referente a la intimidad de las personas, a la seguridad del Estado, las reuniones secretas del Congreso y los estados financieros de los contribuyentes. El 30 de octubre, el juez José González Macchi otorgó sobreseimiento libre al periodista Jorge Villalba Digalo, del diario Ultima Hora, en la querella criminal que le promovió el dirigente sindical Eduardo Pérez por supuesta difamación y calumnia. En un trabajo de investigación sobre corrupción en el estatal Banco Nacional de Trabajadores (BNT), Villalba Digalo denunció que el vaciamiento de dicho banco se realizó con la inoperancia de la junta de vigilancia de la institución, presidida por el mencionado Pérez. El 3 de noviembre, el juez Carlos Ortiz Barrios condenó a cinco años de cárcel a Agileo Miño Giret, político y el ex -intendente (alcalde) de Ciudad del Este, 330 km. al este de Asunción, por frustrado asesinato del periodista Héctor Guerín, corresponsal del diario ABC Color. Según los antecedentes del caso, Miño Giret fue detenido el 2 de marzo de 1997 en un parque en las afueras de Asunción, cuando concurrió al lugar para abonar la suma pactada (10 mil dólares) a la persona a la que encargó el asesinato del periodista y quien, sin embargo, denunció el hecho al afectado y a la Policía. El 5 de noviembre, el juez José González Macchi sobreseyó al director del diario La Nación, Osvaldo Domínguez Dibb, en una querella por difamación y calumnia que le promovió otro juez, Esteban Chávez. El diario La Nación publicó varias notas en las que señalaba que en el juzgado a cargo de Chávez se cometieron hechos de corrupción. Este magistrado fue removido más tarde de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, precisamente por comprobarse irregularidades en su gestión. El ll de diciembre, el juez Alcides Corbetta sobreseyó al director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, en la denuncia radicada contra él por Miguel Angel Britez, apoderado del gobernante Partido Colorado, acusándolo de la comisión de delito electoral. Fue por la publicación en el citado diario de los editoriales titulados “Votamos por Yoyito” y “Por qué votamos por Yoyito”, en los que el órgano de prensa explicaba el por qué de su preferencia por Julio César “Yoyito” Franco, candidato del opositor Partido Radical Liberal Auténtico, en las elecciones de vicepresidente de la República realizadas el l3 de agosto del 2000. La denuncia alegó que tales artículos violaron la prohibición de realizar propaganda electoral 48 horas antes de los comicios. Pero el juez Corbetta consideró que Zuccolillo no incurrió en delito alguno por cuanto en tales artículos de su diario no hizo otra cosa que expresar su opinión, derecho consagrado en la Constitución Nacional. Señala también que el espacio utilizado al efecto no es pagado y que el denunciado no participó en las elecciones como candidato ni se desempeñó como apoderado de lista alguna. El l9 de diciembre, el periodista brasileño Maury Konig, corresponsal del diario “O Estado do Paraná”, de la ciudad de Foz de Iguazú, en la frontera con Paraguay, denunció que fue objeto de torturas en la localidad paraguaya de Mbaracayú, 350 kilómetros al este de Asunción. Konig fue agredido brutalmente por tres personas, una de las cuales vestía uniforme parecido al utilizado por los efectivos de la Policia Nacional del Paraguay. El periodista estaba investigando en territorio paraguayo el reclutamiento de menores brasileños para prestar servicio militar obligatorio en comisarías policiales de la zona. Según la denuncia, la toma de fotografías en la comisaría de San Alberto, de la misma jurisdicción, molestó a las autoridades policiales. Konig fue interceptado posteriormente por una camioneta de la que bajaron tres hombres, los que lo sometieron a un brutal castigo con cadenas y elementos contundentes de madera. El periodista sostiene que sus agresores son policías. El 22 de diciembre, Benjamín Maciel, diputado de una facción del gobernante Partido Colorado, abogó por la instauración de una ley que regule la actividad de la prensa, en reacción a investigaciones periodísticas sobre posibles hechos de corrupción de algunos legisladores. La preocupación subió de tono cuando el propio presidente de la Cámara de Diputados, Cándido Vera Bejarano, admitió que “toda actividad debe ser regulada”, al ser consultado sobre las expresiones de su colega. El 28 de diciembre, el Congreso paraguayo sancionó la ley "que reglamenta la información de carácter privado'', considerada como de “autoprotección” para los funcionarios públicos. La misma limita la posibilidad de investigación periodística al prohibir la publicación de datos sobre la situación patrimonial y solvencia económica de personas físicas y jurídicas, salvo expresa autorización de los afectados. Editoriales de los diarios y expresiones varias consideran esta ley como una autoprotección que se establecen legisladores y políticos para evitar la investigación acerca del orïgen de sus bienes. El 5 de enero fue asesinado Salvador Medina, de 27 años, presidente del consejo de la radio comunitaria Nemity de Capiibary, 300 km. al noreste de Asunción. Era hermano de Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, localidad ubicada en la misma zona, y docente en una institución de enseñanza local. Dos hombres enmascarados le efectuaron cuatro disparos, alcanzando uno al periodista radial en el pecho, lo que le ocasionó la muerte. Los asesinos huyeron del lugar. Familiares de la víctima revelaron después que Salvador recibía frecuentes amenazas debido a denuncias que realizaba en la radioemisora, como también por informaciones publicadas por su hermano Pablo en ABC Color, presuntamente en base a datos proporcionados por la víctima. Las denuncias que habrían molestado se referirían a una familia de delincuentes que actuaban en la zona y al robo de rollos de valiosas maderas extraídas de una reserva forestal del lugar. La policía detuvo posteriormente a Milcíades Mailyn, de 20 años, como el presunto autor material del asesinato, mientras crecía la sospecha de que el crimen fue cometido por encargo. También fueron detenidos un docente del lugar, de nombre Timoteo Cáceres, con quien el fallecido habría tenido diferencias, y Daniel Enciso Mailyn. Surgió también la posibilidad de la injerencia política en el asesinato, pues la policía informó que el arma posiblemente utilizada para matar a Salvador Medina se encuentra en poder de Luis Alberto Franco, hijo de Justo Franco, una autoridad del gobernante Partido Colorado en Capiibary, quien estuvo prófugo hasta su detención el 21 de febrero, aunque el arma continúa sin encontrarse. Sin embargo, el fiscal del crimen Ramón Trinidad Zelaya incluyó al detenido en el proceso imputándolo como presunto “partícipe en hecho punible contra la vida”. Mientras tanto, otras personas sospechadas de participar en el crimen y cuya detención fue ordenada por la justicia, continúan prófugas. Los familiares del periodista fallecido se vieron obligados a abandonar momentáneamente el lugar por amenazas recibidas, por lo que se presume que el o los asesinos posiblemente tenían el apoyo de personas poderosas de la zona. El 11 de enero, el reportero gráfico Oscar Florentín, del diario Noticias, fue agredido a empujones y un golpe por una agente de la Dirección de Narcóticos (DINAR) de la policía, regional Ciudad del Este (330 km. al este de Asunción), cuando tomaba notas gráficas de una aparatosa intervención de los agentes policiales en una vivienda de la zona. El 8 de febrero, el fiscal del crimen Alejandro Nissen emplazó por 48 horas a la radioemisora 9.70 AM para presentarle una serie de informes sobre un programa radial titulado Polémica del Mediodía conducido por Hermes Rafael Saguier, Alberto Vargas Peña y Adolfo Ferreiro, de posición crítica contra el Gobierno. El fiscal pidió saber "en qué concepto los mismos participan en el referido programa y si son personas contratadas por la radio''. También indagó desde qué fecha se difunde ese programa, el horario en que se emite y la frecuencia radial utilizada, así como "cualquier otro dato de interés relacionado a la solicitud que antecede''. El 20 de febrero, la abogada Rocío Fernández, representante legal de la periodista Elizabeth Palma, pidió 15 años de cárcel para un funcionario de la Contraloría General de la República, acusado de embestir con su vehículo a la informadora cuando ésta intentaba entrevistar al titular de esa institución, Daniel Fretes Ventre, acusado de numerosas irregularidades. El incidente ocurrió el 17 de agosto de 2000, día en que Fretes Ventre concluía su gestión al frente de la Contraloría, y la pena fue solicitada para el chofer Calixto Arguello, acusado de hechos punibles de lesión corporal grave, omisión de prestar auxilio y otros delitos en perjuicio de Palma. El 23 de febrero, Felipe Sanabria, reportero gráfico del diario Noticias, fue brutalmente agredido por un efectivo de la FOPE (Fuerza de Operaciones Especiales) de la Policia Nacional mientras cubría una manifestación de obreros y campesinos. El 25 de febrero, José Espínola, corresponsal del diario La Nación en Ciudad del Este, 330 km. al este de Asunción, recibió por teléfono amenazas de muerte tras realizar publicaciones sobre policías procesados por extorsión y torturas.¬ El 5 de marzo, el juez Antonio Ocampos emplazó al diario Noticias a revelar oficialmente el nombre de su director antes de dictar sentencia en un proceso por difamación promovido contra la citada publicación. La acusación provino de Richard Gómez, quien se sintió afectado por una publicación aparecida en Noticias el 13 de mayo de 1999, bajo el título: “Richard Gómez es el tercer sicario en asesinato de Argaña”, aludiendo al magnicidio que le costó la vida al vicepresidente Luis María Argaña en marzo del mismo año. Gómez fue sobreseído libremente en la causa, tras lo cual inició el juicio contra el diario.

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